El jueves 12 de noviembre, nos reunimos en el Archivo Nacional, para clausurar y presentar los resultados finales del Proyecto “La Relegación como Exilio Interno”, patrocinado por la Unión Europea y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y la participación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). En dicha actividad expusieron las historiadoras Nancy Nicholls L. y María Graciela Acuña F., además de los ex relegados Félix Avilés F. y Fanny Pollarolo V., quienes compartieron con el público su valiosísimo testimonio. Finalmente se repartió, de forma gratuita, el cuaderno de trabajo “La Relegación en Chile. Creación de la Serie Relegados del Fondo Documental de FASIC”.

INVITACION Con ocasión de  celebrar los 40 años de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC y 51 años de la Comunidad Teológica Evangélica, el Obispo (H) Neftalí Aravena, Presidente del Directorio de FASIC y el Profesor Dr. Daniel  Godoy, Rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, tienen el agrado de invitarle a un encuentro de reflexión sobre el  “Rol de las Iglesias Evangélicas en el Período 1973-1990.”   Este encuentro,  se efectuará  el  día martes 17 de Noviembre, a las 9:30, en Manuel Rodríguez  33, (Metro Los Héroes) Su presencia dará realce y significancia a esta importante actividad.

El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación a los hechos que se informan manifiesta lo siguiente: 1.- Que durante las últimas semanas Carabineros de Chile ha cuestionado las facultades que de acuerdo a la Ley 20.405 se le han otorgado al Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación al ingreso de uno o más Consejeros, Director o a su personal a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad. 2.- Que ello se ha traducido en el impedimento de ingreso de los funcionarios del INDH a comisarías en Temuco y Antofagasta, cuestión que se ha pretendido justificar por los oficiales a cargo, en un instructivo que habría enviado el General Director que supedita dicho ingreso a sendos informes que debería evacuar la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. 3.- Que al hacerlo impide el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 20.405 y en el Dictamen N°41.230 de 2014 de la Contraloría General de la República que, para mayor ahondamiento, autoriza el ingreso de funcionarios/as y consejeros/as de este Instituto incluso a los buses en los que se suele mantener retenidas a las personas antes de trasladarlas a las comisarías, después de las manifestaciones u otros eventos masivos. 4.- Que la facultad de ingresar a dichos recintos tiene por objeto garantizar a los/as ciudadanos/as que se encuentren en situación de privación de libertad el respeto de sus derechos, independientemente de los actos en que se pudieran haber visto involucrados, dada la especial vulnerabilidad en que se encuentran. 5.- Que el cuestionamiento señalado a nuestras funciones significa un retroceso inaceptable respecto de la forma en que hasta hace poco el INDH las venía cumpliendo. En efecto, impedir el ejercicio de atribuciones legalmente fundadas y tan esenciales para un organismo autónomo de defensa de los derechos humanos no sólo constituye una arbitrariedad reñida con el estado de derecho sino que, además, compromete gravemente la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en la materia. 6.- Que por lo tanto llamamos a Carabineros de Chile a rectificar su conducta y a someterse cabalmente a las normas que le son plenamente vinculantes. La protección efectiva de los derechos humanos supone necesariamente la transparencia y control de las instituciones policiales en razón de que a ellas la nación delega el monopolio del uso de la fuerza. 7.- Asimismo, requerimos  al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en su condición de superior jerárquico y responsable político del actuar policial, ordene a Carabineros poner inmediato término a la situación expuesta, asegurando el pleno respeto a las facultades y atribuciones que la ley otorga al INDH para el cumplimiento de su relevante mandato. - See more at: http://www.indh.cl/declaracion-publica-del-consejo-del-indh-respecto-al-ingreso-a-recintos-de-privacion-de-libertad#sthash.a04p2Xwc.dpuf

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), tiene el agrado de invitar a usted a la presentación de los Resultados del Proyecto “La Relegación como Exilio Interno”, patrocinado por la Unión Europea y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y la participación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), que se realizará el 12 de noviembre de 2015, de 9,30 a 13,00 horas, en el Archivo Nacional, Miraflores Nº 50, Santiago.

La actividad concluirá con la entrega del Documento y un vino de honor.

Rogamos confirmar asistencia: 226957534 – 226955931

Con pesar comunicamos el sensible fallecimiento de Aldo Etchegoyen, quien trabajo en colaboración con FASIC a través de la Asamblea Permanente por los DDHH de Argentina.

El Servicio de Despedida se llevara a cabo a las 20 hs en la Primera Iglesia Metodista (Av. Corrientes 718) CABA. Buenos Aires.

Se hará un último servicio de despedida, en el Cementerio Británico de la Ciudad de Buenos Aires, el lunes 2 de noviembre a las 13hs.

Damos infinitas gracias al Dios Eterno, por su vida y testimonio cierto como creyente comprometido con su tiempo desde su cálida atención pastoral, hasta su voz profética en toda la sociedad Argentina y Latinoamericana, siendo la voz de los que no tenían voz, y defensor sin cansancio de los Derechos Humanos.

