El jueves 12 de noviembre, nos reunimos en el Archivo Nacional, para clausurar y presentar los resultados finales del Proyecto “La Relegación como Exilio Interno”, patrocinado por la Unión Europea y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y la participación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). En dicha actividad expusieron las historiadoras Nancy Nicholls L. y María Graciela Acuña F., además de los ex relegados Félix Avilés F. y Fanny Pollarolo V., quienes compartieron con el público su valiosísimo testimonio. Finalmente se repartió, de forma gratuita, el cuaderno de trabajo “La Relegación en Chile. Creación de la Serie Relegados del Fondo Documental de FASIC”.

INVITACION Con ocasión de  celebrar los 40 años de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC y 51 años de la Comunidad Teológica Evangélica, el Obispo (H) Neftalí Aravena, Presidente del Directorio de FASIC y el Profesor Dr. Daniel  Godoy, Rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, tienen el agrado de invitarle a un encuentro de reflexión sobre el  “Rol de las Iglesias Evangélicas en el Período 1973-1990.”   Este encuentro,  se efectuará  el  día martes 17 de Noviembre, a las 9:30, en Manuel Rodríguez  33, (Metro Los Héroes) Su presencia dará realce y significancia a esta importante actividad.

El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación a los hechos que se informan manifiesta lo siguiente: 1.- Que durante las últimas semanas Carabineros de Chile ha cuestionado las facultades que de acuerdo a la Ley 20.405 se le han otorgado al Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación al ingreso de uno o más Consejeros, Director o a su personal a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad. 2.- Que ello se ha traducido en el impedimento de ingreso de los funcionarios del INDH a comisarías en Temuco y Antofagasta, cuestión que se ha pretendido justificar por los oficiales a cargo, en un instructivo que habría enviado el General Director que supedita dicho ingreso a sendos informes que debería evacuar la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. 3.- Que al hacerlo impide el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 20.405 y en el Dictamen N°41.230 de 2014 de la Contraloría General de la República que, para mayor ahondamiento, autoriza el ingreso de funcionarios/as y consejeros/as de este Instituto incluso a los buses en los que se suele mantener retenidas a las personas antes de trasladarlas a las comisarías, después de las manifestaciones u otros eventos masivos. 4.- Que la facultad de ingresar a dichos recintos tiene por objeto garantizar a los/as ciudadanos/as que se encuentren en situación de privación de libertad el respeto de sus derechos, independientemente de los actos en que se pudieran haber visto involucrados, dada la especial vulnerabilidad en que se encuentran. 5.- Que el cuestionamiento señalado a nuestras funciones significa un retroceso inaceptable respecto de la forma en que hasta hace poco el INDH las venía cumpliendo. En efecto, impedir el ejercicio de atribuciones legalmente fundadas y tan esenciales para un organismo autónomo de defensa de los derechos humanos no sólo constituye una arbitrariedad reñida con el estado de derecho sino que, además, compromete gravemente la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en la materia. 6.- Que por lo tanto llamamos a Carabineros de Chile a rectificar su conducta y a someterse cabalmente a las normas que le son plenamente vinculantes. La protección efectiva de los derechos humanos supone necesariamente la transparencia y control de las instituciones policiales en razón de que a ellas la nación delega el monopolio del uso de la fuerza. 7.- Asimismo, requerimos  al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en su condición de superior jerárquico y responsable político del actuar policial, ordene a Carabineros poner inmediato término a la situación expuesta, asegurando el pleno respeto a las facultades y atribuciones que la ley otorga al INDH para el cumplimiento de su relevante mandato. - See more at: http://www.indh.cl/declaracion-publica-del-consejo-del-indh-respecto-al-ingreso-a-recintos-de-privacion-de-libertad#sthash.a04p2Xwc.dpuf

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), tiene el agrado de invitar a usted a la presentación de los Resultados del Proyecto “La Relegación como Exilio Interno”, patrocinado por la Unión Europea y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y la participación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), que se realizará el 12 de noviembre de 2015, de 9,30 a 13,00 horas, en el Archivo Nacional, Miraflores Nº 50, Santiago.

La actividad concluirá con la entrega del Documento y un vino de honor.

