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Formada en el contexto de la llegada del COVID-19 a Chile, sus miembros creen necesario eliminar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) como requisito para ejercer la medicina en el país.
 
¿La cuarentena debe ser estricta?, ¿corre riesgo mi hijo si tiene asma?, ¿ha logrado Venezuela controlar el coronavirus?
 
Estas son algunas de las preguntas que Reygor Díaz Martínez responde a través de Instagram, y que son formuladas por personas migrantes residentes en Chile.
 
Díaz es un médico cirujano nacido en Venezuela y trabaja en Atención Primaria de Salud de un hospital de Ancud, en la isla de Chiloé. Él y otros médicos extranjeros residentes en el país se agruparon hace no más de una semana, por iniciativa de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en una brigada que pretende colaborar con las dudas de la comunidad a la que pertenecen, pero también estar prestos a reforzar el sistema de salud pública cuando sea necesario.
 
Crítico de la falta de rigor en las medidas tomadas por el Gobierno y la efectividad de los canales de información utilizados, Díaz conversó con nuestro medio y se refirió a lo que, en su experiencia, ha sido la principal duda que la comunidad migrante tiene respecto del COVID-19.
 
“Tiene que ver principalmente con personas que están en condiciones irregulares, que no tienen papeles ni un RUT. Para ellos es importante que sepan que actualmente en Chile, independientemente de la condición migratoria que poseen, tienen acceso a la red pública de salud chilena”, indicó.
 
A casi mil kilómetros de distancia, en la ciudad de Rancagua, otra médico también participa activamente de esta agrupación, tal cual lo hizo en anteriores oportunidades para la llamada Brigada de la Plaza Dignidad, en el contexto de las manifestaciones de los últimos meses.
 
Aunque prefirió ocultar su identidad, debido a su trabajo en un hospital público, la integrante colombiana de la Brigada Migrante de Salud entregó su postura respecto del manejo que ha tenido el Gobierno ante esta crisis y la forma en la que se está viviendo desde el personal médico.
 
“Necesitamos medidas más radicales. Con esto me refiero a una cuarentena obligatoria para proteger a la gente, ya que el sistema de salud chileno, como la mayoría de sistemas de salud del mundo, no está preparado para asumir esta pandemia. Aquí partimos con un déficit de insumos, infraestructura y de personal. Entonces, hay que tomar medidas mucho específicas”, indicó.
 
Y justamente hacer frente al déficit de personal en el área pública de la salud es una de las razones que llevó a la conformación de este grupo, cuya medida propuesta tiene que ver con la anulación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), que permitiría sumar un importante contingente de mano de obra extranjera capacitada.
 
“El examen Eunacom es sumamente caro. Cada país es autónomo sobre los medios para revalidar a un profesional de la salud, porque es importante revalidar al profesional de la salud extranjero; pero en este momento de contingencia, se debería dar más oportunidad a todos esos profesionales de la salud que aún no estamos ejerciendo, y que hasta por vocación lo queremos hacer”, manifestó.
 
Tal cual ha sucedido en otras iniciativas formuladas ante la crisis sanitaria, lo propuesto por la Brigada Migrante, cabe resaltar, no es ajeno a lo que ocurre en otras partes del mundo.
 
En Buenos Aires, Argentina, diversos municipios lograron sumar esta semana a más de 400 médicos venezolanos que no tenían sus títulos revalidados, lo que se logró a través de un decreto oficial promulgado en medio de la contingencia.
 
Para contactar con la Brigada Migrante de Salud puede revisar su cuenta de Instagram en: @brigadamigrantedesalud.
 
Fuente: Diario Universidad de Chile.

       
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Estas condiciones pueden dificultar no sólo el enfrentar la enfermedad, sino también el llevar a cabo una cuarentena.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes solicitó al gobierno tomar medidas, entre ellas atención de salud garantizada para todas las personas extranjeras indistintamente de su situación migratoria.
 
“En un sistema que es subsidiario de la salud, que no es que garantice la salud como derecho sino que la subsidia, lo pagan todos los trabajadores en Fonasa, significa que las personas que no tienen el rut o ni siquiera la inscripción provisoria en Fonasa no puede atenderse, y cómo se puede establecer medidas de control, barreras para que no se propague una enfermedad como esta si es que tu tienes sin acceso a la población, a cierto sector de la población, a este servicio”, comentó el secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega.
 
Por otra parte, Noriega señaló que esta emergencia sanitaria ha derribado prejuicios que históricamente han recaído sobre las naciones más pobres o menos desarrolladas.
 
“Creo que no se pueden seguir sosteniendo los patrones de vida que hemos mantenido, los sistemas que han permitido y que permiten eso, la exclusión de las grandes mayorías de los servicios sanitarios, del acceso en calidad a los medios de subsistencia. Esta xenofobia que alienta la segregación, que alienta los racismos, la separación de los pueblos se cae. En el caso del COVID-19 es patético como han quedado en ridículo, el país que no tiene infectados en el continente aún es Haití, el país más pobre el país, más relegado ¿será porque no van los europeos a Haití?”.
 
