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Por Comunicaciones FASIC
 
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió una orden de no innovar y detuvo la expulsión de dos ciudadanos venezolanos que entraron al país de manera irregular. Ambos profesionales fueron engañados en Perú con la falsa promesa de ingresar a Chile a través de una ruta segura, previo pago de 30 dólares cada uno.
 
En su país, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se encontraban en una situación de eventual amenaza a su integridad por la persecución política de la cual habrían sido víctimas, por manifestar su rechazo al Gobierno, por lo que entre otras consecuencias, no podían ejercer sus profesiones de arquitecto e ingeniero en petróleo y de paramédica y farmacéutica.
 
De acuerdo al relato entregado por ambas víctimas al INDH, policías peruanos les permitieron el paso hacia la frontera entre Tacna y Arica, y les indicaron que debían caminar hacia Chile a través de la línea férrea, sin informarles que en dicha zona existen minas antipersonales que ponían en riesgo sus vidas.
 
Ya en Chile los ciudadanos venezolanos iniciaron los trámites para regularizar su situación migratoria y elevaron solicitudes de reconsideración al Departamento de Migración y Extranjería a fin de conseguir visa, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
 
En paralelo, la Intendencia de Arica y Parinacota ordenó la expulsión de estas dos personas, razón por la cual el INDH de Aysén, zona donde residen estos migrantes, presentó un recurso de amparo en su favor.

       
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Por Comunicaciones FASIC
 
De acuerdo con datos del Consejo de Rectores, los estudiantes de origen haitiano que se inscribieron para rendir la PSU aumentaron alrededor de 47%.
 
Mientras que en el proceso 2019 postularon 1.159, en 2020 fueron 1.692; lo que los convierte en el grupo migrante más numeroso que participó.
 
En total, 7.196 jóvenes extranjeros contestaron la Prueba de Selección Universitaria.
 
Tras los adolescentes haitianos, aparecen los peruanos y los venezolanos. En el caso de Perú, estos aumentaron en un 13% y Venezuela 134%.

       
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Los datos muestran que un quinto de las causas se cerraron sin investigación y los procesos que involucran violaciones a los derechos humanos aumentaron considerablemente durante el primer mes de la revuelta.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
Este miércoles, el Poder Judicial dio a conocer las cifras oficiales en relación al estallido social que inició el pasado 18 de octubre, hace cuatro meses. Según los datos que entregó, hubo una baja en la cantidad de causas ingresadas, pero un gran aumento de los procesos que involucran delitos por violaciones a los derechos humanos.
 
Dentro de los datos más relevantes se encuentra que las declaraciones de detenciones ilegales, por parte de los juzgados de garantía del país, fueron 1.928, lo que significa un aumento de un 77% en comparación al mismo período del año anterior.
 
La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, declaró que “las cifras, en definitiva, muestran un cambio en el comportamiento de las causas judicializadas en línea con las características propias del episodio que se inició el 18 de octubre de 2018″, aunque precisó que hubo “un ingreso menor total de causas en 2019“.
 
Otro dato que llamó la atención fue que aproximadamente 1 de cada 5 causas concluyeron sin investigación, lo que equivale a más de 30.000. También, los datos muestran que los procesos por atropellos a los derechos fundamentales se concentraron durante el primer mes de la revuelta social, donde la cifra aumentó de 405 a 1.288.

       
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Autoridades mexicanas, privados y la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas insertan a las personas refugiadas y desplazados en programa de empleo y aseguraron que es un gran aporte para la economía.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
El Gobierno de México y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se preparan para brindarles empleo en el país a por lo menos 20 mil refugiados durante el 2020, con el proyecto que funciona desde el 2016 en el país y para el que este año la Unión Europea (UE) aportará 4.3 millones de dólares.
 
Durante el 2019, y bajo el mismo programa que reactivan este 2020, empresas radicadas en México contrataron unos 6700 refugiados, que a su vez contribuyeron con su trabajo al país con alrededor de 40.6 millones de pesos, unos 2 millones de dólares.
 