Rogamos confirmar asistencia: 226957534 – 226955931

Con pesar comunicamos el sensible fallecimiento de Aldo Etchegoyen, quien trabajo en colaboración con FASIC a través de la Asamblea Permanente por los DDHH de Argentina.

El Servicio de Despedida se llevara a cabo a las 20 hs en la Primera Iglesia Metodista (Av. Corrientes 718) CABA. Buenos Aires.

Se hará un último servicio de despedida, en el Cementerio Británico de la Ciudad de Buenos Aires, el lunes 2 de noviembre a las 13hs.

Damos infinitas gracias al Dios Eterno, por su vida y testimonio cierto como creyente comprometido con su tiempo desde su cálida atención pastoral, hasta su voz profética en toda la sociedad Argentina y Latinoamericana, siendo la voz de los que no tenían voz, y defensor sin cansancio de los Derechos Humanos.

http://iglesiametodista.org.ar/fallecimiento-del-obispo-e-aldo-etchegoyen/

“Chile ha logrado grandes avances desde su retorno a la democracia hace 25 años”, dijo el Sr. Kiai al final de la primera visita* al país de un experto independiente encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de promover la realización de los derechos de la libertad de reunión pacífica y de asociación de todo el mundo. “Sin embargo, aún persisten vestigios de antaño que no tienen cabida en el Chile de hoy”, señaló. “El fantasma de esa época acecha especialmente al sector de la seguridad, principalmente Carabineros de Chile —y específicamente las Fuerzas Especiales— en su función de custodiar los conflictos sociales y manifestaciones”. El relator expresó su preocupación sobre el manejo en la práctica de las protestas. Durante su visita, recibió información de numerosos y variados ejemplos de violaciones cometidas por la policía durante protestas, incluyendo la fuerza excesiva y ​​el acoso contra activistas. Un ejemplo particularmente preocupante, expresó, es el de Nelson Quichillao, un trabajador minero muerto en julio de 2015 por un disparo de las Fuerzas Especiales en El Salvador durante una protesta laboral. Las autoridades sostienen que la protesta no era totalmente pacífica. Sin embargo, el Sr. Kiai resaltó que “los individuos conservan en todo momento sus derechos a la vida y a la integridad física, aun si se tornan violentos durante las protestas, y es deber del Estado salvaguardar estos derechos” También recordó un caso de septiembre de 2015, cuando la policía utilizó fuerza excesiva para desalojar la ocupación pacífica de un edificio del gobierno por parte de activistas indígenas mapuches en Temuco, quienes protestaban contra lo que consideran injusticias respecto al derecho a la tierra. El Sr. Kiai llamó la atención sobre múltiples relatos -tanto de la sociedad civil como del Gobierno- de que “agentes provocadores” con frecuencia irrumpen en protestas pacíficas de estudiantes y trabajadores, causando violencia y daños a la propiedad. Las autoridades luego utilizan esta disrupción para justificar un mayor de la fuerza contra todos los manifestantes. “La presencia de unas pocas personas que cometen actos de violencia dentro y alrededor de una protesta no autoriza a Carabineros para etiquetar como violenta a la manifestación completa. Más bien, estos elementos violentos se deberían aislar de la protesta y ser tratados acorde al estado de derecho”, indicó. “De hecho, el fracaso persistente en lidiar con estas pocas personas violentas plantea dudas acerca de las razones de la inacción de parte de Carabineros debido a que estos manifestantes violentos perjudican la imagen y la eficacia de las manifestaciones públicas”, afirmó el experto. El experto independiente también destacó diversas áreas del marco legal de Chile que necesitan una reforma urgente, incluyendo las regulaciones sobre la autorización de reuniones pacíficas. Si bien la Constitución de Chile reconoce el derecho a la libertad de reunión pacífica, su ejercicio se encuentra indebidamente restringido por