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Durante el encuentro, además, se publicó el Libro cartonero de testimonios de personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales o intersexuales en movilidad humana.
 
En el marco del nuevo aniversario del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) 2020, este domingo a las 18:30 horas se lanzó en vivo la primera Red Nacional de Personas Migrantes y Refugiadas LGTBIQ+ en Chile.
 
La iniciativa fue coordinada en Chile por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), y está integrada por organizaciones de la sociedad civil LGBTIQ, de migrantes y refugiadas y feministas, y es apoyada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).Esta iniciativa se inspira en la ya existente red regional de personas LGBTIQ+ en movilidad humana, de la cual FASIC es parte.
 
“Durante el último tiempo, a nivel mundial, hemos visto que los refugiados y migrantes están enfrentando una mayor discriminación, xenofobia y racismo y esto aumenta cuando se trata de personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales o intersexuales”, dice Ana Ferrero, jefa de la oficina de ACNUR en Chile. “Por lo mismo, apoyados por la experiencia internacional y el conocimiento de nuestros socios, estamos impulsando esta red en Chile, que busca responder a estos desafíos, brindar servicios e información y visibilizar la importancia de la protección de los derechos humanos de las personas sin distinción“, afirma.
 
ACNUR tiene desde 2012 una directriz que orienta a los Estados sobre cómo abordar adecuadamente las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género, en el contexto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.
 
Desde FASIC, Pablo Pilquil, trabajador social y encargado de diversidades, comentó que “la importancia de este proyecto radica en hacer visibles a los colectivos LGTBIQ+ que huyen de sus países cargando desarraigo, aprehensiones, y mucha violencia por su orientación sexual o su expresión de género. Por eso, hoy estamos lanzando esta red para las personas que, a su vez, enfrentan este proceso con valentía y una maleta cargada de sueños, esperanzas y deseos de vivir plenamente en otro país que los acoge y que les brinda seguridad”.
 
En el marco de esta actividad conjunta, se presentó el libro cartonero “200 palabras en una maleta diversa. Relatos sobre refugio y migración LGTBIQ+”, que contiene testimonios enviados por personas LGBTIQ+ en el marco de la invitación abierta realizada por FASIC, La Maricartonera y ACNUR. Desde la editorial chileno venezolana, sus fundadores, Williams Viveros y José Manuel Simons, relatan que aprecian este acercamiento y alianza entre organizaciones. “La literatura, sirve como una herramienta que democratiza la lectura y visibiliza las diversas realidades que viven personas LGBTIQ+ en situación de refugio y migración. Además, lo hacemos con la visión del reciclaje porque cada una de las portadas es distinta, realizada con material reciclado. Necesitamos conservar el planeta para que las próximas generaciones puedan ejercer los derechos que conquistamos cada día”, dicen.
 
Los relatos reflejan el foco de esta iniciativa. “Emigramos desde Venezuela hace tres años y nos conocimos hace 1 año (…) Ambas crecimos en el secreto y el miedo a la sociedad venezolana, así que juntas experimentamos por primera vez el presentarnos a nuestras familias y amigos como novias. Hoy, un año después, vivimos juntas, crecemos y aprendemos juntas y a pesar que estrañamos nuestra tierra natal, agradecemos el caminar juntas de la mano en público sin temor a ser objeto de burla”, cita uno de los relatos del libro llamado Juntas de la Mano.

 
Te invitamos a ver este gran evento transmitido en vivo por nuestras redes sociales:
       
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La cifra mundial informada por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) destaca que de este 70,8 millones de personas sólo 25,9 millones de ellas son reconocidas con la condición de refugiadas. Estas cifras sin duda irán en aumento debido a que cada día 37 mil personas se ven forzadas a huir de sus hogares por causa de conflictos y persecución.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
En Latinoamérica, Colombia encabeza los números con más de 7,8 millones de desplazadas por causa del conflicto armado y narcotráfico, superando incluso desde 2018 a Siria que tiene 6,1 millones de nacionales refugiados. Por otra parte, Venezuela presenta el mayor éxodo de la región en menor tiempo y una de las mayores crisis de desplazados en el mundo con 4,8 millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
 
En Chile y frente al COVID 19
 
Según estimaciones del INE (Instituto nacional de estadística) la cantidad de personas extranjeras residentes en Chile bordea los 1,5 millones al 31 de diciembre de 2019, de ellas  455.494 son personas refugiadas y migrantes venezolanas, que equivalen al 30,5% total de personas inmigrantes en el país. Le siguen Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8,0%).
 