Para complementar el programa de empleo a refugiados también se realizarán actividades con organizaciones patronales, sindicatos, empresas privadas, organizaciones civiles y medios de comunicación para promover la integración y visualización de los aportes de las personas refugiadas. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), durante el 2019 México recibió 70 302 solicitudes de refugio, número que esperan se multiplique este 2020, ya que sólo en enero, con 5936 solicitudes, superaron en 50 % las del mismo mes del año anterior.

       
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"Las personas migrantes no somos ajenas al estallido social, solidarizamos con chilenas, chilenos, y los pueblos originarios. Deseamos cambios estructurales, con mayor participación ciudadana", declararon desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes marchó este domingo en el centro de Santiago, comprometiendo su apoyo a aprobar el cambio constitucional en el plebiscito del mes de abril y para protestar en contra de los abusos contra la comunidad extranjera cometidos por la Dirección de Extranjería de nuestro país.
 
Las organizaciones expresaron su postura a través de un comunicado donde señalan que “son diferentes motivos que nos llevan a marchar una vez más. La dificultad para obtener citas de atención, tanto en la Policía de Investigaciones de Chile, como el Departamento de Extranjería y Migración, los largos plazos de espera a los que se ven enfrentadas las personas migrantes para sus trámites y respuestas de visas, las expulsiones masivas, la violencia de género, el racismo estructural,  el drama fronterizo y las multas para salir del país, la persecución a los comerciantes del espacio público, y las irregularidades que hubo en el proceso de regularización, entre otras razones”.
 
“Entre tanto”, continuaba el comunicado, “las personas migrantes no somos ajenas al estallido social, solidarizándonos con chilenas, chilenos, y los pueblos originarios, y desando cambios estructurales, con mayor participación ciudadana”.
 
En ese sentido, el presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile, Héctor Pujols, señaló que “el día de hoy, como Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y las diferentes organizaciones que lo integran, queremos anunciar que, de cara al plebiscito, del que hemos sido críticos, pero no nos vamos a restar, vamos a llamar al apruebo y a marcar Convención Constitucional, porque es la única forma de seguir peleando y seguir modificando las leyes que nos dejó la dictadura”.
 
Las organizaciones de migrantes agregan que “desde que inició la revuelta también hemos sido víctimas de la represión, y la xenofobia. Personas de diferentes nacionalidades han perdido la vida, y otras han sido detenidas”.
 
“Queremos soluciones a los abusos que hemos visto durante estos años, donde se nos ha culpado a la población migrante de todos los males de este país, incluso se dijo que en el estallido popular en las quemas de los metros habían sido cubanos y venezolanos, una vez más criminalizando a la población extranjera de este país. Y nosotros decimos que por suerte Chile despertó. Nosotros somos parte y vamos a cambiar esta sociedad y este país“, finalizó Pujols entre aplausos.
       
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En su trayectoria, destaca su férrea defensa a los Derechos Humanos. Trabajó en el Departamento Legal del Comité de Cooperación para la Paz en Chile y en Amnesty International, donde ocupó el cargo de secretario general adjunto y presidente.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
También fue parte de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia (Informe Rettig), integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre los años 2001 y 2004, y académico de la Universidad de Chile.
 
En 2003 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.
 
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lamentaron su deceso. “Su compromiso con los DD.HH. es tangible en toda su historia, marcada por su búsqueda de la justicia”.
 
El fallecido académico fue uno de los fundadores del Centro de DD.HH. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el equipo de este organismo destacó que el profesional fue “uno de los más destacados defensores de DD.HH. que ha tenido el país”.
 
“El profesor Zalaquett deja un legado al que queremos honrar con nuestro trabajo institucional, nuestro desempeño académico y la defensa inclaudicable por los DD.HH.”, recalcó.
 
Asimismo, subrayó “su labor y el momento señero en que se sumó a la iniciativa que permitió dar existencia al Centro de Derechos Humanos”. 
 
“Como consecuencia de ello, esta instancia académica puede cumplir una labor insustituible en la formación de los estudiantes de Derecho de nuestra casa de estudio y la capacitación de distintos actores de la comunidad política nacional, para coadyuvar a que los DD.HH. constituyan un pilar fundamental del Estado de derecho”, explicó.
 
