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La cifra mundial informada por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) destaca que de este 70,8 millones de personas sólo 25,9 millones de ellas son reconocidas con la condición de refugiadas. Estas cifras sin duda irán en aumento debido a que cada día 37 mil personas se ven forzadas a huir de sus hogares por causa de conflictos y persecución.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
En Latinoamérica, Colombia encabeza los números con más de 7,8 millones de desplazadas por causa del conflicto armado y narcotráfico, superando incluso desde 2018 a Siria que tiene 6,1 millones de nacionales refugiados. Por otra parte, Venezuela presenta el mayor éxodo de la región en menor tiempo y una de las mayores crisis de desplazados en el mundo con 4,8 millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
 
En Chile y frente al COVID 19
 
Según estimaciones del INE (Instituto nacional de estadística) la cantidad de personas extranjeras residentes en Chile bordea los 1,5 millones al 31 de diciembre de 2019, de ellas  455.494 son personas refugiadas y migrantes venezolanas, que equivalen al 30,5% total de personas inmigrantes en el país. Le siguen Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8,0%).
 
ACNUR indicó que en Chile hay 15.000 personas refugiadas y solicitantes. Los refugiados son aquellas personas que tuvieron que huir de su país de origen a causa de la guerra, la violencia y la persecución y buscan protección en otro país, muchas de ellas llegan en condiciones de extrema vulnerabilidad.
 
Junto a esta situación de desprotección, hay que destacar que la crisis mundial del COVID-19 profundiza la precariedad. Si los servicios de asistencia jurídica y organismos internacionales atendían consultas mayoritariamente sobre tramitación de procedimientos antes de la pandemia, hoy el 100% de los requerimientos son ayuda de emergencia para subsistir. Si antes de la pandemia existía fragilidad de la vida por las condiciones propias de la migración y la especificidad que es el refugio dentro del fenómeno de movilidad internacional, hoy se empieza a tocar fondo en la vida de cientos de personas. Los organismos pro migrantes y organizaciones de la sociedad civil que se han levantado, ya no dan abasto con el alimento y albergue.
 
FASIC, un aliado de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Chile.
 
Nuestra fundación lleva más de 40 años orientando y apoyando la integración de las personas refugiadas y migrantes al país. En este día volvemos a reafirmar nuestro compromiso con las personas que llegan a Chile buscando un lugar seguro donde vivir. Te invitamos a conocer la historia de estas dos familias atendidas en FASIC.

 

 

         
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La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hicieron  nuevo un llamado de atención a la comunidad internacional para apoyar a los refugiadas y migrantes venezolanos en medio de los desafíos a los que se enfrentan por la pandemia de coronavirus que azota al mundo.
 
“La COVID-19 ha paralizado muchos aspectos de la vida, pero las implicaciones humanitarias de esta crisis no han cesado, y nuestra acción coordinada sigue siendo más necesaria que nunca. Instamos a la comunidad internacional a aumentar su apoyo a los programas humanitarios, de protección e integración, de los que dependen la vida y el bienestar de millones de personas, incluidas las comunidades de acogida”, sostuvo Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, en un comunicado publicado el pasado miércoles.
 
Por su parte, Olga Sarrado, portavoz de ACNUR para la situación de Venezuela, informó que sólo se ha reportado “un número muy limitado de casos confirmados entre los refugiados y migrantes de Venezuela en la región”.
 
“Las estadísticas de COVID-19 dependen del nivel de testeo y reporte de los casos ofrecidos por las autoridades nacionales”, agrega.
 
La representante subraya, sin embargo, que “esta es una pandemia global y los refugiados y migrantes venezolanos están tan expuestos al virus como las poblaciones locales”.
 
Sarrado explica que la emergencia mundial ha agravado la difícil situación de los refugiados y migrantes venezolanos y de sus comunidades de acogida.
 
“Muchos dependen de ingresos diarios para cubrir sus necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica y con la situación actual han perdido su única fuente de recursos; otros no tienen un techo sobre sus cabezas en el que seguir con las medida de aislamiento impuestas”, sostiene.
 