el Decreto Supremo 1086 (1983), el cual permite a funcionarios locales impedir o disolver las manifestaciones que no hayan sido previamente permitidas por las autoridades. “Las mejores prácticas dictaminan que el Estado puede, a lo sumo, requerir una notificación previa de las manifestaciones pacíficas, no su autorización”, dijo el Sr. Kiai, instando al Gobierno de Chile a derogar el Decreto Supremo 1086 lo antes posible. El Relator Especial expresó su preocupación por el uso de controles de identidad por la policía, una práctica que pronto podría consagrarse como ley. Dijo que la práctica de detener a personas al azar – sin evidencia concreta de un crimen – tiene el potencial de aplacar el ejercicio del derecho de reunión pacífica. También expresó su preocupación por el uso de tribunales militares para juzgar a policías acusados ​​de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones, haciendo hincapié en que juzgar a la policía bajo un sistema de justicia separado fomenta la impunidad. Instó al Gobierno a emprender “una reforma integral” de este sistema con “suma urgencia”. El Sr. Kiai encontró menos problemas graves en materia de protección del derecho a la libertad sindical en Chile, y elogió al Estado por sus esfuerzos para defender este derecho. Sin embargo, urgió a las autoridades a hacer más para promover los derechos de asociación, incluyendo potenciar su apoyo y recursos para la sociedad civil, y otorgando más valor a las contribuciones de la sociedad civil en las decisiones políticas. “Me resulta claro que el Gobierno valora las contribuciones del sector privado a la economía y la política”, dijo. “Pero no es tan obvio que valore de igual modo las asociaciones de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos”. Durante su visita de 10 días, el Sr. Kiai se reunió con funcionarios del Estado, integrantes del Poder Judicial y del Parlamento, miembros de la sociedad civil y la comunidad diplomática. Su misión incluyó visitas a Santiago, Temuco, Copiapó, El Salvador y Valparaíso. El Relator Especial presentará un informe final sobre su visita durante la 32a sesión del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2016. (*) Lea la declaración completa del Relator Especial: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16542&LangID=S FIN *Galería de fotos: https://www.facebook.com/onudh/posts/956198244442125 El Sr. Maina Kiai (Kenia) asumió sus funciones como el primer Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación en mayo de 2011. Fue nombrado a título personal como experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para obtener más información, visite: http://www.ohchr.org/SP/Issues/LibertadReunion/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Derechos Humanos de la ONU, página de país – Chile:http://www.ohchr.org/SP/countries/LACRegion/Pages/CLIndex.aspx Para consultas y solicitudes de  prensa, póngase en contacto con: En Ginebra, antes y después de la visita: Guillaume Pfeifflé (+41 79 752 0486 / gpfeiffle@ohchr.org) En Santiago, durante la visita: María Jeannette Moya (+56 2 2210 2977 / mmoya@ohchr.org) Para solicitudes de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU: Xabier Celaya – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org) Para sitios web y medios sociales: Los mensajes clave de nuestros comunicados de prensa están disponibles en los siguientes canales de medios sociales de la Oficina de DD HH de la ONU. Por favor, menciónenos utilizando los handlesapropiados. Twitter: UNrightswire Facebook: unitednationshumanrights Google+: unitednationshumanrights Youtube: unohchr ONU Derechos Humanos-América del Sur, síganos en las redes sociales Facebook: www.facebook.com/ONUdh Twitter: www.twitter.com/ONU_derechos YouTube: www.youtube.com/onuderechos Flickr: http://www.flickr.com/onuderechos Revise el Índice Universal de Derechos Humanos: http://uhri.ohchr.org/en  

