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Por Comunicaciones FASIC
 
Desde hace casi dos semanas nuestras oficinas están ayudando de manera concreta a quienes más lo necesitan. Las personas refugiadas y migrantes son uno de los grupos que se han visto más afectados con esta pandemia. Ya hemos visto como mucho de ellos han sido despedidos de sus trabajos, otros están con una situación migratoria irregular, no son atendidos en centros de salud y además son discriminados abiertamente por los medios de comunicación. Hoy más que nunca requieren orientación, acompañamiento y ayuda social. Agradecemos a ACNUR y Cruz Roja con quienes hemos trabajado de manera coordinada en esta emergencia sanitaria.

       
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La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hicieron  nuevo un llamado de atención a la comunidad internacional para apoyar a los refugiadas y migrantes venezolanos en medio de los desafíos a los que se enfrentan por la pandemia de coronavirus que azota al mundo.
 
“La COVID-19 ha paralizado muchos aspectos de la vida, pero las implicaciones humanitarias de esta crisis no han cesado, y nuestra acción coordinada sigue siendo más necesaria que nunca. Instamos a la comunidad internacional a aumentar su apoyo a los programas humanitarios, de protección e integración, de los que dependen la vida y el bienestar de millones de personas, incluidas las comunidades de acogida”, sostuvo Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, en un comunicado publicado el pasado miércoles.
 
Por su parte, Olga Sarrado, portavoz de ACNUR para la situación de Venezuela, informó que sólo se ha reportado “un número muy limitado de casos confirmados entre los refugiados y migrantes de Venezuela en la región”.
 
“Las estadísticas de COVID-19 dependen del nivel de testeo y reporte de los casos ofrecidos por las autoridades nacionales”, agrega.
 
La representante subraya, sin embargo, que “esta es una pandemia global y los refugiados y migrantes venezolanos están tan expuestos al virus como las poblaciones locales”.
 
Sarrado explica que la emergencia mundial ha agravado la difícil situación de los refugiados y migrantes venezolanos y de sus comunidades de acogida.
 
“Muchos dependen de ingresos diarios para cubrir sus necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica y con la situación actual han perdido su única fuente de recursos; otros no tienen un techo sobre sus cabezas en el que seguir con las medida de aislamiento impuestas”, sostiene.
 
Desde ACNUR y la OIM, además de continuar su acompañamiento a los migrantes, autoridades nacionales y tomar las medidas de prevención necesarias, han hecho distribución de medidas de higiene a seguir para evitar el contagio, el establecimiento de nuevos puntos de agua, la distribución de jabón y kits de higiene y limpieza, entre otros.
 
Sin embargo, señala el comunicado emitido esta semana, el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) lanzado en noviembre de 2019 para responder a las necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, solo ha recibido un 3% de los fondos solicitados. De la meta de 1.300 millones de dólares se han recolectado apenas 39 millones.
 
Sarrado explica que la emergencia “ha agravado todavía más la urgente necesidad de financiación para responder a las necesidades de los más vulnerables ya que los programas han tenido que adaptarse para responder a la emergencia”.
 
Por ello, expone, todas las organizaciones están revisando sus programas y dando prioridad a sus actividades para adaptarse al nuevo contexto y el RMRP fue incluido en el Plan Humanitario Global para la COVID-19. “La necesidad de fondos es urgente”, agrega.
 
Más allá de la parte financiera, la representante explica que es importante que las medidas que los distintos países tomen para enfrentar el coronavirus “no limiten el derecho a pedir protección internacional y trabajar de manera conjunta para que los refugiados y migrantes de Venezuela sean incorporados en los planes nacionales de salud, prevención y respuesta”.

 
FUENTE:www.voanoticias.com
       
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Por Comunicaciones FASIC
 
El año 2019  FASIC creó su línea de intervención “Diversidad sin fronteras” que surge de la necesidad de responder de manera diferenciada a las personas LGBTIQ+ refugiadas y migrantes en movilidad humana.
 