Desde ACNUR y la OIM, además de continuar su acompañamiento a los migrantes, autoridades nacionales y tomar las medidas de prevención necesarias, han hecho distribución de medidas de higiene a seguir para evitar el contagio, el establecimiento de nuevos puntos de agua, la distribución de jabón y kits de higiene y limpieza, entre otros.
 
Sin embargo, señala el comunicado emitido esta semana, el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) lanzado en noviembre de 2019 para responder a las necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, solo ha recibido un 3% de los fondos solicitados. De la meta de 1.300 millones de dólares se han recolectado apenas 39 millones.
 
Sarrado explica que la emergencia “ha agravado todavía más la urgente necesidad de financiación para responder a las necesidades de los más vulnerables ya que los programas han tenido que adaptarse para responder a la emergencia”.
 
Por ello, expone, todas las organizaciones están revisando sus programas y dando prioridad a sus actividades para adaptarse al nuevo contexto y el RMRP fue incluido en el Plan Humanitario Global para la COVID-19. “La necesidad de fondos es urgente”, agrega.
 
Más allá de la parte financiera, la representante explica que es importante que las medidas que los distintos países tomen para enfrentar el coronavirus “no limiten el derecho a pedir protección internacional y trabajar de manera conjunta para que los refugiados y migrantes de Venezuela sean incorporados en los planes nacionales de salud, prevención y respuesta”.

 
FUENTE:www.voanoticias.com
       
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Formada en el contexto de la llegada del COVID-19 a Chile, sus miembros creen necesario eliminar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) como requisito para ejercer la medicina en el país.
 
¿La cuarentena debe ser estricta?, ¿corre riesgo mi hijo si tiene asma?, ¿ha logrado Venezuela controlar el coronavirus?
 
Estas son algunas de las preguntas que Reygor Díaz Martínez responde a través de Instagram, y que son formuladas por personas migrantes residentes en Chile.
 
Díaz es un médico cirujano nacido en Venezuela y trabaja en Atención Primaria de Salud de un hospital de Ancud, en la isla de Chiloé. Él y otros médicos extranjeros residentes en el país se agruparon hace no más de una semana, por iniciativa de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en una brigada que pretende colaborar con las dudas de la comunidad a la que pertenecen, pero también estar prestos a reforzar el sistema de salud pública cuando sea necesario.
 
Crítico de la falta de rigor en las medidas tomadas por el Gobierno y la efectividad de los canales de información utilizados, Díaz conversó con nuestro medio y se refirió a lo que, en su experiencia, ha sido la principal duda que la comunidad migrante tiene respecto del COVID-19.
 
“Tiene que ver principalmente con personas que están en condiciones irregulares, que no tienen papeles ni un RUT. Para ellos es importante que sepan que actualmente en Chile, independientemente de la condición migratoria que poseen, tienen acceso a la red pública de salud chilena”, indicó.
 
A casi mil kilómetros de distancia, en la ciudad de Rancagua, otra médico también participa activamente de esta agrupación, tal cual lo hizo en anteriores oportunidades para la llamada Brigada de la Plaza Dignidad, en el contexto de las manifestaciones de los últimos meses.
 
Aunque prefirió ocultar su identidad, debido a su trabajo en un hospital público, la integrante colombiana de la Brigada Migrante de Salud entregó su postura respecto del manejo que ha tenido el Gobierno ante esta crisis y la forma en la que se está viviendo desde el personal médico.
 
“Necesitamos medidas más radicales. Con esto me refiero a una cuarentena obligatoria para proteger a la gente, ya que el sistema de salud chileno, como la mayoría de sistemas de salud del mundo, no está preparado para asumir esta pandemia. Aquí partimos con un déficit de insumos, infraestructura y de personal. Entonces, hay que tomar medidas mucho específicas”, indicó.
 
Y justamente hacer frente al déficit de personal en el área pública de la salud es una de las razones que llevó a la conformación de este grupo, cuya medida propuesta tiene que ver con la anulación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), que permitiría sumar un importante contingente de mano de obra extranjera capacitada.
 