ACNUR indicó que en Chile hay 15.000 personas refugiadas y solicitantes. Los refugiados son aquellas personas que tuvieron que huir de su país de origen a causa de la guerra, la violencia y la persecución y buscan protección en otro país, muchas de ellas llegan en condiciones de extrema vulnerabilidad.
 
Junto a esta situación de desprotección, hay que destacar que la crisis mundial del COVID-19 profundiza la precariedad. Si los servicios de asistencia jurídica y organismos internacionales atendían consultas mayoritariamente sobre tramitación de procedimientos antes de la pandemia, hoy el 100% de los requerimientos son ayuda de emergencia para subsistir. Si antes de la pandemia existía fragilidad de la vida por las condiciones propias de la migración y la especificidad que es el refugio dentro del fenómeno de movilidad internacional, hoy se empieza a tocar fondo en la vida de cientos de personas. Los organismos pro migrantes y organizaciones de la sociedad civil que se han levantado, ya no dan abasto con el alimento y albergue.
 
FASIC, un aliado de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Chile.
 
Nuestra fundación lleva más de 40 años orientando y apoyando la integración de las personas refugiadas y migrantes al país. En este día volvemos a reafirmar nuestro compromiso con las personas que llegan a Chile buscando un lugar seguro donde vivir. Te invitamos a conocer la historia de estas dos familias atendidas en FASIC.

 

 

         
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Informamos el sensible fallecimiento de nuestro entrañable amigo y compañero, Santiago Jorquera. Siempre recordaremos su sencillez, sabiduría y disposición para ayudar a quien lo necesite.
 
Santiago fue dirigente sindical y un ser humano comprometido con la defensa de los Derechos Humanos.
 
Su partida es un duro golpe para el equipo de FASIC.
 
Expresamos a su familia toda nuestra solidaridad y afecto en este difícil momento.
 
¡Hasta siempre buen amigo!

     
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Por Comunicaciones FASIC
 
En el día del Patrimonio es preciso recordar que una de las tareas primordiales de FASIC es la conservación y difusión del patrimonio documental. Nos hemos propuesto preservar la memoria histórica de los hechos ocurridos como consecuencia de la aplicación del terrorismo de Estado, en el período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
 
En el 2003 el archivo FASIC y su centro documentación fueron reconocidos por la UNESCO como parte del programa de Memoria del Mundo y Patrimonio de la Humanidad. En el archivo se encuentran registros de atención; informes sociales y médicos; escritos jurídicos; prensa, consejos de guerra, documentos sobre exilio, retorno, relegación, salud mental, testimonios de las represiones, entre otros.
 
En el año 2018 nuestra Fundación fue declarada Monumentos Nacional en la categoría de Monumento Histórico. Actualmente FASIC continúa con el incansable trabajo por los derechos de refugiados y migrantes en nuestro país.

 

       
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En 1974, comenzó su labor como abogado del Comité por la Paz, tomando a su cargo la redacción de los primeros recursos de amparo en favor de quienes se encontraban detenidos/as y de las querellas por desapariciones.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
Falleció el ex sacerdote, abogado y defensor de los Derechos Humanos, Sergio Concha Rodríguez, a los 89 años de edad.
 
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Chile y obtuvo el título de abogado a los 24 años de edad. Ingresó a la congregación de la Sagrada Cruz (Holy Cruz), donde se ordenó como sacerdote. Luego, realizó un doctorado en Teología en Italia, donde vivió cinco años. De regreso a Chile, se desempeñó como profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y como párroco en la comuna de Lo Barnechea.
 
En 1974, comienza su labor como abogado del Comité por la Paz, tomando a su cargo la redacción de los primeros recursos de amparo en favor de quienes se encontraban detenidos/as y de las querellas por desapariciones. Luego, continúa con su labor de búsqueda de justicia y de defensa de los derechos humanos en la Vicaría de la Solidaridad, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), y en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).
 
El 9 de septiembre de 1998 logró su hito más importante en esta lucha, con el fallo de la Corte Suprema del 9 de septiembre de 1998 sobre el caso de la desaparición de Enrique Poblete Córdova, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde acogieron la tesis del secuestro como delito permanente, así como la improcedencia de aplicar la Ley de Amnistía.
 