III Encuentro de Coordinación de Redes de Protección

en Frontera: Bolivia-Chile-Perú Arica

Chile 11, 12 y 13de Agosto de 2015

 - Conclusiones y Recomendaciones–

Los representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Pastoral de Movilidad Humana (Bolivia), Hermanas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul (Bolivia), Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas -FASIC (Chile), Instituto Católico de Migraciones - INCAMI (Chile), Fundación Servicio Jesuita a Migrantes – SJM (Chile), Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales (Chile), Encuentros –Servicio Jesuita de la Solidaridad (Perú), y Comisión Andina de Juristas (Perú).

Reunidos en la ciudad de Arica, Chile los días 11, 12 y 13 de Agosto de 2015 en el marco del III Encuentro de Coordinación de Redes de Protección en Frontera: Bolivia-Chile-Perú con el objeto de actualizar la información sobre la situación en las fronteras y fortalecer las iniciativas de coordinación dirigidas a promover el respeto de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, migrantes y refugiados;

Reconociendo la necesidad de fortalecer las acciones dirigidas a asegurar que las áreas de frontera se consoliden como espacios de protección e integración, seguros y respetuosos de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad sin distinción alguna por motivo de su origen nacional, sexo, edad, condición migratoria o de cualquier otra índole;

Reconociendo los cambios operados en las dinámicas de la migración regional y, en particular, el incremento en los movimientos migratorios mixtos en las fronteras de Bolivia, Chile y Perú en el marco de los cuales personas necesitadas de protección internacional comparten las mismas rutas y enfrentan los mismos riesgos de protección que personas que se mueven por motivaciones diferentes, incluidas expectativas económicas y laborales o razones familiares, y/o víctimas de la trata de personas y/u objeto del tráfico ilícito de migrantes;

Reafirmando la vigencia de las normas internacionales de derechos humanos para la protección y salvaguarda de los derechos de las personas en situación de movilidad, 2 incluida la protección de la vida, la seguridad, la libertad, la no discriminación, el trato justo y digno, el acceso a la salud y la atención de las necesidades humanitarias básicas de las personas migrantes, y la no devolución (non-refoulement);

Destacando la vigencia e importancia de que se asegure el derecho humano al asilo y los principios y normas de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y su Protocolo de 1967 para la protección de las personas que se desplazan a través de las fronteras huyendo de situaciones de persecución, los conflictos armados, la violencia y la violación de los derechos humanos;

Resaltando la importancia de la Declaración y Plan de Acción de Brasil, adoptada en el marco de la conmemoración por el trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, como un marco de cooperación y solidaridad regional para fortalecer la protección de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe, y en particular el “Programa Fronteras Solidarias y Seguras” como una guía clara para la consolidación de las fronteras como espacios seguros donde se garantice el respeto a los derechos y la asistencia de las personas necesitadas de protección internacional;

Recordando el rol primordial del Estado y sus agentes en el respeto y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de personas que circulan a través de las fronteras en el marco de movimientos migratorios mixtos, Reconociendo la necesidad de integrar y asegurar la participación de las agencias del Estado en materia de migración, protección de refugiados y protección de derechos humanos en la discusión sobre los desafíos de protección que se registran en zonas de frontera en relación a las personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata de personas;

Agradeciendo el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la organización del III Encuentro de Coordinación de Redes de Protección en Frontera, y destacando la importancia de mantener un espacio de reflexión que reúna periódicamente a las redes de protección que vinculan a organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, y víctimas de la trata de personas