Este año participamos del segundo encuentro II Encuentro Red regional de protección de personas LGBTIQ+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en las Americas “Yo emigro por mi vida”. La población LGBTIQ+ en movilidad humana es víctima de una doble vulneración por elementos como su identidad de genero, raza/etnia, clase, procedencia, pueblo, situación de discapacidad, edad, entre otras condiciones.
 
Es de vital importancia que las organizaciones de la sociedad civil, los estados y organismos internacionales articulen en conjunto acciones y mecanismos de internevción para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGBTI+ refugiadas. solicitantes de asilo y migrantes.
 
Desde FASIC reafirmamos el compromiso que adquirimos en el encuentro “Yo emigro por mi vida” para brindar cada día una acogida y orientación integral a las personas atendidas en nuestra fundación.

       
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Autoridades mexicanas, privados y la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas insertan a las personas refugiadas y desplazados en programa de empleo y aseguraron que es un gran aporte para la economía.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
El Gobierno de México y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se preparan para brindarles empleo en el país a por lo menos 20 mil refugiados durante el 2020, con el proyecto que funciona desde el 2016 en el país y para el que este año la Unión Europea (UE) aportará 4.3 millones de dólares.
 
Durante el 2019, y bajo el mismo programa que reactivan este 2020, empresas radicadas en México contrataron unos 6700 refugiados, que a su vez contribuyeron con su trabajo al país con alrededor de 40.6 millones de pesos, unos 2 millones de dólares.
 
Para complementar el programa de empleo a refugiados también se realizarán actividades con organizaciones patronales, sindicatos, empresas privadas, organizaciones civiles y medios de comunicación para promover la integración y visualización de los aportes de las personas refugiadas. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), durante el 2019 México recibió 70 302 solicitudes de refugio, número que esperan se multiplique este 2020, ya que sólo en enero, con 5936 solicitudes, superaron en 50 % las del mismo mes del año anterior.

       
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La última cifra disponible, a octubre de 2019, es de 1,6 millones de inmigrantes. Según expertos, a Colombia ha llegado el 18,46% de la población de Venezuela.
 
La ola migratoria venezolana ha sido un desafío para toda América Latina, pero en particular para Colombia, que este año ya podría llegar a la cifra de dos millones de venezolanos residiendo en el país.
 
Así lo expresa el diario colombiano El Tiempo, al tomar en cuenta la última cifra de migración disponible para octubre de 2019. Según los datos de Migración Colombia, al 31 de octubre de 2019 estaban radicados en ese país 1.630.093 venezolanos, un crecimiento cercano al 50%, si se considera la cifra de diciembre de 2018, de 1.174.743.
 
Así, los expertos sugieren que sobrepasar los dos millones en 2020 es una posibilidad cercana. De hecho, se cree que la cifra a octubre de 2019 podría ser mayor: “Esa cifra tiene una distorsión particularmente, porque durante el período que va desde el 22 de febrero y el 14 de junio los pasos fronterizos por el lado venezolano estuvieron cerrados, lo que llevó a que muchos ciudadanos venezolanos tuvieran que pasar por otros lugares. Gran parte del año pasado no tuvimos un registro efectivo de la migración”, indica a La Tercera Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia.
 
El especialista asegura que al sumar los migrantes radicados en Colombia y los migrantes pendulares -aquellos que viven en Venezuela pero pasan a Cúcuta a comprar y luego regresan- “Colombia se está haciendo cargo del 18,46% de la población venezolana. Eso genera una distorsión en las dinámicas colombianas, y genera unas presiones sociales en las grandes ciudades”.
 
Por ejemplo, en Bogotá hay radicados 327.635 venezolanos, un 20% del total. Cúcuta, ciudad que tiene el principal paso fronterizo entre ambos países, alberga a 92,864, mientras en Medellín viven 78.622.
 
