CARTA ABIERTA A TODO CHILE: A SUS AUTORIDADES, A LÍDERES DEL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO, A LA ACADEMIA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LAS MÁS DE 17 MILLONES DE PERSONAS QUE HABITAMOS ESTE PAÍS
Como organizaciones de la sociedad civil, tenemos el deber ético y legal de ser transparentes, actuar con probidad, y estar disponibles para ser fiscalizados, algo que muchas organizaciones ya hacemos y seguiremos haciendo. Un ejemplo de ello es el compromiso proactivo de rendir en un formato unificado y estándar, como es la herramienta FECU Social, que facilita la fiscalización y comparación de actividades, y que hace más de 10 años promueve la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Actualmente más de 200 organizaciones usan la FECU Social para su reporte anual.
De hecho, cuando el Estado establece una relación de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que se dedican a temas sociales, lo hace en base a una serie de legislaciones y normativas que permiten que éstas sean susceptibles para la recepción de fondos públicos, las que muchas veces establecen procedimientos que llegan a ser sofocantes, pero que se cumplen ya que se entiende la responsabilidad que conlleva ejecutar estos recursos. Este marco legal establece incluso la obligación de gestionar y resguardar toda documentación relacionada con la ejecución de estos recursos de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 30/2015 y Ley Nº 10.336 de la Contraloría General de la República, y Ley Nº 19.799 del Ministerio de Economía.
En esa relación, el Estado no solo encuentra colaboración, también hace inversión pública a través de organizaciones que: proveen bienes y servicios públicos, co-garantizan derechos, fortalecen la cohesión social, inclusión y la cooperación; aportan al crecimiento y desarrollo del país al contribuir a la superación de la pobreza y la disminución de la desigualdad. A su vez, las organizaciones aportan atrayendo nuevos recursos, generando conocimiento, experiencia e innovación, además de promover la participación ciudadana y social, por ejemplo, a través del involucramiento de miles de personas en acciones de voluntariado.
Sin embargo, el reciente escándalo por el caso de la Fundación Democracia Viva ha instalado en la opinión pública un cuestionamiento generalizado hacia muchas organizaciones que día a día – y por años – han trabajado de forma responsable con y por las más de 3,5 millones de personas que más lo necesitan. Este cuestionamiento, además, no está mediando el impacto de sus juicios, olvidando que ante la sospecha fundada de acciones que puedan constituir delitos, son las instituciones del poder judicial las que deben actuar, sin distinción de sectores ni colores políticos. Si la generalización continúa, finalmente terminará por impactar a las personas que están al centro del quehacer de las organizaciones que abordan temáticas sociales y cuyo trabajo no está relacionado con lo que hoy está en controversia: el actuar de la política partidista.
El escenario actual ofrece una gran oportunidad para avanzar hacia una relación de colaboración activa, corresponsable y transparente entre el Estado, donde se reconozca formalmente el rol de las organizaciones de la sociedad civil que abordan temas de interés público, distinguiéndolas explícitamente de la empresa y de los partidos políticos; donde podamos contar con una Ley de Transparencia 2.0 y estandarizar la relación de colaboración con el Estado en la gestión pública. Todo ello, buscando siempre el equilibrio entre una transparencia y fiscalización efectiva, y el respeto del derecho a la libertad de asociarse para constituir organizaciones autónomas, voluntarias, privadas y sin fines de lucro, que a través de la realización de sus propósitos, son clave para el desarrollo humano, social y económico del país.
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas sociales, seguiremos impulsando y estando disponibles, para avanzar en mejor y mayor transparencia.
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Carta Abierta a Todo Chile