CONCLUSIONES

1. Reconocen la vigencia de los movimientos migratorios mixtos en las fronteras de Bolivia, Chile y Perú en el marco de los cuales las personas necesitadas de protección internacional comparten las mismas rutas y enfrentan los mismos riesgos de protección que personas que se mueven por motivaciones diferentes, incluidas expectativas económicas y laborales o razones familiares.
2. Destacan la presencia en los movimientos migratorios mixtos de un número considerables de personas de nacionalidad colombiana que presentan necesidades de protección internacional, así como la presencia de personas provenientes en número creciente de República Dominicana, y en menor número de personas provenientes de países de África y Medio Oriente.
3. Expresan su preocupación por la posible presencia de mujeres en situación de trata de personas provenientes de República Dominicana e instan a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para prevenir y responder a esta situación de un modo congruente con el respeto de los derechos humanos de las víctimas
4. Reconocen mejoras en el trato a la población migrante por parte del personal de migraciones y la baja considerable de casos de rechazo arbitrario de acceso al territorio en la Frontera de Chacalluta.
5. Instan a las autoridades de migraciones a asegurar que el personal de atención al público en zonas de frontera se encuentra debidamente identificado e individualizado como una medida dirigida a favorecer el contralor de la autoridad púbica, así como la identificación de funcionarios en las denuncias por tratos inapropiados y/o arbitrarios.
6. Manifiestan su preocupación e instan a las autoridades a adoptar medidas para combatir las redes de tráfico ilícito de migrantes ante los reportes de casos de personas inadmitidas en frontera que son captadas por redes de tráfico de migrantes y expuestas al riesgo de abusos.
7. Saludan las medidas adoptadas para prevenir el rechazo en frontera de personas que solicitan la condición de refugiado en respeto del derecho humano al asilo y el debido proceso legal en los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, e instan a los Estados a consolidar esos avances mediante la adopción de protocolos e instrucciones administrativas dirigidas a los funcionarios de migraciones encargados de recibir y dar trámite a las solicitudes de la condición de refugiado en frontera.
8. Señalan la necesidad de incorporar salvaguardas específicas de protección para personas solicitantes de asilo y otras personas necesitadas de protección en el marco de los procesos de reforma de leyes y reglamentos de migración.
9. Recuerdan a los Estados que el ingreso o permanencia irregular de personas al territorio, aun cuando se produzca en el marco de situaciones de tráfico ilícito de migrantes, no afectará a los demás derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el derecho humano al asilo y el principio de non-refoulement.
10. Reiteran la importancia de que se desarrollen iniciativas de capacitación regulares y sostenidas dirigidas a funcionarios de migraciones y de seguridad que operan en áreas de frontera en temas de derechos humanos, protección de refugiados, y prevención de la trata y tráfico ilícito de personas.
11. Manifiestan su preocupación por los riesgos de protección que enfrentan mujeres y niñas, en particular la exposición a situaciones graves de violencia sexual y basada en género, incluyendo situaciones de explotación sexual y sexo de supervivencia en zonas aisladas de frontera, los abusos sexuales y el requerimiento de favores o insinuaciones sexuales por parte de redes de tráfico de personas y/o funcionarios inescrupulosos.
12. Señalan la importancia de integrar a las agencia estatales encargadas de la prevención y respuesta a la violencia de género en el desarrollo de estrategias de monitoreo, prevención y respuesta a la violencia de género contra las mujeres migrantes en áreas de frontera.
13. Instan a los Estados a asegurar la adecuación y cumplimiento de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva No. 21/14 en lo que respecta al tratamiento de niños y niñas migrantes y/o necesitados de protección internacional en áreas de frontera.
14. Llaman a las instituciones nacionales de derechos humanos a reforzar su trabajo en el monitoreo y prevención de los abusos contra la población migrante y refugiada en zonas de frontera.
15. Señalan limitaciones y vacíos en la atención de las necesidades básicas y humanitarias de la población migrante y refugiada en zonas de frontera, e instan a las autoridades locales a reforzar el apoyo para la atención de las necesidades 5 básicas de los migrantes y refugiados en materia de alojamiento de emergencia, alimentación y atención básica de la salud.
16. Expresan su preocupación ante los reportes de situaciones de detención administrativa en aeropuerto de personas que solicitan la condición de refugiado que se realizan en inobservancia de los estándares internacionales, e instan a las autoridades concernidas a prevenir y restringir este tipo de prácticas.
17. Saludan la participación de representantes de las Comisiones de Refugiados de Bolivia, Chile y Perú en una jornada de diálogo, así como de las Instituciones de Derechos Humanos de Bolivia y de Chile. Este espacio de intercambio, permitió actualizar la información sobre actividades que realizan los Estados en Frontera, así como identificar vacíos a nivel de protección.
18. Reiteran su agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por el apoyo brindado para la organización del “III Encuentro de Redes de Protección en Frontera: Bolivia, Chile y Perú”, y le encomiendan hacer conocer a sus contrapartes las Conclusiones y Recomendaciones de este Encuentro. Igualmente, solicitan a ACNUR y a OIM continuar acompañando y apoyando futuros encuentros y actividades organizadas por la “Red de Fronteras de la Sociedad Civil”
19. Saludan la participación en el III Encuentro de representantes de UNICEF y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR e invitan a estas organizaciones a involucrarse activamente en el fortalecimiento del marco de protección en fronteras.
20. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA RED DE FRONTERA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE FRONTERA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Las Organizaciones participantes del III Encuentro afirman su voluntad de formalizar la Red mediante la adopción de un Acta de Conformación y la discusión de un mecanismo rotativo de coordinación que favorezca el intercambio de información y la planificación de actividades conjuntas. 6 Se promoverá la adopción de un Plan de Trabajo de la Red en el cuál cada organización refleje sus actividades planificadas en materia de protección y asistencia a población migrante, refugiada y víctimas de trata, incluidas actividades de monitoreo, organización de encuentros/seminarios, informes, misiones conjuntas, actividades de capacitación y/o sensibilización.

MONITOREO E INCIDENCIA: Las organizaciones acuerdan compartir información estadísticas y casos relevantes de protección de manera regular bajo un formato unificado que permita la compilación de la información en un reporte regular de situación en fronteras. Se acuerda enviar al ACNUR las estadísticas de monitoreo de frontera correspondientes al primer semestre 2015 para identificar criterios comunes de sistematización de la información.

