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La violencia sexual y los estereotipos son los grandes escollos que las mujeres deben afrontar en los procesos de migración, según declaraciones de expertos que particiaparon del XII Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) de la Organización de las Naciones Unidas que se inauguró hoy en Quito.
 
En el marco del foro se desarrolló el panel "Prevención y respuestas a los ataques de género contra migrantes", en el que se habló sobre la tolerancia, los miedos y la xenofobia.
 
"La narrativa es muy negativa, muy estrecha, en donde se le acusa a la mujer migrante como un estorbo", dijo la directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, la uruguaya María-Noel Baeza, que participa en el encuentro en la capital ecuatoriana.
 
"Solo el 3,6 % de gente está en movilidad humana en el mundo" y aunque "es muy poco con relación al total de la población", es "sumamente vulnerable", sostuvo Baeza.
 
En ese sentido, expertos que participaron en el mencionado panel pidieron poner los derechos humanos en el centro de la agenda de discusión pública y adoptar una agenda sobre migración, con especial atención al caso de mujeres y niñas.
 
En tanto, en el panel "Buscando un punto medio: defendiendo las narrativas públicas sobre migración", expertos de la región coincidieron en la responsabilidad de los medios de comunicación para cambiar la mirada en torno a la movilidad humana.
 
Asimismo, en la necesidad de no explicar la migración a través de números fríos sino de contar historias que despierten empatía.
 
Un fenómeno que debe empezar en casa y se debe reflejar también en las redes sociales gracias a las cuales se "democratizó" la información, pero también la desinformación, según los panelistas.
 
Por otra parte, para la directora regional de ONU Mujeres, señaló que se debe ponderar lo que representa la mujer para apoyar la economía, asunto con el que coincidieron otros panelistas, que criticaron el estereotipo por el cual se le ve a la migrante "sólo como trabajadora doméstica".
 
Si una mujer tiene la opción de dejar sus hijos al cuidado de otra persona, calificada y confiable, puede salir a trabajar y aportar a la economía del país, coincidieron los expertos.
 
Se trata -dijo Baeza- de una industria que se desarrolla con buen viento en Uruguay, que en la mayoría de naciones es "muy informal, no está regulada", pero que otros, como Argentina, México, Colombia, Panamá, Chile, Paraguay, han comenzando a estudiarla de cerca.
 
FUENTE: Diario la Provincia (Argentina)
       
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Según datos del Departamento de Extranjería y Migración, la solicitud de visa por motivos laborales cayó en un 85% el año pasado en comparación a 2018.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
De acuerdo a las cifras entregadas, en enero de 2019 cerca de 26 mil solicitaron esta visa, pero en noviembre fueron 17 mil. Sin embargo, se han consolidado las solicitudes de residencia definitiva. “Por primera vez, si contamos las permanencias definitivas que están esperando ser ingresadas, tenemos más solicitudes de permanencia definitiva que nuevas visas”, señaló el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio y agregó que “el cambio que hemos visto con respecto a 2018 es que en este último trimestre han disminuido considerablemente esta visa con foco laboral”.
 
Según Bellolio, para ver efectivamente el reflejo en la visa, necesitamos al menos un trimestre más”, añadió. Sin embargo, mencionó que al analizar los flujos entregados por la Policía de Investigaciones, “sí vemos que fue una disminución en septiembre, octubre y noviembre. Hay una baja relevante en los últimos tres meses con respecto a lo que había desde 2015”.
 
Además, Bellolio reconoció que hicieron algunos cambios por los derechos de los migrantes, indicando que “hoy las medidas están enfocadas en que las visas se pidan de forma consular, los procesos puedan ser digitales (…) Sincerar las opciones, ya que pueden entrar a Chile desde el día uno con carnet y visa. Eso mejora su inserción y el respeto a sus derechos”.
 
“Encontramos en los últimos dos años cerca de 45 mil contratos falsos”, reconoció. Ante esto, aseguró los empleadores se exponen a mayores multas y los trabajadores a que les rechacen la visa.

       
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Los amparados llegaron al país escapando de persecución política.
 
