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por Comunicaciones FASIC

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática de la migración y el refugio en la región de Tarapacá, constituyeron una red para impulsar la reflexión sobre la situación de migrantes y refugiados, pero también para mejorar su atención y acompañamiento desde el trabajo en conjunto.

La Red se constituyó a mediados de abril de este año en una reunión a la que asistieron representantes de Fundación Madre Josefa, el Centro Abierto Marillac, la Pastoral de Migraciones Delegación INCAMI y, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC.

“Lo más relevante es que frente al escenario actual se ha hecho necesario el trabajo en red, las personas han debido enfrentar diversas dificultades para regularizar su situación migratoria y para tener acceso al refugio. Por esto es necesario tener espacios de reflexión y coordinar las respuestas de apoyo a las personas recién llegadas a la ciudad de Iquique”, ilustró Carolina Amache, representante de FASIC Iquique, quien fue designada como coordinadora de la Red.

MIGRACIÓN Y REFUGIO EN IQUIQUE

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas INE dadas a conocer a finales del año 2018, Tarapacá concentra el 5,9 por ciento de la población inmigrante total que hay en Chile, con 43.646 personas que registradas en el Censo de 2017. Con esto, se ubica como una de las cuatro regiones con mayor cantidad de inmigrantes en el país, ya que junto a la Metropolitana, Antofagasta y la de Valparaíso concentran el 85 por ciento.

Además, el año pasado, esta región fue la segunda con mayor inscripción de migrantes en el proceso extraordinario de regularización impulsado por el actual gobierno, sumando alrededor de 13 mil extranjeros inscritos en 90 días.

Actualmente, en Iquique la migración llega principalmente desde Cuba, Colombia y Venezuela, siendo el mayor problema la situación de personas que no logran formalizar su solicitud de refugio y, por lo tanto, no pueden acceder al procedimiento que les permite ser reconocidos como refugiados. Esto, afecta principalmente a migrantes cubanos, ya que ingresan de manera irregular a Chile y; a familias venezolanas que viajan sin documentación.

En este contexto, la Red recién formada, proyecta trabajar éstas o otras problemáticas que aquejan a migrantes, solicitantes de refugio y refugiados en Iquique, Alto Hospicio y otras localidades de la región, para lo cual se encuentran durante el mes de mayo trabajando en la elaboración de un plan de acción que será implementado durante el año.

Para contactarte con FASIC Iquique puedes escribir al correo-e: refugioiquique@fasic.org

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Fuente: INDH

Durante las últimas semanas, las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique y Antofagasta acogieron tres recursos de protección -dos en la capital de la XV Región, uno en la de la II y otro en la capital de la III Región- interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de 95 personas extranjeras, que según sus relatos ingresaron a Chile huyendo de sus países de origen y/o residencia habitual en busca de asilo.

Las acciones legales presentadas ante las Cortes de Apelaciones de las capitales regionales señaladas, fueron acogidas en primera instancia, ordenando a las Gobernaciones respectivas que se formalizaran las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiadas/os.

Asimismo las sentencias sostienen que se vulneró su derecho constitucional a la igualdad ante la ley, pues las gobernaciones debieron acceder a tramitar las solicitudes.

Las y los solicitantes provienen de Venezuela, Cuba, Colombia y Sierra Leona, se presentaron personalmente ante los Departamentos de Extranjería y Migración, intentando en más de una oportunidad -presencialmente, y de forma verbal y escrita- formalizar sus solicitudes de asilo, lo cual no fue posible, ya que al ser entrevistados preliminarmente por funcionarios de las Gobernaciones, se les comunicó de manera verbal que sus casos no calificaban para ingresar al procedimiento de determinación de la condición de refugiada/o.

Esta práctica de “preadmisibilidad” no se encuentra contemplada en la Ley 20.430 que Establece disposiciones sobre protección de refugiados, ni en su reglamento, y al ser ejercida por los funcionarios de los organismos recurridos, obstaculizó de manera ilegal y arbitraria el ejercicio del derecho a buscar asilo.

Las/os solicitantes señalan que han escapado de sus países, ya sea por la existencia de temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, por pertenecer a un determinado grupo social (por ejemplo diversidades sexuales), por opiniones políticas, o porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada que existe en sus países.