Se acuerda diseñar y unificar un formato de ficha registro para los incidentes de protección que involucren a migrantes y refugiados (rechazo en frontera, casos de violencia/abuso, violencia de género, etc.). El ACNUR proporcionará un modelo de ficha para revisión de las organizaciones. Las organizaciones se comprometen a compartir anticipadamente y coordinar sus misiones y actividades de monitoreo en zonas de frontera.

Se coordinarán misiones conjuntas en las áreas de frontera cuyos reportes serán distribuidos entre las organizaciones que integran la Red y las instancias nacionales correspondientes en materia de migraciones, protección de refugiados y derechos humanos. Se acuerda la realización en septiembre de una misión a la localidad de Desaguadero (frontera Perú -Bolivia) con el objeto de realizar un diagnóstico sobre los desafíos de protección y determinar acciones prioritarias ante los reportes recurrentes de abusos contra la población migrante en dicha frontera (organizaciones involucradas: PMH, INCAMI, Encuentros –SJS) Fines de septiembre.

Asimismo, se acuerda la realización de una misión conjunta a la frontera Pisiga - Colchane en el mes de octubre (organizaciones involucradas: FASIC- PMH). Una misión conjunta a la frontera Chacalluta-Santa Rosa será organizada también entre los meses de septiembre y octubre. Mantener y reforzar la coordinación de frontera para la atención de casos vulnerables, solicitantes de asilo, víctimas de trata, niños y niñas no acompañados. Acciones de seguimiento de la atención.

Cada organización designara quien será es la persona punto focal con quien se coordinara para dar asistencia acompañamiento y seguimiento. 7 Desarrollar acciones de abogacía e incidencia para mayor sensibilización sobre riesgos de protección en zonas fronterizas y la adopción de medidas de prevención y respuesta a los abusos de los derechos de las personas en situación de movilidad. Apoyo y seguimiento al “Programa Fronteras Solidarias y Seguras” de la Declaración y Plan de Acción de Brasil. Seguimiento y desarrollo de acciones de abogacía ante Congresos Nacional y Parlamentarios en el marco de los procesos de reforma de leyes sobre migración y extranjería en los países de la región, con el objeto de promover la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y la adopción de salvaguardas de protección para el tratamiento de personas necesitas de protección en zonas de frontera.

CAPACITACIÓN

Las organizaciones se contactarán con las instancias nacionales de refugiados, migraciones y derechos humanos a fin de compartir sus planes de capacitación en frontera con miras a una mejor coordinación y aprovechamiento de los recursos disponibles.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Se acuerda la elaboración de un Boletín de presentación del trabajo de la Red con indicación de sus objetivos, organizaciones que la integran, áreas de trabajo, y las conclusiones del III Encuentro.

Las organizaciones agradecen y aceptan el apoyo de la OIM para la elaboración de un informe / boletín trimestral sobre la situación y trabajo desarrollado en las áreas de frontera.

Se acuerda diseñar una cartilla informativa o volante común para visibilizar la red, además de brindar información básica a la población migrante y refugiada en materia de derechos y riesgos de protección. Se acepta el ofrecimiento de SJM Santiago de compilar la información y diseñar la propuesta que deberá contener: información de contacto de las organizaciones, derechos y riesgos de la población migrante y refugiada, servicios, etc. Las organizaciones acuerdan hacer llegar la información a SJM hasta fines del mes de agosto.

FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN FRONTERAS Se acuerda elaborar un breve reporte sobre los recursos, vacíos y necesidades para la atención de la población migrante con el objeto de mejorar las condiciones de los servicios e infraestructura en frontera para la atención de personas en tránsito (albergues, acceso a la salud, alimentación, instalaciones migratorias).

Se acuerda, en particular, actualizar la información sobre la red de albergues que operan organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia en zonas y localidades de frontera a fin de fortalecer la coordinación con la Red de Organizaciones. Se acuerda explorar alternativas para involucrar a los Gobiernos locales y municipales en el fortalecimiento de las redes de atención a población migrante y refugiada en tránsito en zonas y localidades de frontera.

Arica, Chile 11, 12 y 13 de Agosto de 2015