La última cifra revelada por la institución migratoria de Colombia también revela otro fenómeno. Por primera vez en cinco años el número de migrantes en condición irregular (911.714) es superior a la cifra de quienes mantienen sus papeles en regla (719.189). En 2018 la cifra de migrantes en situación irregular era de 665.665.
 
El gerente nacional de Frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, explicó al diario El Espectador que la cifra de migrantes irregulares se debe a cuestiones administrativas. El gobierno implementará durante enero tres nuevos programas para regularizar a más migrantes, con lo que en enero ese número se debiera reducir, según sostiene Muñoz.
 
Entre esas tres medidas se contempla un permiso de formalización que ya viene trabajando Migración Colombia junto con el Ministerio del Trabajo para quienes tengan una oferta de trabajo y obtengan autorización; un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) para quienes hayan entrado con pasaporte hasta noviembre de 2019; y un registro estudiantil para los más de 210.000 niños migrantes.
 
De todas formas, la ola migratoria solo parece ir en aumento. Ronal Rodríguez asegura que “el gobierno se ha quedado corto a la hora de la respuesta”. Para el experto, la estrategia de la administración del Presidente Iván Duque “se ha quedado en lo temporal, en expedir permisos de permanencia temporales, que han generado una falsa ilusión”.
 
Según indica El Tiempo, la situación migratoria de los venezolanos es preocupante para el gobierno, y por ello se espera que sea uno de los principales temas que Iván Duque plantee en su viaje a Davos, Suiza.
 
“Si no se genera política pública para la atención de la migración venezolana, no se va a poder enfrentar el reto que tiene por delante el Estado colombiano”, concluye el diario.
 
Fuente: Diario La Tercera
       
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Según datos del Departamento de Extranjería y Migración, la solicitud de visa por motivos laborales cayó en un 85% el año pasado en comparación a 2018.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
De acuerdo a las cifras entregadas, en enero de 2019 cerca de 26 mil solicitaron esta visa, pero en noviembre fueron 17 mil. Sin embargo, se han consolidado las solicitudes de residencia definitiva. “Por primera vez, si contamos las permanencias definitivas que están esperando ser ingresadas, tenemos más solicitudes de permanencia definitiva que nuevas visas”, señaló el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio y agregó que “el cambio que hemos visto con respecto a 2018 es que en este último trimestre han disminuido considerablemente esta visa con foco laboral”.
 
Según Bellolio, para ver efectivamente el reflejo en la visa, necesitamos al menos un trimestre más”, añadió. Sin embargo, mencionó que al analizar los flujos entregados por la Policía de Investigaciones, “sí vemos que fue una disminución en septiembre, octubre y noviembre. Hay una baja relevante en los últimos tres meses con respecto a lo que había desde 2015”.
 
Además, Bellolio reconoció que hicieron algunos cambios por los derechos de los migrantes, indicando que “hoy las medidas están enfocadas en que las visas se pidan de forma consular, los procesos puedan ser digitales (…) Sincerar las opciones, ya que pueden entrar a Chile desde el día uno con carnet y visa. Eso mejora su inserción y el respeto a sus derechos”.
 
“Encontramos en los últimos dos años cerca de 45 mil contratos falsos”, reconoció. Ante esto, aseguró los empleadores se exponen a mayores multas y los trabajadores a que les rechacen la visa.

       
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Los amparados llegaron al país escapando de persecución política.
 