En este contexto es de suma importancia, según comentaron desde la Coordinadora, que las medidas de gobierno que se vayan tomando en función de esta emergencia de salud los incluyan y garanticen su atención.
 
Además, piden la elaboración y difusión de material informativo de prevención en los principales idiomas de las personas extranjeras en Chile, renovación automática de visas de residencia temporaria, así como el estampado electrónico de las prórrogas y de las visas.
 
Junto a ello regularización migratoria extraordinaria partiendo por el registro y cedulación a efectos de tener actualizada la información del Registro Civil, permitir que todos los residentes extranjeros que estuvieran fuera del país puedan retornar y no limitar esto a los que tienen permanencia definitiva, la incorporación como personal de atención de salud a las personas extranjeras residentes en Chile que tengan titulación en el área, entre otras solicitudes.

       
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Según un reporte de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (Bitrap), un total de 376 personas fueron víctimas de tráfico de migrantes en 2019, frente a las 27 víctimas de 2017.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
El secretario general de la Coordinadora de Migrantes de Chile, Rodolfo Noriega, explicó a Efe que este incremento se debe a la “rigidez” de la ley que regula los flujos migratorios -y que data de 1975-, pero “aún más a las medidas que ha tomado el actual Gobierno para restringir el acceso a extranjeros”. En abril de 2018, Piñera inició una campaña que buscaba regular las actividades migratorias del país bajo el polémico lema “ordenar la casa” emitiendo una serie de decretos que restringieron la otorgación de visados a los extranjeros.
 
Para el director del área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Juan Pablo Ramaciotti, los decretos produjeron una disminución del ingreso de extranjeros por cauces regulares pero “aumentaron los ingresos por pasos no habilitados y las bandas de tráfico y de trata de inmigrantes”
 
Entre las medidas del Ejecutivo, figuró la de imponer restricciones especiales a los extranjeros de Haití y Venezuela, dos de los tres países de los que Chile recibe más inmigrantes, impidiéndoles ingresar como turistas sin la necesidad de un visado consular como el resto de extranjeros.
 
Según explicó a Efe la experta en Migración de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux, el sistema de visa diferenciado de los venezolanos perjudicó especialmente a los que llegaron en condiciones menos favorecidas, lo que provocó que “los más pobres se quedaran bloqueados en la frontera, maltratados”. Sin embargo, agregó la experta, es la comunidad haitiana la que sufre los problemas “más graves”, porque se les bloqueó la reunificación familiar, otorgándoles visados solo a los que vienen a hacer turismo.

       
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Por Comunicaciones FASIC
 
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió una orden de no innovar y detuvo la expulsión de dos ciudadanos venezolanos que entraron al país de manera irregular. Ambos profesionales fueron engañados en Perú con la falsa promesa de ingresar a Chile a través de una ruta segura, previo pago de 30 dólares cada uno.
 
En su país, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se encontraban en una situación de eventual amenaza a su integridad por la persecución política de la cual habrían sido víctimas, por manifestar su rechazo al Gobierno, por lo que entre otras consecuencias, no podían ejercer sus profesiones de arquitecto e ingeniero en petróleo y de paramédica y farmacéutica.
 
De acuerdo al relato entregado por ambas víctimas al INDH, policías peruanos les permitieron el paso hacia la frontera entre Tacna y Arica, y les indicaron que debían caminar hacia Chile a través de la línea férrea, sin informarles que en dicha zona existen minas antipersonales que ponían en riesgo sus vidas.
 
Ya en Chile los ciudadanos venezolanos iniciaron los trámites para regularizar su situación migratoria y elevaron solicitudes de reconsideración al Departamento de Migración y Extranjería a fin de conseguir visa, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
 
En paralelo, la Intendencia de Arica y Parinacota ordenó la expulsión de estas dos personas, razón por la cual el INDH de Aysén, zona donde residen estos migrantes, presentó un recurso de amparo en su favor.

       
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Por Comunicaciones FASIC
 
De acuerdo con datos del Consejo de Rectores, los estudiantes de origen haitiano que se inscribieron para rendir la PSU aumentaron alrededor de 47%.
 
Mientras que en el proceso 2019 postularon 1.159, en 2020 fueron 1.692; lo que los convierte en el grupo migrante más numeroso que participó.
 
En total, 7.196 jóvenes extranjeros contestaron la Prueba de Selección Universitaria.
 
Tras los adolescentes haitianos, aparecen los peruanos y los venezolanos. En el caso de Perú, estos aumentaron en un 13% y Venezuela 134%.

       
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Autoridades mexicanas, privados y la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas insertan a las personas refugiadas y desplazados en programa de empleo y aseguraron que es un gran aporte para la economía.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
El Gobierno de México y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se preparan para brindarles empleo en el país a por lo menos 20 mil refugiados durante el 2020, con el proyecto que funciona desde el 2016 en el país y para el que este año la Unión Europea (UE) aportará 4.3 millones de dólares.
 