Se dedicó a la defensa de derechos humanos hasta donde su salud se lo permitió. Fue uno de los abogados menos mediáticos de entre quienes se dedicaron a la defensa de los derechos fundamentales en dictadura, por lo que se ganó el apodo del “abogado anónimo”.

 
En la fotografía de izquierda a derecha: Alberto Espinoza, Claudio González, Nelson Caucoto, Verónica Reyna y Sergio Concha.
       
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Sobre la situación del INDH
 
7 de mayo de 2020
 
Las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (sobre la relación entre deberes y derechos humanos, han abierto una controversia negativa para la labor de esta institución. Relativizar la incondicionalidad de éstos últimos y olvidar que los deberes en dicho ámbito son del Estado, debilita la capacidad del INDH para velar por el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. No se trata, por tanto, de un a controversia sobre la validez o integridad doctrinaria de opiniones personales, sino de una afectación al cumplimiento del mandato legal del Instituto de promover y proteger los derechos humanos en el país.
 
Lamentablemente no se trata de un problema aislado, sino de una reiterada generación de confusiones que han dado pie a fundadas críticas por parte de defensores y defensoras de derechos humanos, académicos, desde el mundo político y de la sociedad civil en general. La prolongación en el tiempo de este tipo de confusiones es grave, toda vez que afecta la credibilidad y fortaleza técnica de las actuaciones de quien encabeza el INDH, así como la legitimidad que le concede la ciudadanía, las que constituyen recursos fundamentales para el cumplimiento de las tareas que le encomienda la ley.
 
Se trata de una controversia especialmente grave en el contexto de crisis de derechos humanos que atraviesa el país, primero en el contexto del estallido social, y luego en el complejo escenario actual del Covid 19. Se t rata de una realidad que ha sido reconocida y denunciada por múltiples organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ella afecta, por un lado, la confianza que las víctimas de violaciones de derechos humanos deben tener en el INDH para exigir su actuación y, por otro, su reconocimiento por parte de los distintos organismos del Estado para acoger sus recomendaciones.
 
La situación requiere una rectificación pública y clara por parte del director sobre la incondicionalidad de los derechos humano s. Así como un esfuerzo activo por integrar visiones que permitan al Consejo avanzar planteamientos comunes. Ello ayudaría a despejar las dudas de que su compromiso con estos derechos y por hacer efectivo el mandato legal del INDH está por sobre la mantención de los equilibrios políticos que, dada la forma de integración del consejo del INDH, este tiene. Es más, se requiere que en dicha integración se cumpla cabalmente con lo que la ley exige a los/las Consejeras, esto es, contar con una trayectoria reconocida en materia de derechos humanos, cuestión que como consta a las organizaciones de derechos humanos no es efectiva en el caso de varios de sus integrantes.
 
Asimismo,exige un esfuerzo por reconstruir la confianza en la Institución, de modo que no existan dudas en la población cuyos derechos humanos el INDH está llamado a promover y proteger, sobre la plena autonomía que ostenta el organismo respecto del Estado y el actual gobierno. El mismo esfuerzo que se exige al director, debe ser exigible a su Consejo el que debe tener presente, más allá de las visiones políticas, filosóficas o religiosas de quienes lo componen, el desafío que representa hacer efectiva la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados que la ley manda ta al INDH en circunstancias tan especiales y complejas como las que hoy enfrenta el país. En tal sentido, saludamos las voces de consejeras y consejeros que han aclarado públicamente la incondicionalidad de los derechos humanos, el mandato del INDH y cont ribuido así a defender la confianza en su actuación.

 
José Aylwin, presidente de Fundación Observatorio Ciudadano
 
Milagros Nehgme, directora ejecutiva de Corporación OPCIÓN
 
Claudio González, director de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC
 
Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas
 
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram
 
Sergio Laurenti, director ejecutivo de Good Neighbors Chile
       
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Por Comunicaciones FASIC
 
Desde hace casi dos semanas nuestras oficinas están ayudando de manera concreta a quienes más lo necesitan. Las personas refugiadas y migrantes son uno de los grupos que se han visto más afectados con esta pandemia. Ya hemos visto como mucho de ellos han sido despedidos de sus trabajos, otros están con una situación migratoria irregular, no son atendidos en centros de salud y además son discriminados abiertamente por los medios de comunicación. Hoy más que nunca requieren orientación, acompañamiento y ayuda social. Agradecemos a ACNUR y Cruz Roja con quienes hemos trabajado de manera coordinada en esta emergencia sanitaria.