En fallo dividido, la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió recurso de amparo deducido por ciudadanos cubanos en contra de Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Los amparados señalan que son integrantes del mismo grupo familiar, quienes se desempeñaban en Cuba dentro de cargos de responsabilidad y como profesionales. Por razones de persecución política, se vieron en la necesidad de abandonar su país natal de forma súbita e intempestiva, debiendo arribar por dichas razones a esta república, buscado preservar y proteger su derecho a la vida, ya que el régimen impuesto en su país y las constantes amenazas de las cuales fueron víctimas en su momento los obligó a huir. Refieren que finalmente ingresan a Chile el 11 de marzo de 2019, y en condiciones extremas de agotamiento, se dirigieron inmediata y directamente a la policía chilena para informar su situación, de la misma manera que lo hicieron en Brasil, Perú y en donde estuvieron antes, ellos los condujeron a la PDI de Arica en donde se les entregó un documento como constancia de que por propia voluntad se entregaban y solicitaban sean acogidos y reconocidos como Refugiados en este país, aplicando a lo establecido por los acuerdos Internacionales que Chile actualmente acoge y dada las situaciones antes expuestas. Posteriormente se trasladaron de Arica a la ciudad Santiago, en donde se dirigieron de forma inmediata nuevamente al departamento de Migración de Santiago; allí se les entregó una cita para día 16 de agosto del presente año, no se hizo recepción de su solicitud de refugio, no se les permitió ser escuchados, y desde ese momento se les ha tenido a los amparados de oficina en oficina, en donde no se les ha permito siquiera exponer su condición y el peligro por su vida, llevan ocho meses en esa situación, desmejorando día a día sus condiciones de vida ya que actualmente no tienen posibilidad de ejercer su profesión y viven de trabajos informales, soportando privaciones y vulneraciones de derechos, todas por la falta de aplicación y atención a los derechos que constitucionalmente tiene cualquier habitante.
 
El recurrente señala que los actores concurren al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con fecha 19 de marzo de 2019, requiriendo información respecto de los trámites que deben realizar los extranjeros para regularizar su situación migratoria en Chile, al no contar con ingreso al territorio nacional por paso fronterizo habilitado y habiendo sido denunciados por ello, motivo por el cual el funcionario competente, extiende citación a los extranjeros para el día 16 de agosto de 2019, para así poder aclarar su situación migratoria con mayor detalle. En ese contexto, los extranjeros acuden el día 16 de agosto de 2019 para recibir orientación respecto de su situación migratoria, oportunidad en que se les comunicó respecto de la imposibilidad de formalizar solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los extranjeros que se encontraren con expulsiones vigentes.
 
En su sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso, concluyendo que los amparados al inicio del procedimiento solicitaron que se le reconociera la calidad de refugiado, lo cierto es que dicha solicitud no se puso a disposición en el más breve plazo, como dispone la ley, en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de refugiado; sino que, por el contrario, se ha retardado la tramitación oportuna a dicho requerimiento, omitiéndose las actuaciones tendientes a dar curso a dicha solicitud. Y porque la norma contenida en el artículo 32 inciso 3° de la Ley N° 20.430, sobre protección de refugiados, regula precisamente la situación que afecta al actor, no constituyendo la expulsión un impedimento para substanciar la solicitud que por esta vía se requiere. Que al obrarse de esta manera anterior, y al no darse cumplimiento de la norma legal expresada, se configura una amenaza seria al derecho a la libertad personal dado que, al no admitirse a tramitación las solicitudes de refugio, los amparados quedan expuestos a su expulsión del territorio nacional.
 
Por su parte, el Máximo Tribunal revocó el fallo, señalando que la materia objeto del recurso de amparo en estudio no es de aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, en cuanto no se divisa afectación ni a la libertad personal ni a la seguridad individual respecto de quien se acciona. Acordada con el voto en contra del Ministro Dahm, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada, al apreciar un obrar de la Administración contrario al principio de probidad que rige la función pública, pues se difiere la recepción de la solicitud de refugio de los amparados desde a marzo a agosto del presente año, para en el intertanto decretar su expulsión por ingreso clandestino, motivo que luego se invoca en agosto para no dar lugar a la tramitación de esa.

