La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió una orden de no innovar y detuvo la expulsión de dos ciudadanos venezolanos que entraron al país de manera irregular. Ambos profesionales fueron engañados en Perú con la falsa promesa de ingresar a Chile a través de una ruta segura, previo pago de 30 dólares cada uno.
En su país, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se encontraban en una situación de eventual amenaza a su integridad por la persecución política de la cual habrían sido víctimas, por manifestar su rechazo al Gobierno, por lo que entre otras consecuencias, no podían ejercer sus profesiones de arquitecto e ingeniero en petróleo y de paramédica y farmacéutica.
De acuerdo al relato entregado por ambas víctimas al INDH, policías peruanos les permitieron el paso hacia la frontera entre Tacna y Arica, y les indicaron que debían caminar hacia Chile a través de la línea férrea, sin informarles que en dicha zona existen minas antipersonales que ponían en riesgo sus vidas.
Ya en Chile los ciudadanos venezolanos iniciaron los trámites para regularizar su situación migratoria y elevaron solicitudes de reconsideración al Departamento de Migración y Extranjería a fin de conseguir visa, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
En paralelo, la Intendencia de Arica y Parinacota ordenó la expulsión de estas dos personas, razón por la cual el INDH de Aysén, zona donde residen estos migrantes, presentó un recurso de amparo en su favor.