       
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Por Comunicaciones FASIC
 
Esta semana hemos recibido con profundo dolor (pero con esperanzas) la noticia de la partida de la Hna Francisca Morales "panchita" y de la Hna Diane de Wouters, ambas profundas luchadoras de los Derechos Humanos y de la dignidad de los más desamparados.
 
“Panchita” acompañó y ayudó a muchas mujeres víctimas de la represión de la dictadura. Hasta su último aliento realizó trabajo social y acompañamiento espiritual en diversas poblaciones de la perisferia de Santiago. Con una mirada amplia de la realidad eclesial, teniendo sólo 23 años ingresó a la Congregación del Amor Misericordioso, adoptando el nombre de María Francisca de la Resurrección. No era ésta una elección al azar, puesto que se trataba de una comunidad religiosa fundada en Chile en 1926, dirigida inicialmente a la acogida de “jóvenes madres solteras” y jóvenes prostitutas que querían conservar la vida que gestaban en su seno y que no encontraban misericordia en la sociedad chilena ni en la Iglesia institucional para conservar y enfrentar la vida propia y de sus hijos con dignidad y esperanza.
 
Desde la Congregación del Amor Misericordioso, nació el “Refugio de la Misericordia”, a lo que siguieron la “Olla del pobre” en épocas de hambruna como lo fue la crisis del salitre. Más tarde, ya con la presencia de Francisca y otras religiosas santas y valientes como fueron Elena Chaín y Blanca Rengifo, nacieron las “Ollas comunes” durante la dictadura militar-empresarial a partir de 1973, uniéndose también a la lucha de resistencia a la represión y por el retorno a la democracia. La comunidad religiosa de la hermana Francisca ha sido una materialización del “catolicismo social” del tiempo del arzobispo Crescente Errázuriz y luego del cardenal Raúl Silva Henríquez, siendo pionera en la inserción de religiosas en sectores populares y en la pastoral de la solidaridad, abriendo surcos a las directrices del Concilio Vaticano II (1962-1965) y de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Medellín, 1968).
 
Siendo Superiora General de su congregación (1976-1985), Francisca alentó el espíritu de renovación de la Iglesia Católica y de la liberación del pueblo chileno. Así lo enfatizó al afirmar que “la vuelta a las fuentes nos ha permitido rescatar lo sustancial de nuestro carisma original, recuperando su dinamismo positivo, en su docilidad al Espíritu e ir recorriendo nuevos caminos de inserción en la Iglesia local, en medio de nuestro pueblo y a su servicio”. En este espíritu, las religiosas (y Francisca entre ellas), fueron primero a vivir a una población en Pudahuel. El entonces vicario zonal, obispo Fernando Ariztía, les señaló: “no hagan nada más que escuchar y aprender”. Francisca siguió ese consejo, lo que la llevó más tarde a afirmar que “descubrí mi vocación en la escuela de los pobres”. Esto, porque al conocer a los pobladores, constató que las casas de las religiosas, tal como indicaba el Concilio Vaticano II, debían ser abiertas y lugares donde los pobres se sintieran acogidos, donde incluso el hábito religioso debía dejar de ser una barrera que les separara del pueblo.
 
A Pudahuel continuaron las experiencias de inserción de comunidades en las poblaciones Neptuno, El Montijo, Peñalolén, Malaquías Concha, así como en sectores rurales como Talagante, Navidad, Pomaire, Batuco y en lugares de provincia como Arica y La Serena. Allí, dijo Francisca, “aprendimos a leer la historia como historia de la salvación. A compartir con gente que avanza hacia el Reino y que no tiene explícitamente nuestra fe. (…) En contacto con los pobladores aprendí a descubrir la presencia de Dios en cada detalle de mi vida. Aprendí, como los pobres, a agradecer y a confiar en la Providencia de Dios”.
 
Diane de Wouters, fue durante 20 años la secretaria general del Collectif d’accueil des Réfugies du Chili, el COLARCH. Nació con ese nombre, pero fue la estructura de acogida solidaria de los refugiados de América Latina. Diane dedicó su vida a la solidaridad.
 
Diane de Wouters trabajaba en la Agencia General de la Cooperación al Desarrollo, la AGCD, cuando la opinión pública belga fue vivamente conmovida por los golpes de Estado en Uruguay y Chile, en 1973, y en Argentina, en 1976. La reacción fue una impresionante ola de solidaridad con los pueblos oprimidos, y también con los refugiados que comienzan a llegar a Bélgica.
 
