CARTA ABIERTA A TODO CHILE: A SUS AUTORIDADES, A LÍDERES DEL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO, A LA ACADEMIA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LAS MÁS DE 17 MILLONES DE PERSONAS QUE HABITAMOS ESTE PAÍS
Como organizaciones de la sociedad civil, tenemos el deber ético y legal de ser transparentes, actuar con probidad, y estar disponibles para ser fiscalizados, algo que muchas organizaciones ya hacemos y seguiremos haciendo. Un ejemplo de ello es el compromiso proactivo de rendir en un formato unificado y estándar, como es la herramienta FECU Social, que facilita la fiscalización y comparación de actividades, y que hace más de 10 años promueve la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Actualmente más de 200 organizaciones usan la FECU Social para su reporte anual.
De hecho, cuando el Estado establece una relación de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que se dedican a temas sociales, lo hace en base a una serie de legislaciones y normativas que permiten que éstas sean susceptibles para la recepción de fondos públicos, las que muchas veces establecen procedimientos que llegan a ser sofocantes, pero que se cumplen ya que se entiende la responsabilidad que conlleva ejecutar estos recursos. Este marco legal establece incluso la obligación de gestionar y resguardar toda documentación relacionada con la ejecución de estos recursos de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 30/2015 y Ley Nº 10.336 de la Contraloría General de la República, y Ley Nº 19.799 del Ministerio de Economía.
En esa relación, el Estado no solo encuentra colaboración, también hace inversión pública a través de organizaciones que: proveen bienes y servicios públicos, co-garantizan derechos, fortalecen la cohesión social, inclusión y la cooperación; aportan al crecimiento y desarrollo del país al contribuir a la superación de la pobreza y la disminución de la desigualdad. A su vez, las organizaciones aportan atrayendo nuevos recursos, generando conocimiento, experiencia e innovación, además de promover la participación ciudadana y social, por ejemplo, a través del involucramiento de miles de personas en acciones de voluntariado.
Sin embargo, el reciente escándalo por el caso de la Fundación Democracia Viva ha instalado en la opinión pública un cuestionamiento generalizado hacia muchas organizaciones que día a día – y por años – han trabajado de forma responsable con y por las más de 3,5 millones de personas que más lo necesitan. Este cuestionamiento, además, no está mediando el impacto de sus juicios, olvidando que ante la sospecha fundada de acciones que puedan constituir delitos, son las instituciones del poder judicial las que deben actuar, sin distinción de sectores ni colores políticos. Si la generalización continúa, finalmente terminará por impactar a las personas que están al centro del quehacer de las organizaciones que abordan temáticas sociales y cuyo trabajo no está relacionado con lo que hoy está en controversia: el actuar de la política partidista.
El escenario actual ofrece una gran oportunidad para avanzar hacia una relación de colaboración activa, corresponsable y transparente entre el Estado, donde se reconozca formalmente el rol de las organizaciones de la sociedad civil que abordan temas de interés público, distinguiéndolas explícitamente de la empresa y de los partidos políticos; donde podamos contar con una Ley de Transparencia 2.0 y estandarizar la relación de colaboración con el Estado en la gestión pública. Todo ello, buscando siempre el equilibrio entre una transparencia y fiscalización efectiva, y el respeto del derecho a la libertad de asociarse para constituir organizaciones autónomas, voluntarias, privadas y sin fines de lucro, que a través de la realización de sus propósitos, son clave para el desarrollo humano, social y económico del país.
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas sociales, seguiremos impulsando y estando disponibles, para avanzar en mejor y mayor transparencia.
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Carta Abierta a Todo Chile
50 años y aún pendientes
Se trata de la causa por las ejecuciones y desapariciones forzadas de 11 campesinos de la zona de Aculeo y la del profesor Cristián Cartagena, todas investigaciones ya falladas por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ratificó las condenas de primera instancia dictadas por la ministra Marianela Cifuentes Alarcón, en contra de militares, policías y civiles, respectivamente.
En el llamado “Episodio Aculeo”, la ministra Cifuentes sentenció a siete genocidas como autores del secuestro calificado de 11 campesinos, en su mayoría dirigentes de distintos asentamientos aculeguanos de la época.
Se trata de los criminales de lesa humanidad Osvaldo Andrés Magaña Bau (fallecido en total impunidad, en julio de 2021), Iván de la Fuente, Alejandro Emilio Valdés Visintainer y Alfonso Faúndez Norambuena; al ex carabinero Sergio Heriberto Ávila Quiroga y prefecto de Investigaciones Roberto Arcángel Rozas Aguilera, condenados a 18 años de presidio, mientras que el ex general de División del Ejército, Julio Cerda Carrasco, fue condenado a 15 años de cárcel.
En el caso del profesor Cartagena, en abril de 2023 la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó las condenas de 12 y 10 años de cárcel, respectivamente, contra los dos expolicías Nelson Bravo Espinoza y Rogelio Lelan Villarroel Venegas, y de 8 años contra los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, por el secuestro calificado del entonces director de la escuelita rural de Chada, localidad campesina de la zona suroriente de Paine.
Aún pendiente también es el llamado “Episodio Chena-Escorial”, causa en la que 11 ex miembros del Ejército fueron condenados por secuestro calificado y sustracción de menores de Carlos Ortiz, Juan Cuadra e Ignacio Santander (17 años de edad a la época).
De igual modo, se está a la espera de que la Corte Suprema (Segunda Sala Penal) emita el fallo definitivo en la causa por la detención y ejecución de los jóvenes estudiantes paininos, Ricardo Carrasco y Saúl Cárcamo, cuyos alegatos finales tuvieron lugar en mayo último.
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