Desde FASIC agradecemos el gran apoyo que José Zalaquett nos brindó desde nuestros inicios. Su legado de compromiso quedó plasmado en todos quienes defendemos los Derechos Humanos cada día.

       
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El Servel confirmó este lunes que más de 348 mil extranjeros residentes en Chile podrán sufragar el 26 de abril.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
Un 68 por ciento de los extranjeros encuestados por el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca dijo que, de poder votar en el plebiscito del 26 de abril, aprobaría cambiar la Constitución.
 
El estudio "Inmigrantes y conflicto social en Chile" se formó con la opinión de 623 personas que llevan más de seis meses viviendo en el país, en su mayoría ciudadanos venezolanos, peruanos, colombianos y haitianos que residen en la Región Metropolitana.
 
Un 47% manifestó estar a favor del movimiento social, y además, el 92% piensa que se han cometido violaciones a los Derechos Humanos. Sobre las demandas, gran parte de los entrevistados manifestó que salud con un 87 %, Pensiones con un 46 %, educación con 45 % y pobreza con un 44 % son las más relevantes, coincidiendo con las de los chilenos.
 
En cuanto a la respuesta del Gobierno, los extranjeros residentes en Chile consultados en esta encuesta creen en un 47 % que el Ejecutivo ha sido lento para dar soluciones y en un 41 % siente que no se ha reaccionado para dar soluciones.
 
Asimismo, la mayoría, un 77%, consideró que las movilizaciones y protestas se han llevado a cabo de manera violenta y el 18% las considera pacíficas. Ante la consulta si ha participado en alguna forma de protesta para apoyar al movimiento, la respuesta fue positiva en  el 27,3%.
 
Respecto a una eventual participación en el plebiscito, el 66 por ciento pidió ser considerado, opción que se impuso antes de que el Servicio Electoral confirmara que 348.040 extranjeros residentes en el país podrán sufragar.

       
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FASIC como organismo Ecuménico y defensor de los Derechos Humanos, comparte la “NUEVA CARTA ABIERTA A MIS HERMANAS Y HERMANOS EVANGÉLICOS”, escrita por su Vicepresidente, el pastor Juan Sepúlveda, quien hace un llamado a la ciudadanía evangélica a tener una participación desinteresada y propositiva en el proceso constituyente y donde señala que, “el Plebiscito del 26 de abril próximo, podría ser una oportunidad para que el texto de una nueva Constitución para Chile de cuenta, por primera vez en la historia, de la diversidad religiosa, cultural y étnica de su población”.


Deseamos que este documento sea útil para la reflexión entorno al nuevo proceso político por el que atraviesa nuestro país.


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Hoy la Coordinadora Nacional de Inmigrantes presentó un recurso ante el Servicio Electoral para ser incluidos en el padrón electoral del plebiscito.
 
Por Comunicacions FASIC
 
Este domingo se llevó a cabo una nueva Asamblea Migrante, organizada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que convocó al menos a cien personas en la calle Catedral, y en donde se tomaron importantes decisiones de la colectividad de cara a la contingencia nacional.
 
El acuerdo anunciado por el dirigente de la organización, Rodolfo Noriega, tiene que ver con la realización de una marcha cuyo objetivo tendrá que ver con tres reclamos puntuales de las personas extranjeras en Chile.
 
El primero de ellos, tiene que ver con los abusos denunciados en reiteradas oportunidades en contra del Departamento de Extranjería.
 
Durante la semana pasada, dicha institución anunció la entrega de un documento para todos los solicitantes de permanencia definitiva, que certificará la acogida de sus documentos a trámite en un tiempo récord. Sin embargo, la comunidad migrante espera que el beneficio sea extendido a otras solicitudes.
 
A esto, además, se suma el pedido por la participación migrante en el proceso constituyente, primero en el plebiscito anunciado para este 26 de marzo.
 
El dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor Pujols, describió cuales serán las acciones que se tomarán respecto de la exclusión de 350 mil extranjeros de este proceso.
 
“Es una situación bien preocupante porque algo que reconoce la constitución es que los extranjeros que residen más de cinco años en el país pueden ejercer el derecho a voto, y se nos estaría negando la participación en un proceso tan importante. La decisión que hemos tomado es presentar un recurso ante el Servel apelando a ese padrón y esperando que pueda ser acogido”, explicó.
 
