La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización realizó una masiva ronda de audiencias, en torno al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre migración y extranjería.
Entre los participantes estuvieron organizaciones de migrantes, representantes de universidades, de la Defensoría de la Niñez, de la Asociación de Municipalidades, de Amnistía Internacional, de la PDI y del Ministerio de Relaciones Exteriores, todos ellos manifestaron sus reparos y coincidencias en torno al proyecto de ley.
Entre los puntos de coincidencia de los diversos exponentes, estuvieron el poder cambiar la categoría de la visa dentro del país, el asegurar el principio de la no devolución y generar instancias para la descentralización de una política migratoria.
Pese a que en la oportunidad se escucharon a casi una veintena de personas, la Comisión no descarta otra sesión de audiencias y el presidente de la instancia parlamentaria, el senador Juan Pablo Letelier agradeció la concurrencia y adelantó que el material que dejaron todos los participantes será de apoyo para la labor legislativa.
“Estoy seguro que -independiente de las posiciones- todos queremos que Chile tenga una política de migración”, señaló el legislador.
REGULARIZACIÓN
El director nacional del Servicio Jesuita de Migrantes, José Tomás Vicuña, manifestó que tienen 5 propuestas que han sido respaldadas por 18 instituciones y si bien valoraron los avances del proyecto, lamentaron que “en el proceso de regularización, 155 mil se regularizaron, pero qué pasó con la otra mitad, no sabemos, se dice que se quieren expulsar (…). La política no ha dado abasto, para la visa de oportunidades laborales se esperaban 3 mil postulaciones, pero postularon solo 2 mil, de ellas se rechazaron mil, ¿este es el sistema que queremos imponer?”
Con respecto a las propuestas, destacaron la que consideran primordial, referida a la posibilidad de cambio de categoría dentro del país, “que hoy se prohíbe. (…) Proponemos que quien quiera venir a buscar trabajo pueda tener un plazo de 90 días para buscarlo y al momento de tenerlo pueda cambiar de categoría, así se da más transparencia y se evita la irregularidad en el trabajo”.
Desde la academia, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a nombre, además del Consorcio de las Universidades del Estado, detalló la labor de la casa de estudios en la revalidación de los títulos universitarios, principalmente de dentistas y médicos cirujanos.
El rector indicó que ha habido una disminución “notable” de los tiempos para la acreditación y defendió que sean las universidades estatales las encargadas de este proceso; al mismo tiempo, resaltó que las 18 universidades estatales a lo largo del país, permiten la descentralización del proceso.
La abogada María Luisa Montenegro intervino a nombre de la Defensoría de la Niñez y llamó a evitar cualquier doble situación de vulnerabilidad de los niños migrantes.
“Los derechos reconocidos están presentes, pero creemos que no existe mención a otros derechos, como el derecho al registro, al nombre, a la identidad, que deben estar presentes en esta ley”, sentenció y dejó constancia de su preocupación por la eliminación del principio de no devolución. “No se puede establecer un retorno automático, este tiene que tener en consideración el interés superior del niño, ¿estará protegido? ¿es necesario que un niño vuelva?”, planteó.
DESCENTRALIZACIÓN
Representando a la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Rodrigo Delgado manifestó que “los municipios hemos subvencionado al Estado en materia de extranjería, hemos debido asumir problemáticas, externalidades positivas y negativas”.
El edil enumeró los 5 temas que se abordan desde el municipio: trabajo, vivienda, salud, educación y relaciones comunitarias y entre los temas concretos que solicitó está el "pedir la presencia de los municipios en el consejo de políticas migratorias, lamentablemente el proyecto no habla de los municipios; (…) y la posibilidad que la ley incentive oficinas comunales de migración”.
Luis Zurita, en representación de la Asociación Venezolana en Chile, que alberga a 300 mil personas, recalcó la importancia del cambio de categoría migratoria y refutó que con la prohibición de este cambio se reduzca la migración irregular.
En otro orden, indicó que “el principio de no devolución, que se incorporó en la Cámara y que luego fue removido en la Sala de la misma, es importante que sea reincorporado y se vea reflejado en la ley, porque la realidad de los países de la región es compleja, cada país tiene sus propios conflictos internos y estas personas son entendidas como migrantes económicos y no refugiadas”.
La Fundación Pro Bono Chile también se hizo presente y Constanza Alvial explicó la importancia de que la ley promueva la transparencia, para que sea preventiva y no reactiva, “simplificar los procedimientos actuales para la solicitud de visa; que se permita el cambio de categoría dentro del país; considerar en su justa medida el principio de la no devolución”.
“Las personas en situación irregular no pueden trabajar, el Estado no sabe quiénes son y se convierten en verdaderos fantasmas y eso abre la puerta a la vulneración de éstas. Rechazar y expulsar no es regular y la regularización debe seguir siendo el espíritu de esta norma”, señaló Alvial.
DEBIDO PROCESO
Incorporar un catálogo de derechos de las personas migrantes, incorporara normas de debido proceso a todo nivel, incluir mecanismos de regularización, una institucionalidad que soporte la legislación, mecanismo de participación de la sociedad civil y muy especialmente de los migrantes, son los puntos abordados por Ana Piquer de Amnistía Internacional en Chile.
A juicio de Piquer, los primeros aspectos están presentes en el proyecto, pero son muy mejorables, pero advirtió que la participación es omitida y llamó a revisar. “Se ha usado mucho la metáfora de “ordenar la casa” para impulsar este proyecto de ley y esto es complicado, porque ordenar la casa significa botar lo que no nos sirve y aquí estamos hablando de personas, de derechos humanos”, criticó.
Colombianos Berracos en Chile, de la mano de Yesid Castaño propuso seguro de repatriación de migrantes por familia; beneficio pecuniario para las empresas chilenas que contraten inmigrantes y la devolución de fondos previsionales, entre otros. Luego, la Comisión Venezolana llamó a incluir los títulos técnicos en la revalidación.
Tomás Greene de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, llamó a revisar quién fija los plazos, que están a cargo de la autoridad administrativa, lo que podría tener problemas de constitucionalidad. “Creemos que es tarea del legislador”, sentenció.
En la oportunidad expusieron:
- Ronald Wilson, de las Mesas Temáticas del Senado
- José Tomás Vicuña, del Servicio Jesuita de Migrantes
- Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile
- María Luisa Montenegro, de la Defensoría de la Niñez
- Rodrigo Delgado, de la Asociación Chilena de Municipalidades
- Luis Zurita, de la Asociación Venezolana en Chile
- Constanza Alvial, de la Fundación Pro Bono Chile
- Ana Piquer, de Amnistía Internacional en Chile
- Jorge Toro, de la Organización Migra Amigos,
- Yesid Castaño, de Colombianos Berracos en Chile
- Carlos Millán, de la Comisión Venezolana
- Carlos Urresty, de la Federación Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados
- Carolina Stefoni, de la Universidad Alberto Hurtado
- Tomás Greene, de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado
- Prefecto Inspector Víctor Nakada, Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional PDI
- Raúl Sanhueza, del Ministerio de Relaciones Exteriores