Gran parte de la ayuda solidaria es canalizada por el COLARCH. El colectivo nace a principios de 1975, como resultado de la decisión de 12 organizaciones de coordinar sus esfuerzos. Estas organizaciones confiaron la gestión cotidiana a Diane de Wou­ters quien asume su secretaria general, ad honorem. El COLARCH va a administrar 1.100 visas a prisioneros, más otras 150 visas llamada “de protección” para hacer presión para liberar a los prisioneros.
 
En una carta de la comunidad chilena y latinoamericana de amigos y exiliados en Bélgica enviada a Bruselas y leída en el funeral de Diane, la recordaron como mujer de gran tesón y carácter, solidaria, de convicciones firmes, comprometida con las causas por los derechos humanos, por la igualdad y la justicia social. “Es allí en su accionar, donde se plasmaba su profunda fe cristiana, de la cual se sentía honrada y orgullosa”, señalaron en la misiva.
 
La llegada de Diana a los distintos países de Latinoamérica marcaba la diferencia entre la muerte, la opresión y la vida.
 
En Chile, el año 1999, se hizo merecedora de un reconocimiento especial, la Orden al Mérito Bernardo O’Higgins, por toda su labor de consecuencia y perseverancia inquebrantable por la Verdad y la Justicia.
 
Fuentes:El Ciudadano/Prensa Opal

       
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La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hicieron  nuevo un llamado de atención a la comunidad internacional para apoyar a los refugiadas y migrantes venezolanos en medio de los desafíos a los que se enfrentan por la pandemia de coronavirus que azota al mundo.
 
“La COVID-19 ha paralizado muchos aspectos de la vida, pero las implicaciones humanitarias de esta crisis no han cesado, y nuestra acción coordinada sigue siendo más necesaria que nunca. Instamos a la comunidad internacional a aumentar su apoyo a los programas humanitarios, de protección e integración, de los que dependen la vida y el bienestar de millones de personas, incluidas las comunidades de acogida”, sostuvo Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, en un comunicado publicado el pasado miércoles.
 
Por su parte, Olga Sarrado, portavoz de ACNUR para la situación de Venezuela, informó que sólo se ha reportado “un número muy limitado de casos confirmados entre los refugiados y migrantes de Venezuela en la región”.
 
“Las estadísticas de COVID-19 dependen del nivel de testeo y reporte de los casos ofrecidos por las autoridades nacionales”, agrega.
 
La representante subraya, sin embargo, que “esta es una pandemia global y los refugiados y migrantes venezolanos están tan expuestos al virus como las poblaciones locales”.
 
Sarrado explica que la emergencia mundial ha agravado la difícil situación de los refugiados y migrantes venezolanos y de sus comunidades de acogida.
 
“Muchos dependen de ingresos diarios para cubrir sus necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica y con la situación actual han perdido su única fuente de recursos; otros no tienen un techo sobre sus cabezas en el que seguir con las medida de aislamiento impuestas”, sostiene.
 
Desde ACNUR y la OIM, además de continuar su acompañamiento a los migrantes, autoridades nacionales y tomar las medidas de prevención necesarias, han hecho distribución de medidas de higiene a seguir para evitar el contagio, el establecimiento de nuevos puntos de agua, la distribución de jabón y kits de higiene y limpieza, entre otros.
 
Sin embargo, señala el comunicado emitido esta semana, el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) lanzado en noviembre de 2019 para responder a las necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, solo ha recibido un 3% de los fondos solicitados. De la meta de 1.300 millones de dólares se han recolectado apenas 39 millones.
 
Sarrado explica que la emergencia “ha agravado todavía más la urgente necesidad de financiación para responder a las necesidades de los más vulnerables ya que los programas han tenido que adaptarse para responder a la emergencia”.
 
Por ello, expone, todas las organizaciones están revisando sus programas y dando prioridad a sus actividades para adaptarse al nuevo contexto y el RMRP fue incluido en el Plan Humanitario Global para la COVID-19. “La necesidad de fondos es urgente”, agrega.
 
Más allá de la parte financiera, la representante explica que es importante que las medidas que los distintos países tomen para enfrentar el coronavirus “no limiten el derecho a pedir protección internacional y trabajar de manera conjunta para que los refugiados y migrantes de Venezuela sean incorporados en los planes nacionales de salud, prevención y respuesta”.

 
FUENTE:www.voanoticias.com
       
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