Durante el 2019, y bajo el mismo programa que reactivan este 2020, empresas radicadas en México contrataron unos 6700 refugiados, que a su vez contribuyeron con su trabajo al país con alrededor de 40.6 millones de pesos, unos 2 millones de dólares.
 
Para complementar el programa de empleo a refugiados también se realizarán actividades con organizaciones patronales, sindicatos, empresas privadas, organizaciones civiles y medios de comunicación para promover la integración y visualización de los aportes de las personas refugiadas. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), durante el 2019 México recibió 70 302 solicitudes de refugio, número que esperan se multiplique este 2020, ya que sólo en enero, con 5936 solicitudes, superaron en 50 % las del mismo mes del año anterior.

       
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"Las personas migrantes no somos ajenas al estallido social, solidarizamos con chilenas, chilenos, y los pueblos originarios. Deseamos cambios estructurales, con mayor participación ciudadana", declararon desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes marchó este domingo en el centro de Santiago, comprometiendo su apoyo a aprobar el cambio constitucional en el plebiscito del mes de abril y para protestar en contra de los abusos contra la comunidad extranjera cometidos por la Dirección de Extranjería de nuestro país.
 
Las organizaciones expresaron su postura a través de un comunicado donde señalan que “son diferentes motivos que nos llevan a marchar una vez más. La dificultad para obtener citas de atención, tanto en la Policía de Investigaciones de Chile, como el Departamento de Extranjería y Migración, los largos plazos de espera a los que se ven enfrentadas las personas migrantes para sus trámites y respuestas de visas, las expulsiones masivas, la violencia de género, el racismo estructural,  el drama fronterizo y las multas para salir del país, la persecución a los comerciantes del espacio público, y las irregularidades que hubo en el proceso de regularización, entre otras razones”.
 
“Entre tanto”, continuaba el comunicado, “las personas migrantes no somos ajenas al estallido social, solidarizándonos con chilenas, chilenos, y los pueblos originarios, y desando cambios estructurales, con mayor participación ciudadana”.
 
En ese sentido, el presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile, Héctor Pujols, señaló que “el día de hoy, como Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y las diferentes organizaciones que lo integran, queremos anunciar que, de cara al plebiscito, del que hemos sido críticos, pero no nos vamos a restar, vamos a llamar al apruebo y a marcar Convención Constitucional, porque es la única forma de seguir peleando y seguir modificando las leyes que nos dejó la dictadura”.
 
Las organizaciones de migrantes agregan que “desde que inició la revuelta también hemos sido víctimas de la represión, y la xenofobia. Personas de diferentes nacionalidades han perdido la vida, y otras han sido detenidas”.
 
“Queremos soluciones a los abusos que hemos visto durante estos años, donde se nos ha culpado a la población migrante de todos los males de este país, incluso se dijo que en el estallido popular en las quemas de los metros habían sido cubanos y venezolanos, una vez más criminalizando a la población extranjera de este país. Y nosotros decimos que por suerte Chile despertó. Nosotros somos parte y vamos a cambiar esta sociedad y este país“, finalizó Pujols entre aplausos.
       
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El Servel confirmó este lunes que más de 348 mil extranjeros residentes en Chile podrán sufragar el 26 de abril.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
Un 68 por ciento de los extranjeros encuestados por el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca dijo que, de poder votar en el plebiscito del 26 de abril, aprobaría cambiar la Constitución.
 
El estudio "Inmigrantes y conflicto social en Chile" se formó con la opinión de 623 personas que llevan más de seis meses viviendo en el país, en su mayoría ciudadanos venezolanos, peruanos, colombianos y haitianos que residen en la Región Metropolitana.
 
Un 47% manifestó estar a favor del movimiento social, y además, el 92% piensa que se han cometido violaciones a los Derechos Humanos. Sobre las demandas, gran parte de los entrevistados manifestó que salud con un 87 %, Pensiones con un 46 %, educación con 45 % y pobreza con un 44 % son las más relevantes, coincidiendo con las de los chilenos.
 
En cuanto a la respuesta del Gobierno, los extranjeros residentes en Chile consultados en esta encuesta creen en un 47 % que el Ejecutivo ha sido lento para dar soluciones y en un 41 % siente que no se ha reaccionado para dar soluciones.
 
Asimismo, la mayoría, un 77%, consideró que las movilizaciones y protestas se han llevado a cabo de manera violenta y el 18% las considera pacíficas. Ante la consulta si ha participado en alguna forma de protesta para apoyar al movimiento, la respuesta fue positiva en  el 27,3%.
 
Respecto a una eventual participación en el plebiscito, el 66 por ciento pidió ser considerado, opción que se impuso antes de que el Servicio Electoral confirmara que 348.040 extranjeros residentes en el país podrán sufragar.

       
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