Entre estas últimas se encuentran los conflictos políticos internos, la violación masiva de los derechos humanos, u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en sus naciones.

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Fuente: Prensa Senado

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización realizó una masiva ronda de audiencias, en torno al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre migración y extranjería.

Entre los participantes estuvieron organizaciones de migrantes, representantes de universidades, de la Defensoría de la Niñez, de la Asociación de Municipalidades, de Amnistía Internacional, de la PDI y del Ministerio de Relaciones Exteriores, todos ellos manifestaron sus reparos y coincidencias en torno al proyecto de ley.

Entre los puntos de coincidencia de los diversos exponentes, estuvieron el poder cambiar la categoría de la visa dentro del país, el asegurar el principio de la no devolución y generar instancias para la descentralización de una política migratoria.

Pese a que en la oportunidad se escucharon a casi una veintena de personas, la Comisión no descarta otra sesión de audiencias y el presidente de la instancia parlamentaria, el senador Juan Pablo Letelier agradeció la concurrencia y adelantó que el material que dejaron todos los participantes será de apoyo para la labor legislativa.

“Estoy seguro que -independiente de las posiciones- todos queremos que Chile tenga una política de migración”, señaló el legislador.

REGULARIZACIÓN

El director nacional del Servicio Jesuita de Migrantes, José Tomás Vicuña, manifestó que tienen 5 propuestas que han sido respaldadas por 18 instituciones y si bien valoraron los avances del proyecto, lamentaron que “en el proceso de regularización, 155 mil se regularizaron, pero qué pasó con la otra mitad, no sabemos, se dice que se quieren expulsar (…). La política no ha dado abasto, para la visa de oportunidades laborales se esperaban 3 mil postulaciones, pero postularon solo 2 mil, de ellas se rechazaron mil, ¿este es el sistema que queremos imponer?”

Con respecto a las propuestas, destacaron la que consideran primordial, referida a la posibilidad de cambio de categoría dentro del país, “que hoy se prohíbe. (…) Proponemos que quien quiera venir a buscar trabajo pueda tener un plazo de 90 días para buscarlo y al momento de tenerlo pueda cambiar de categoría, así se da más transparencia y se evita la irregularidad en el trabajo”.

Desde la academia, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a nombre, además del Consorcio de las Universidades del Estado, detalló la labor de la casa de estudios en la revalidación de los títulos universitarios, principalmente de dentistas y médicos cirujanos.

El rector indicó que ha habido una disminución “notable” de los tiempos para la acreditación y defendió que sean las universidades estatales las encargadas de este proceso; al mismo tiempo, resaltó que las 18 universidades estatales a lo largo del país, permiten la descentralización del proceso.

La abogada María Luisa Montenegro intervino a nombre de la Defensoría de la Niñez y llamó a evitar cualquier doble situación de vulnerabilidad de los niños migrantes.

“Los derechos reconocidos están presentes, pero creemos que no existe mención a otros derechos, como el derecho al registro, al nombre, a la identidad, que deben estar presentes en esta ley”, sentenció y dejó constancia de su preocupación por la eliminación del principio de no devolución. “No se puede establecer un retorno automático, este tiene que tener en consideración el interés superior del niño, ¿estará protegido? ¿es necesario que un niño vuelva?”, planteó.

DESCENTRALIZACIÓN

Representando a la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Rodrigo Delgado manifestó que “los municipios hemos subvencionado al Estado en materia de extranjería, hemos debido asumir problemáticas, externalidades positivas y negativas”.

El edil enumeró los 5 temas que se abordan desde el municipio: trabajo, vivienda, salud, educación y relaciones comunitarias y entre los temas concretos que solicitó está el "pedir la presencia de los municipios en el consejo de políticas migratorias, lamentablemente el proyecto no habla de los municipios; (…) y la posibilidad que la ley incentive oficinas comunales de migración”.

Luis Zurita, en representación de la Asociación Venezolana en Chile, que alberga a 300 mil personas, recalcó la importancia del cambio de categoría migratoria y refutó que con la prohibición de este cambio se reduzca la migración irregular.

