Compartimos con nuestra comunidad la declaración emitida este 17/06/2026 por la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Frente a las recientes informaciones sobre el preinforme de Contraloría relacionado con el plan de reunificación familiar, nos hacemos eco de este llamado urgente para poner en el centro el Interés Superior de las niñas y niños vulnerados, evitando el uso político de la crisis migratoria.

A continuación, reproducimos el texto íntegro del documento:

Origen del Preinforme

• Institución emisora: Contraloría General de la República (liderada por Dorothy Pérez).

• Fecha del documento: 14 de abril de 2026.

• Estado del documento: Es un preinforme reservado, lo que significa que es un hallazgo preliminar que aún está en etapa de consulta, donde los organismos aludidos (SERMIG, PDI, DGAC) tienen derecho a presentar sus descargos.

• Detonante de la auditoría: Nació a raíz de una presentación hace año y medio y de la denuncia formal realizada por el exdiputado de la UDI, Juan Fuenzalida, enfocándose en el plan de reunificación familiar ejecutado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric (específicamente entre 2024 y 2025).

• Entidades fiscalizadas: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Policía de Investigaciones (PDI), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Subsecretaría de la Niñez.

Afectaciones a Niños/as (NNA)

Según Infomigra, el documento de Contraloría realiza una auditoría interna a las instituciones del Estado chileno relacionadas con el ingreso de niñas y niños de nacionalidad haitiana entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025. Los resultados arrojaron principalmente lo siguiente:

• Existe una amplia base de casos para revisar.

• No se observó ilegalidad en el otorgamiento general de los permisos de reunificación familiar.

• Sí hubo debilidades graves de coordinación entre SERMIG, PDI y la Subsecretaría de la Niñez.

• Faltaron protocolos formales frente a situaciones críticas de niños/as.

• La calidad de la información de SERMIG apareció debilitada por múltiples fallas de base de datos.

• En la PDI también se detectaron problemas de procedimiento y control migratorio.

• En las visitas a terreno se encontró una realidad más compleja que la que mostraban los registros.

La noticia es real y los hechos son de una gravedad aún no aclarada, pero hasta tener finalizada la investigación no podemos acusar o dar por definitivo nada. Las filtraciones buscan sacar rédito político en tiempos de crisis legislativa, aprovechándose de los prejuicios sociales hacia el migrante. Sin embargo, el desafío ético es no caer en la trampa de odiar al migrante por la ineficiencia del Estado.

El caso revela una falla sistémica en el acceso a derechos. Un niño que es "inubicable" es un niño al que se le puede estar negando el derecho a la salud, a la identidad y a un hogar. La discriminación aquí es institucional: el Estado diseñó un sistema de "reunificación familiar" sin que los mecanismos de protección social adecuados operen para asegurar que esos niños tuvieran una vida digna. Muchas veces las actividades ilícitas tienen espacio cuando el Estado genera vacíos o abandonos derivados de los trámites administrativos interminables y los años sin poder ver a la familia.

Sin embargo, la forma, el momento y el volumen de la filtración responden a una operación política diseñada para utilizar el dolor de los niños vulnerados y la crisis migratoria como un arma letal para desestabilizar a la oposición. Mientras los políticos usan los documentos reservados para sus batallas en el parlamento, las redes de trata, si fuera el caso, ya alertadas por la prensa, siguen moviéndose. El Estado ya "perdió".

La verdadera hospitalidad exige fronteras ordenadas sí, pero exige, por sobre todo, que el Estado asuma su rol de garante del Interés Superior del Niño, buscando a los menores no sólo como "pruebas de un delito migratorio", sino fundamentalmente, como seres humanos con dignidad que exigen ser encontrados y protegidos.

Documento adjunto:

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