En fallo dividido, la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió recurso de amparo deducido por ciudadanos cubanos en contra de Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Los amparados señalan que son integrantes del mismo grupo familiar, quienes se desempeñaban en Cuba dentro de cargos de responsabilidad y como profesionales. Por razones de persecución política, se vieron en la necesidad de abandonar su país natal de forma súbita e intempestiva, debiendo arribar por dichas razones a esta república, buscado preservar y proteger su derecho a la vida, ya que el régimen impuesto en su país y las constantes amenazas de las cuales fueron víctimas en su momento los obligó a huir. Refieren que finalmente ingresan a Chile el 11 de marzo de 2019, y en condiciones extremas de agotamiento, se dirigieron inmediata y directamente a la policía chilena para informar su situación, de la misma manera que lo hicieron en Brasil, Perú y en donde estuvieron antes, ellos los condujeron a la PDI de Arica en donde se les entregó un documento como constancia de que por propia voluntad se entregaban y solicitaban sean acogidos y reconocidos como Refugiados en este país, aplicando a lo establecido por los acuerdos Internacionales que Chile actualmente acoge y dada las situaciones antes expuestas. Posteriormente se trasladaron de Arica a la ciudad Santiago, en donde se dirigieron de forma inmediata nuevamente al departamento de Migración de Santiago; allí se les entregó una cita para día 16 de agosto del presente año, no se hizo recepción de su solicitud de refugio, no se les permitió ser escuchados, y desde ese momento se les ha tenido a los amparados de oficina en oficina, en donde no se les ha permito siquiera exponer su condición y el peligro por su vida, llevan ocho meses en esa situación, desmejorando día a día sus condiciones de vida ya que actualmente no tienen posibilidad de ejercer su profesión y viven de trabajos informales, soportando privaciones y vulneraciones de derechos, todas por la falta de aplicación y atención a los derechos que constitucionalmente tiene cualquier habitante.
 
El recurrente señala que los actores concurren al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con fecha 19 de marzo de 2019, requiriendo información respecto de los trámites que deben realizar los extranjeros para regularizar su situación migratoria en Chile, al no contar con ingreso al territorio nacional por paso fronterizo habilitado y habiendo sido denunciados por ello, motivo por el cual el funcionario competente, extiende citación a los extranjeros para el día 16 de agosto de 2019, para así poder aclarar su situación migratoria con mayor detalle. En ese contexto, los extranjeros acuden el día 16 de agosto de 2019 para recibir orientación respecto de su situación migratoria, oportunidad en que se les comunicó respecto de la imposibilidad de formalizar solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los extranjeros que se encontraren con expulsiones vigentes.
 
En su sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso, concluyendo que los amparados al inicio del procedimiento solicitaron que se le reconociera la calidad de refugiado, lo cierto es que dicha solicitud no se puso a disposición en el más breve plazo, como dispone la ley, en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de refugiado; sino que, por el contrario, se ha retardado la tramitación oportuna a dicho requerimiento, omitiéndose las actuaciones tendientes a dar curso a dicha solicitud. Y porque la norma contenida en el artículo 32 inciso 3° de la Ley N° 20.430, sobre protección de refugiados, regula precisamente la situación que afecta al actor, no constituyendo la expulsión un impedimento para substanciar la solicitud que por esta vía se requiere. Que al obrarse de esta manera anterior, y al no darse cumplimiento de la norma legal expresada, se configura una amenaza seria al derecho a la libertad personal dado que, al no admitirse a tramitación las solicitudes de refugio, los amparados quedan expuestos a su expulsión del territorio nacional.
 
Por su parte, el Máximo Tribunal revocó el fallo, señalando que la materia objeto del recurso de amparo en estudio no es de aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, en cuanto no se divisa afectación ni a la libertad personal ni a la seguridad individual respecto de quien se acciona. Acordada con el voto en contra del Ministro Dahm, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada, al apreciar un obrar de la Administración contrario al principio de probidad que rige la función pública, pues se difiere la recepción de la solicitud de refugio de los amparados desde a marzo a agosto del presente año, para en el intertanto decretar su expulsión por ingreso clandestino, motivo que luego se invoca en agosto para no dar lugar a la tramitación de esa.

 
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Por Comunicaciones FASIC
 
Esta mañana se llevó a cabo la Mesa Regional Intersectorial de trata de personas, liderada por el seremi de Justicia, con la finalidad de informar sobre este delito que afecta tanto a ciudadanos chilenos como extranjeros para fines de explotación laboral y sexual.
 
La actividad consistió en una capacitación a los funcionarios que laboran en el paso fronterizo Los Libertadores, centrada en sensibilizar y entregar herramientas para la pesquisa de este delito, y de las estrategias y procedimientos de derivación pertinentes, considerando que la mayoría de las víctimas accede al país por pasos habilitados, atraídos por ofertas de trabajo falsas, promesas de éxito u otros engaños y delitos.
 
Al respecto el seremi José Tomás Bartolucci, se refirió a la importancia de la actividad organizada debido a que a través de ella se logra coordinar regionalmente el trabajo entre los diferentes servicios que laboran en torno a la trata, y recordó que este “es un delito que está tipificado en nuestro código penal que afecta a millones de personas en todo el mundo y que está presente, también, en nuestro país”.
 
En tanto la coordinadora del programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Daniela Madsen, señaló la importancia de visibilizar el delito dando a conocer “la caracterización de las víctimas, indicadores, pero también, damos cuenta, a través de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, la existencia de un protocolo intersectorial de atención a las víctimas donde el Estado chileno se hace responsable de la entrega de prestaciones en el ámbito de salud, regularización migratoria, prestaciones jurídicas, reinserción social laboral y educacional, y retorno asistido y protegido”.
 