En otro orden, indicó que “el principio de no devolución, que se incorporó en la Cámara y que luego fue removido en la Sala de la misma, es importante que sea reincorporado y se vea reflejado en la ley, porque la realidad de los países de la región es compleja, cada país tiene sus propios conflictos internos y estas personas son entendidas como migrantes económicos y no refugiadas”.

La Fundación Pro Bono Chile también se hizo presente y Constanza Alvial explicó la importancia de que la ley promueva la transparencia, para que sea preventiva y no reactiva, “simplificar los procedimientos actuales para la solicitud de visa; que se permita el cambio de categoría dentro del país; considerar en su justa medida el principio de la no devolución”.

“Las personas en situación irregular no pueden trabajar, el Estado no sabe quiénes son y se convierten en verdaderos fantasmas y eso abre la puerta a la vulneración de éstas. Rechazar y expulsar no es regular y la regularización debe seguir siendo el espíritu de esta norma”, señaló Alvial.

DEBIDO PROCESO

Incorporar un catálogo de derechos de las personas migrantes, incorporara normas de debido proceso a todo nivel, incluir mecanismos de regularización, una institucionalidad que soporte la legislación, mecanismo de participación de la sociedad civil y muy especialmente de los migrantes, son los puntos abordados por Ana Piquer de Amnistía Internacional en Chile.

A juicio de Piquer, los primeros aspectos están presentes en el proyecto, pero son muy mejorables, pero advirtió que la participación es omitida y llamó a revisar. “Se ha usado mucho la metáfora de “ordenar la casa” para impulsar este proyecto de ley y esto es complicado, porque ordenar la casa significa botar lo que no nos sirve y aquí estamos hablando de personas, de derechos humanos”, criticó.

Colombianos Berracos en Chile, de la mano de Yesid Castaño propuso seguro de repatriación de migrantes por familia; beneficio pecuniario para las empresas chilenas que contraten inmigrantes y la devolución de fondos previsionales, entre otros. Luego, la Comisión Venezolana llamó a incluir los títulos técnicos en la revalidación.

Tomás Greene de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, llamó a revisar quién fija los plazos, que están a cargo de la autoridad administrativa, lo que podría tener problemas de constitucionalidad. “Creemos que es tarea del legislador”, sentenció.

En la oportunidad expusieron:

- Ronald Wilson, de las Mesas Temáticas del Senado

- José Tomás Vicuña, del Servicio Jesuita de Migrantes

- Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile

- María Luisa Montenegro, de la Defensoría de la Niñez

- Rodrigo Delgado, de la Asociación Chilena de Municipalidades

- Luis Zurita, de la Asociación Venezolana en Chile

- Constanza Alvial, de la Fundación Pro Bono Chile

- Ana Piquer, de Amnistía Internacional en Chile

- Jorge Toro, de la Organización Migra Amigos,

- Yesid Castaño, de Colombianos Berracos en Chile

- Carlos Millán, de la Comisión Venezolana

- Carlos Urresty, de la Federación Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados

- Carolina Stefoni, de la Universidad Alberto Hurtado

- Tomás Greene, de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado

- Prefecto Inspector Víctor Nakada, Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional PDI

- Raúl Sanhueza, del Ministerio de Relaciones Exteriores

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Fuente: FASIC Comunicaciones

A un año del anuncio del gobierno de Piñera de su política migratoria, organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes y refugiados hicieron una negativa evaluación. En conferencia de prensa el Servicio Jesuita Migrante y la Fundación Probono presentaron “5 propuestas fundamentales” para incorporar en el proyecto de Ley Migratoria actualmente en discusión en el Senado, documento al que adhirió la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) junto a otras 15 instituciones.

“Lo que vemos es que la respuesta no ha sido la que se esperaba. Tres ejemplos: habían 300 mil personas en situación irregular, se inscribieron 155 mil y, al día de hoy, más del 50 por ciento no tiene su visa estampada. Eso quiere decir, que se inscribió menos de lo que se esperaba y; por otro lado, hay personas que por más de un año y casi cerca de un año, todavía no tiene permiso formal para trabajar. Que depende de sus países esos permisos, pero que acá no se ha dado una solución”, ilustró José Tomás Vicuña, Director Nacional del Servicio Jesuita Migrante (SJM).