La actual Carta Magna detalla en su artículo que “los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley”. Estos requisitos mencionados en el artículo 13 considera como “ciudadanos” a los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Además, esta calidad “otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran”.
 
La Coordinadora insistirá en la realización de un nuevo proceso de regularización, ante la creciente recepción de casos por irregularidades en último proceso.
 
La marcha anunciada se realizará en dos semanas más.
       
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La última cifra disponible, a octubre de 2019, es de 1,6 millones de inmigrantes. Según expertos, a Colombia ha llegado el 18,46% de la población de Venezuela.
 
La ola migratoria venezolana ha sido un desafío para toda América Latina, pero en particular para Colombia, que este año ya podría llegar a la cifra de dos millones de venezolanos residiendo en el país.
 
Así lo expresa el diario colombiano El Tiempo, al tomar en cuenta la última cifra de migración disponible para octubre de 2019. Según los datos de Migración Colombia, al 31 de octubre de 2019 estaban radicados en ese país 1.630.093 venezolanos, un crecimiento cercano al 50%, si se considera la cifra de diciembre de 2018, de 1.174.743.
 
Así, los expertos sugieren que sobrepasar los dos millones en 2020 es una posibilidad cercana. De hecho, se cree que la cifra a octubre de 2019 podría ser mayor: “Esa cifra tiene una distorsión particularmente, porque durante el período que va desde el 22 de febrero y el 14 de junio los pasos fronterizos por el lado venezolano estuvieron cerrados, lo que llevó a que muchos ciudadanos venezolanos tuvieran que pasar por otros lugares. Gran parte del año pasado no tuvimos un registro efectivo de la migración”, indica a La Tercera Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia.
 
El especialista asegura que al sumar los migrantes radicados en Colombia y los migrantes pendulares -aquellos que viven en Venezuela pero pasan a Cúcuta a comprar y luego regresan- “Colombia se está haciendo cargo del 18,46% de la población venezolana. Eso genera una distorsión en las dinámicas colombianas, y genera unas presiones sociales en las grandes ciudades”.
 
Por ejemplo, en Bogotá hay radicados 327.635 venezolanos, un 20% del total. Cúcuta, ciudad que tiene el principal paso fronterizo entre ambos países, alberga a 92,864, mientras en Medellín viven 78.622.
 
La última cifra revelada por la institución migratoria de Colombia también revela otro fenómeno. Por primera vez en cinco años el número de migrantes en condición irregular (911.714) es superior a la cifra de quienes mantienen sus papeles en regla (719.189). En 2018 la cifra de migrantes en situación irregular era de 665.665.
 
El gerente nacional de Frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, explicó al diario El Espectador que la cifra de migrantes irregulares se debe a cuestiones administrativas. El gobierno implementará durante enero tres nuevos programas para regularizar a más migrantes, con lo que en enero ese número se debiera reducir, según sostiene Muñoz.
 
Entre esas tres medidas se contempla un permiso de formalización que ya viene trabajando Migración Colombia junto con el Ministerio del Trabajo para quienes tengan una oferta de trabajo y obtengan autorización; un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) para quienes hayan entrado con pasaporte hasta noviembre de 2019; y un registro estudiantil para los más de 210.000 niños migrantes.
 
De todas formas, la ola migratoria solo parece ir en aumento. Ronal Rodríguez asegura que “el gobierno se ha quedado corto a la hora de la respuesta”. Para el experto, la estrategia de la administración del Presidente Iván Duque “se ha quedado en lo temporal, en expedir permisos de permanencia temporales, que han generado una falsa ilusión”.
 
Según indica El Tiempo, la situación migratoria de los venezolanos es preocupante para el gobierno, y por ello se espera que sea uno de los principales temas que Iván Duque plantee en su viaje a Davos, Suiza.
 
“Si no se genera política pública para la atención de la migración venezolana, no se va a poder enfrentar el reto que tiene por delante el Estado colombiano”, concluye el diario.
 
Fuente: Diario La Tercera
       
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