http://iglesiametodista.org.ar/fallecimiento-del-obispo-e-aldo-etchegoyen/

“Chile ha logrado grandes avances desde su retorno a la democracia hace 25 años”, dijo el Sr. Kiai al final de la primera visita* al país de un experto independiente encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de promover la realización de los derechos de la libertad de reunión pacífica y de asociación de todo el mundo. “Sin embargo, aún persisten vestigios de antaño que no tienen cabida en el Chile de hoy”, señaló. “El fantasma de esa época acecha especialmente al sector de la seguridad, principalmente Carabineros de Chile —y específicamente las Fuerzas Especiales— en su función de custodiar los conflictos sociales y manifestaciones”. El relator expresó su preocupación sobre el manejo en la práctica de las protestas. Durante su visita, recibió información de numerosos y variados ejemplos de violaciones cometidas por la policía durante protestas, incluyendo la fuerza excesiva y ​​el acoso contra activistas. Un ejemplo particularmente preocupante, expresó, es el de Nelson Quichillao, un trabajador minero muerto en julio de 2015 por un disparo de las Fuerzas Especiales en El Salvador durante una protesta laboral. Las autoridades sostienen que la protesta no era totalmente pacífica. Sin embargo, el Sr. Kiai resaltó que “los individuos conservan en todo momento sus derechos a la vida y a la integridad física, aun si se tornan violentos durante las protestas, y es deber del Estado salvaguardar estos derechos” También recordó un caso de septiembre de 2015, cuando la policía utilizó fuerza excesiva para desalojar la ocupación pacífica de un edificio del gobierno por parte de activistas indígenas mapuches en Temuco, quienes protestaban contra lo que consideran injusticias respecto al derecho a la tierra. El Sr. Kiai llamó la atención sobre múltiples relatos -tanto de la sociedad civil como del Gobierno- de que “agentes provocadores” con frecuencia irrumpen en protestas pacíficas de estudiantes y trabajadores, causando violencia y daños a la propiedad. Las autoridades luego utilizan esta disrupción para justificar un mayor de la fuerza contra todos los manifestantes. “La presencia de unas pocas personas que cometen actos de violencia dentro y alrededor de una protesta no autoriza a Carabineros para etiquetar como violenta a la manifestación completa. Más bien, estos elementos violentos se deberían aislar de la protesta y ser tratados acorde al estado de derecho”, indicó. “De hecho, el fracaso persistente en lidiar con estas pocas personas violentas plantea dudas acerca de las razones de la inacción de parte de Carabineros debido a que estos manifestantes violentos perjudican la imagen y la eficacia de las manifestaciones públicas”, afirmó el experto. El experto independiente también destacó diversas áreas del marco legal de Chile que necesitan una reforma urgente, incluyendo las regulaciones sobre la autorización de reuniones pacíficas. Si bien la Constitución de Chile reconoce el derecho a la libertad de reunión pacífica, su ejercicio se encuentra indebidamente restringido por el Decreto Supremo 1086 (1983), el cual permite a funcionarios locales impedir o disolver las manifestaciones que no hayan sido previamente permitidas por las autoridades. “Las mejores prácticas dictaminan que el Estado puede, a lo sumo, requerir una notificación previa de las manifestaciones pacíficas, no su autorización”, dijo el Sr. Kiai, instando al Gobierno de Chile a derogar el Decreto Supremo 1086 lo antes posible. El Relator Especial expresó su preocupación por el uso de controles de identidad por la policía, una práctica que pronto podría consagrarse como ley. Dijo que la práctica de detener a personas al azar – sin evidencia concreta de un crimen – tiene el potencial de aplacar el ejercicio del derecho de reunión pacífica. También expresó su preocupación por el uso de tribunales militares para juzgar a policías acusados ​​de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones, haciendo hincapié en que juzgar a la policía bajo un sistema de justicia separado fomenta la impunidad. Instó al Gobierno a emprender “una reforma integral” de este sistema con “suma urgencia”. El Sr. Kiai encontró menos problemas graves en materia de protección del derecho a la libertad sindical en Chile, y elogió al Estado por sus esfuerzos para defender este derecho. Sin embargo, urgió a las autoridades a hacer más para promover los derechos de asociación, incluyendo potenciar su apoyo y recursos para la sociedad civil, y otorgando más valor a las contribuciones de la sociedad civil en las decisiones políticas. “Me resulta claro que el Gobierno valora las contribuciones del sector privado a la economía y la política”, dijo. “Pero no es tan obvio que valore de igual modo las asociaciones de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos”. Durante su visita de 10 días, el Sr. Kiai se reunió con funcionarios del Estado, integrantes del Poder Judicial y del Parlamento, miembros de la sociedad civil y la comunidad diplomática. Su misión incluyó visitas a Santiago, Temuco, Copiapó, El Salvador y Valparaíso. El Relator Especial presentará un informe final sobre su visita durante la 32a sesión del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2016. (*) Lea la declaración completa del Relator Especial: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16542&LangID=S FIN *Galería de fotos: https://www.facebook.com/onudh/posts/956198244442125 El Sr. Maina Kiai (Kenia) asumió sus funciones como el primer Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación en mayo de 2011. Fue nombrado a título personal como experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para obtener más información, visite: http://www.ohchr.org/SP/Issues/LibertadReunion/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Derechos Humanos de la ONU, página de país – Chile:http://www.ohchr.org/SP/countries/LACRegion/Pages/CLIndex.aspx Para consultas y solicitudes de  prensa, póngase en contacto con: En Ginebra, antes y después de la visita: Guillaume Pfeifflé (+41 79 752 0486 / gpfeiffle@ohchr.org) En Santiago, durante la visita: María Jeannette Moya (+56 2 2210 2977 / mmoya@ohchr.org) Para solicitudes de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU: Xabier Celaya – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org) Para sitios web y medios sociales: Los mensajes clave de nuestros comunicados de prensa están disponibles en los siguientes canales de medios sociales de la Oficina de DD HH de la ONU. Por favor, menciónenos utilizando los handlesapropiados. 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