Junto a esto, criticaron la venta inescrupulosa de números para la atención en Extranjería y; la implementación de la Visa de Oportunidades Laborales, a la que postularon 2 mil personas de las 3 mil postulaciones que se esperaban y, finalmente sólo mil cumplían los requisitos. “Sin duda queremos que el sistema mejore. Y hemos visto que hay esfuerzos. Pero lo que se ha dicho no ha tenido la respuesta que se esperaba”, señaló Vicuña.

Reconocen que el proyecto de Ley de Migración y Extranjería actualmente en discusión en el Senado, representa “avances en la legislación vigente en materia de institucionalidad, consagración legal de ciertos derechos y declaración de principios fundamentales”. Pero para dar pasos sólidos en el reconocimiento y respeto a los derechos de migrantes y refugiados, advirtieron que hay que acelerar la tramitación del Proyecto de Ley de Migración y agregar 5 elementos fundamentales.

“Lamentablemente la ley actual deja muchos procedimientos sin regulación. Como está en el proyecto de ley, por ejemplo, se contempla que no se puede apelar una medida de expulsión (…) Actualmente se están cometiendo ciertas arbitrariedades con las personas que están llegando. Quién califica o cómo se califica si la persona tiene o no la suficiente capacidad económica para mantenerse en Chile…”, cuestionó Carolina Contreras, directora de Fundación Probono.

Mayor claridad y especificar los criterios aplicados en frontera para que las personas cuando vienen tengan mayor seguridad, se hace fundamental, ya que “la certeza jurídica para nosotros es muy importante (…) y al regular se van a evitar arbitrariedades”, agregó Carolina Contreras.

Los 5 aspectos que debe tener la Ley de Migración para responder a estándares internacionales de Derechos Humanos son:

- Incorporar posibilidades cambio de categoría migratoria dentro del país y mecanismos de regularización,

- Establecer el principio de no devolución;

- Asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a seguridad social y beneficios de cargo fiscal;

- Adoptar medidas para la protección e inclusión de trabajadores migrantes y;

- Garantizar el derecho a recurrir ante una medida de expulsión

“Creemos que Chile no sólo tiene que tener una actitud de “permitir”, de aceptar que lleguen, sino que realmente acoger. No que tenemos que aceptarlo porque llegaron a nuestra frontera, sino facilitar de forma igualitaria la entrada de todos, logrando que se norme bien el ingreso evitamos que las personas tengan que recurrir a las entradas ilegales a nuestro país”, observó Claudio González Urbina, secretario ejecutivo de FASIC.

“En estos 5 puntos que nos parecen los clave para mejorar el proyecto. Nuestra intención es mejorar el proyecto desde una mirada de Derechos Humanos. Nosotros creemos que el proyecto sigue siendo un proyecto de extranjería y no un proyecto de migración y, menos, un proyecto basado en el concepto de los Derechos Humanos de los migrantes”, enfatizó Ronald Wilson, del Foro Académico Migratorio de las Mesas temáticas del Senado.

Las organizaciones que han adherido al documento, son las siguientes: América Solidaria, Hogar de Cristo, INCAMI, Servicio Evangélico Migrante, Base Pública, Espacio Público, Fusupo, FASIC, Centro Fernando Vives U. Alberto Hurtado, PRIEM U. Alberto Hurtado, Clínica Jurídica de Migrantes U. Alberto Hurtado, Centro de DD.HH. U. Diego Portales, Observatorio de Desigualdades U. Diego Portales, Centro de Estudios Migratorios USACH y Mesas Temáticas del Senado.

A continuación puede ver/descargar el documento con las propuestas que debe contemplar el proyecto de Ley de Migración:

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Renata Dubini, directora de la Oficina para las Américas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ginebra, visitó la sede de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) en Santiago y se reunió con el equipo de su Programa de Refugio y representantes de diferentes instituciones que trabajan la temática en nuestro país.

A la reunión con la directora Renata Dubini asistieron representantes del INDH, INCAMI, el SJM, World Vision, las clínicas jurídicas de la UAH y de la UDP, la Vicaría para la Pastoral Social, ACNUR Chile y el Programa de Refugio de FASIC.

En el encuentro se analizó la situación actual de la migración y de solicitud de refugio en nuestro país, así como sus principales desafíos.

 
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