“El examen Eunacom es sumamente caro. Cada país es autónomo sobre los medios para revalidar a un profesional de la salud, porque es importante revalidar al profesional de la salud extranjero; pero en este momento de contingencia, se debería dar más oportunidad a todos esos profesionales de la salud que aún no estamos ejerciendo, y que hasta por vocación lo queremos hacer”, manifestó.
 
Tal cual ha sucedido en otras iniciativas formuladas ante la crisis sanitaria, lo propuesto por la Brigada Migrante, cabe resaltar, no es ajeno a lo que ocurre en otras partes del mundo.
 
En Buenos Aires, Argentina, diversos municipios lograron sumar esta semana a más de 400 médicos venezolanos que no tenían sus títulos revalidados, lo que se logró a través de un decreto oficial promulgado en medio de la contingencia.
 
Para contactar con la Brigada Migrante de Salud puede revisar su cuenta de Instagram en: @brigadamigrantedesalud.
 
Fuente: Diario Universidad de Chile.

       
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Estas condiciones pueden dificultar no sólo el enfrentar la enfermedad, sino también el llevar a cabo una cuarentena.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes solicitó al gobierno tomar medidas, entre ellas atención de salud garantizada para todas las personas extranjeras indistintamente de su situación migratoria.
 
“En un sistema que es subsidiario de la salud, que no es que garantice la salud como derecho sino que la subsidia, lo pagan todos los trabajadores en Fonasa, significa que las personas que no tienen el rut o ni siquiera la inscripción provisoria en Fonasa no puede atenderse, y cómo se puede establecer medidas de control, barreras para que no se propague una enfermedad como esta si es que tu tienes sin acceso a la población, a cierto sector de la población, a este servicio”, comentó el secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega.
 
Por otra parte, Noriega señaló que esta emergencia sanitaria ha derribado prejuicios que históricamente han recaído sobre las naciones más pobres o menos desarrolladas.
 
“Creo que no se pueden seguir sosteniendo los patrones de vida que hemos mantenido, los sistemas que han permitido y que permiten eso, la exclusión de las grandes mayorías de los servicios sanitarios, del acceso en calidad a los medios de subsistencia. Esta xenofobia que alienta la segregación, que alienta los racismos, la separación de los pueblos se cae. En el caso del COVID-19 es patético como han quedado en ridículo, el país que no tiene infectados en el continente aún es Haití, el país más pobre el país, más relegado ¿será porque no van los europeos a Haití?”.
 
En este contexto es de suma importancia, según comentaron desde la Coordinadora, que las medidas de gobierno que se vayan tomando en función de esta emergencia de salud los incluyan y garanticen su atención.
 
Además, piden la elaboración y difusión de material informativo de prevención en los principales idiomas de las personas extranjeras en Chile, renovación automática de visas de residencia temporaria, así como el estampado electrónico de las prórrogas y de las visas.
 
Junto a ello regularización migratoria extraordinaria partiendo por el registro y cedulación a efectos de tener actualizada la información del Registro Civil, permitir que todos los residentes extranjeros que estuvieran fuera del país puedan retornar y no limitar esto a los que tienen permanencia definitiva, la incorporación como personal de atención de salud a las personas extranjeras residentes en Chile que tengan titulación en el área, entre otras solicitudes.

       
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Según un reporte de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (Bitrap), un total de 376 personas fueron víctimas de tráfico de migrantes en 2019, frente a las 27 víctimas de 2017.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
El secretario general de la Coordinadora de Migrantes de Chile, Rodolfo Noriega, explicó a Efe que este incremento se debe a la “rigidez” de la ley que regula los flujos migratorios -y que data de 1975-, pero “aún más a las medidas que ha tomado el actual Gobierno para restringir el acceso a extranjeros”. En abril de 2018, Piñera inició una campaña que buscaba regular las actividades migratorias del país bajo el polémico lema “ordenar la casa” emitiendo una serie de decretos que restringieron la otorgación de visados a los extranjeros.
 