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Mesa Intersectorial, Fabiola Cifuentes, señaló que la prevención “es fundamental para poder llevar este tema a los funcionarios públicos que tienen un primer acercamiento a los migrantes que ingresan al país, y para nosotros es fundamental que la puerta de entrada a nuestro país, que es el paso fronterizo de Los Libertadores, pueda ser realmente un espacio de protección, de información y que nos permita dar seguridad frente a un delito tan grave, una violación a los derechos humanos, como la trata de personas”.
 
Finalmente, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno, resaltó la importancia de “poner en valor que, tanto la trata de personas como la violencia de género son vulneraciones y atentados muy graves en contra de los Derechos Humanos”.

       
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Por Comunicaciones FASIC
 
FASIC adhiere al pronunciamiento del Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil (GARPAB) que hizo un llamado a detener la represión contra la caravana de personas migrantes que ha salido de Honduras, a respetar sus Derechos Humanos y a garantizar su protección y asistencia.
 
 
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La actividad se enmarca en el trabajo conjunto y asistencia técnica entre ambas instituciones.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
Con una jornada de reflexión en torno al valor de los Derechos Humanos en los contextos del pasado y actuales del movimiento social, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio realizarán una nueva Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
 
El programa de la actividad contempló la bienvenida a cargo de Francia Jamett, encargada de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos, y Claudio González, secretario ejecutivo de FASIC. Expuso un panel de invitados/as, entre quienes se encuentran: Alberto Espinoza, abogado  de FASIC; Alicia Lira, presidenta de la Agrupación Familiares Ejecutados Políticos, AFEP; Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre; Enrique Núñez, ex Prisionero Político y ex Consejero del INDH; y Juan Sepúlveda, pastor de la misión Iglesia Pentecostal  y vice-presidente FASIC. La moderadora fue Verónica Reyna, abogada de Derechos Humanos de FASIC. La jornada finalizó con un conversatorio con el público y la presentación artística de Evelyn Cornejo & Manolo Pez.
 
Desde 1975, FASIC es una institución de promoción y defensa de los Derechos Humanos. La Fundación, como Sitio de Memoria declarado Monumento Nacional en su categoría Histórico, trabaja en conjunto con la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas.
 
La actividad se realizó en el Salón Galia Díaz y Romina Irarrázaval del Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la ciudad de Valparaíso.

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El informe de la organización sugiere a las autoridades impulsar una reforma policial urgente.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
“Miembros de las fuerzas policiales han cometido graves violaciones a los derechos humanos”. Así comenzó su conferencia de prensa el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ante decenas de medios nacionales a internacionales, con el fin de informar a la opinión pública el informe de la organización sobre Derechos Humanos en el contexto del estallido social que vive Chile desde el 18 de octubre. 
 
Vivanco, detalló los hechos acreditados en el país tras visitar hospitales, comisarías, marchas y reunirse con altos representantes de todos los poderes del Estado y organizaciones sociales.
 
“Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”, manifestó.
 
Continuó con un exhaustivo detalle de hechos que fueron acreditados por el organismo. “De las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones".
 
"Los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por Human Rights Watch", continuó Vivanco. "Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa”, expuso con crudeza.
 
El organismo acreditó también que, a pesar de haber sido prohibidas las escopetas anti disturbios producto del descubrimiento de la Universidad de Chile que certificó que los balines no eran de goma, se utiliza otra munición llamada “bean bag” (bolsa de frijoles), que es un calcetín de tela relleno de perdigones de acero. Producto de la percusión de esta munición, que no penetra la piel, manifestantes resultaron con fracturas en la cabeza al no ser disparado bajo la cintura, como acreditaron un caso en Valparaíso con explícitas fotos en el informe.
 
Sin duda la crítica más contundente fue la falta de control sobre la labor de Carabineros. “Los abusos durante el período de detención y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes, observó Human Rights Watch”, sostuvo, al entregar además una serie de reformas sugeridas a la autoridad política.
 
El director de HRW agregó que el gobierno de Sebastián Piñera​ fue receptivo con el informe y exigió a las autoridades, y clase política en general, a aplicar las reformas a la policía que sugieren en el documento.
 
Finalmente, la Human Rights Watch entregó una serie de reformas necesarias en Carabineros:
 
- Revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas y que haya rendición de cuentas por su uso;
 
- Asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros;
 
- Reformar el sistema de disciplina de Carabineros para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos;
 
- Adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados;
 
- Hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica;
 
- Instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos, y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo;
 
- Suspender cualquier uso de perdigones —no solo durante manifestaciones— hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos;
 
- Estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones;
 
- Reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionado con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales, entre otras; y
 
- Cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra.