Para el director del área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Juan Pablo Ramaciotti, los decretos produjeron una disminución del ingreso de extranjeros por cauces regulares pero “aumentaron los ingresos por pasos no habilitados y las bandas de tráfico y de trata de inmigrantes”
 
Entre las medidas del Ejecutivo, figuró la de imponer restricciones especiales a los extranjeros de Haití y Venezuela, dos de los tres países de los que Chile recibe más inmigrantes, impidiéndoles ingresar como turistas sin la necesidad de un visado consular como el resto de extranjeros.
 
Según explicó a Efe la experta en Migración de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux, el sistema de visa diferenciado de los venezolanos perjudicó especialmente a los que llegaron en condiciones menos favorecidas, lo que provocó que “los más pobres se quedaran bloqueados en la frontera, maltratados”. Sin embargo, agregó la experta, es la comunidad haitiana la que sufre los problemas “más graves”, porque se les bloqueó la reunificación familiar, otorgándoles visados solo a los que vienen a hacer turismo.

       
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Por Comunicaciones FASIC
 
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió una orden de no innovar y detuvo la expulsión de dos ciudadanos venezolanos que entraron al país de manera irregular. Ambos profesionales fueron engañados en Perú con la falsa promesa de ingresar a Chile a través de una ruta segura, previo pago de 30 dólares cada uno.
 
En su país, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se encontraban en una situación de eventual amenaza a su integridad por la persecución política de la cual habrían sido víctimas, por manifestar su rechazo al Gobierno, por lo que entre otras consecuencias, no podían ejercer sus profesiones de arquitecto e ingeniero en petróleo y de paramédica y farmacéutica.
 
De acuerdo al relato entregado por ambas víctimas al INDH, policías peruanos les permitieron el paso hacia la frontera entre Tacna y Arica, y les indicaron que debían caminar hacia Chile a través de la línea férrea, sin informarles que en dicha zona existen minas antipersonales que ponían en riesgo sus vidas.
 
Ya en Chile los ciudadanos venezolanos iniciaron los trámites para regularizar su situación migratoria y elevaron solicitudes de reconsideración al Departamento de Migración y Extranjería a fin de conseguir visa, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
 
En paralelo, la Intendencia de Arica y Parinacota ordenó la expulsión de estas dos personas, razón por la cual el INDH de Aysén, zona donde residen estos migrantes, presentó un recurso de amparo en su favor.

       
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Por Comunicaciones FASIC
 
De acuerdo con datos del Consejo de Rectores, los estudiantes de origen haitiano que se inscribieron para rendir la PSU aumentaron alrededor de 47%.
 
Mientras que en el proceso 2019 postularon 1.159, en 2020 fueron 1.692; lo que los convierte en el grupo migrante más numeroso que participó.
 
En total, 7.196 jóvenes extranjeros contestaron la Prueba de Selección Universitaria.
 
Tras los adolescentes haitianos, aparecen los peruanos y los venezolanos. En el caso de Perú, estos aumentaron en un 13% y Venezuela 134%.

       
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Autoridades mexicanas, privados y la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas insertan a las personas refugiadas y desplazados en programa de empleo y aseguraron que es un gran aporte para la economía.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
El Gobierno de México y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se preparan para brindarles empleo en el país a por lo menos 20 mil refugiados durante el 2020, con el proyecto que funciona desde el 2016 en el país y para el que este año la Unión Europea (UE) aportará 4.3 millones de dólares.
 
Durante el 2019, y bajo el mismo programa que reactivan este 2020, empresas radicadas en México contrataron unos 6700 refugiados, que a su vez contribuyeron con su trabajo al país con alrededor de 40.6 millones de pesos, unos 2 millones de dólares.
 
Para complementar el programa de empleo a refugiados también se realizarán actividades con organizaciones patronales, sindicatos, empresas privadas, organizaciones civiles y medios de comunicación para promover la integración y visualización de los aportes de las personas refugiadas. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), durante el 2019 México recibió 70 302 solicitudes de refugio, número que esperan se multiplique este 2020, ya que sólo en enero, con 5936 solicitudes, superaron en 50 % las del mismo mes del año anterior.

       
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