       
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Participaron más de 50 representantes de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales durante tres jornadas.
 
Por Comunicaciones FASIC 
 
Durante el 13, 14 y 15 de noviembre 30 organizaciones de la sociedad civil junto con organismos e instituciones de derechos humanos y defensa de las personas refugiadas de la región sudamericana se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires en el VII Encuentro de la Red de Protección de Fronteras: caminando hacia fronteras solidarias y seguras, una iniciativa apoyada por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y UNICEF.
 
“Este encuentro es muy importante para asegurar el intercambio de ideas, información y buenas prácticas destinado a fortalecer y mejorar el trabajo en frontera en la situación compleja que la región está viviendo actualmente”, destacó Alexandra Krause, Representante Adjunta del ACNUR.
 
“El trabajo en red fortalece en diferentes sentidos: permite mejorar el trabajo que llevamos adelante con la población de interés, nos brinda mayores oportunidades para conocer los servicios, generar vínculos de confianza y favorecer el diálogo”, opinó Gabriela Liguori, coordinadora general de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF).
 
“La importancia de la Red radica en que podamos articular acciones para proteger los derechos de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional: principalmente el tránsito seguro, atención de incidentes de protección en las fronteras, mejorar acciones de acogida y de integración una vez que llegan a países de destino”, agregó Elizabeth San Martín, coordinadora del Programa de Migración y Refugio de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) en Chile.
 
La Red tiene el objetivo de compartir un diagnóstico de la situación de las fronteras y del trabajo en el terreno, identificar riesgos de protección y coordinar actividades transfronterizas de prevención, respuesta y abogacía para el resguardo de los derechos personas y familias migrantes y refugiadas a lo largo del corredor andino. Asimismo, constituye un espacio el fortalecimiento y consolidación del trabajo en red y la definición de estrategias dirigidas a promover el respeto de los Derechos Humanos de las personas en situación de movilidad, así como la identificación oportuna de las personas que requieren protección internacional o tienen otras necesidades de protección específicas.
 
César Ruiz, coordinador nacional de Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad en Perú explicó las diferentes líneas de trabajo que tiene la organización a nivel nacional: “En la frontera norte con Ecuador y en la frontera sur con Chile nuestra intervención tiene un punto de vista legal, con una clínica jurídica que brinda asistencia y orientación legal y una línea asistencial humanitaria que busca cubrir necesidades básicas de la población en tránsito”.
 
Por su parte, José Kevin Riveros, coordinador local de Cruz Roja Boliviana, compartió la respuesta conjunta  que se está brindando en la frontera con Perú en el marco del Punto de Atención y Orientación (PAO) recientemente inaugurado con el apoyo del ACNUR: “En Desaguadero ofrecemos servicios de restablecimiento del contacto entre familiares mediante llamadas telefónicas gratuitas, recarga del celular y mensajes escritos, entrega de kits de ayuda humanitaria de primeros auxilios, higiene personal y atención básica en salud”.
 
En años anteriores, el encuentro de la Red de Protección en Fronteras se realizó en Iquique (2013), Tacna (2014), Arica (2015), Lima (2016), Santiago (2017) y nuevamente Arica (2018). En todas las ocasiones contó con la participación de más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil. Este año en particular, la Red cuenta con el mayor número de organizaciones en el terreno realizando un trabajo de protección fundamental en fronteras en un contexto regional desafiante.
       
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A los movimientos sociales de Chile, convocamos a que asuman como un punto esencial del petitorio nacional, la migración como un derecho", expresó la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
“Condenamos los asesinatos por parte de agentes del Estado durante las protestas y exigimos justicia. En el caso de las personas migrantes, exhortamos a los consulados de los países de origen a que se pronuncien y actúen ante asesinatos, desapariciones, violaciones, torturas, y demás vulneraciones de Derechos humanos a sus ciudadanos y ciudadanas“, agregaron en su declaración Pública.
 
Igualmente, el grupo hizo un llamado a los movimientos sociales de Chile “a que asuman como un punto esencial del petitorio nacional, la migración como un derecho, y la lucha contra la política antimigrante y racista de este gobierno”.
 
Asimismo, solicitan al Departamento de Extranjería y Migración que aplace el fin del proceso de regularización fijado para este 22 de octubre. “En la situación actual, consideramos que no hay condiciones ni garantías para cerrar un proceso del cual dependen miles de personas migrantes”, plantearon.
 
“La represión y violación de Derechos Humanos ejercida durante los últimos días no soluciona el problema estructural. Para avanzar a una solución acordada del conflicto actual, se deben atender las demandas de los pueblos que habitan este territorio, enfrentando la desigualdad y la exclusión, y considerando la Asamblea Constituyente como una alternativa”, añadieron.

       
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