 
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Por Comunicaciones FASIC
 
Esta mañana se llevó a cabo la Mesa Regional Intersectorial de trata de personas, liderada por el seremi de Justicia, con la finalidad de informar sobre este delito que afecta tanto a ciudadanos chilenos como extranjeros para fines de explotación laboral y sexual.
 
La actividad consistió en una capacitación a los funcionarios que laboran en el paso fronterizo Los Libertadores, centrada en sensibilizar y entregar herramientas para la pesquisa de este delito, y de las estrategias y procedimientos de derivación pertinentes, considerando que la mayoría de las víctimas accede al país por pasos habilitados, atraídos por ofertas de trabajo falsas, promesas de éxito u otros engaños y delitos.
 
Al respecto el seremi José Tomás Bartolucci, se refirió a la importancia de la actividad organizada debido a que a través de ella se logra coordinar regionalmente el trabajo entre los diferentes servicios que laboran en torno a la trata, y recordó que este “es un delito que está tipificado en nuestro código penal que afecta a millones de personas en todo el mundo y que está presente, también, en nuestro país”.
 
En tanto la coordinadora del programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Daniela Madsen, señaló la importancia de visibilizar el delito dando a conocer “la caracterización de las víctimas, indicadores, pero también, damos cuenta, a través de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, la existencia de un protocolo intersectorial de atención a las víctimas donde el Estado chileno se hace responsable de la entrega de prestaciones en el ámbito de salud, regularización migratoria, prestaciones jurídicas, reinserción social laboral y educacional, y retorno asistido y protegido”.
 
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Mesa Intersectorial, Fabiola Cifuentes, señaló que la prevención “es fundamental para poder llevar este tema a los funcionarios públicos que tienen un primer acercamiento a los migrantes que ingresan al país, y para nosotros es fundamental que la puerta de entrada a nuestro país, que es el paso fronterizo de Los Libertadores, pueda ser realmente un espacio de protección, de información y que nos permita dar seguridad frente a un delito tan grave, una violación a los derechos humanos, como la trata de personas”.
 
Finalmente, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno, resaltó la importancia de “poner en valor que, tanto la trata de personas como la violencia de género son vulneraciones y atentados muy graves en contra de los Derechos Humanos”.

       
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ACNUR afirmó el 5 de diciembre de 2019 que 4,769,498 millones de ciudadanos de nacionalidad venezolana se encontraban en el exterior. De continuar las tendencias actuales, la cifra del éxodo venezolano llegaría a 6,5 millones para finales de 2020.
 
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Ese número de desplazamientos superaría a la mayor crisis de refugiados en el mundo: la de Siria. Ese país tuvo en 2018 a 6,7 millones de ciudadanos expulsados de su nación.
 
No obstante, existe un factor que diferencia a ambas crisis migratorias. Los millones de sirios que dejaron su país, lo hicieron porque este se encontraba en un conflicto bélico.
 
Por su parte, Venezuela no está en un conflicto armado, pero sus ciudadanos se han visto forzados a dejar su nación por la crisis política, social, económica y humanitaria que afronta.
 
Además, en comparación con la crisis siria, los migrantes y refugiados venezolanos no han contado con la misma financiación que se necesita para enfrentar este tipo de fenómeno.
 
ACNUR afirmó el 5 de diciembre de 2019 que 4.769.498 millones de ciudadanos de nacionalidad venezolana se encontraban en el exterior.
 
En Colombia se encuentra la mayor cantidad de migrantes venezolanos con 1.630.903; luego continúa Perú con 863.613; después sigue Ecuador con 385.042; más atrás Chile con 371.163; Estados Unidos con 351.144; Brasil con 224.102; Argentina con 145.000; Panamá con 94.596; México con 71.526 y República Dominicana con 30.000.
 
La lista de migrantes venezolanos continúa por varios países de América Latina y el Caribe, así como países de Europa y otros continentes.

       
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Según el informe que elaboró la ACNUR el desplazamiento forzado ocurre por amenazas de muerte, asesinato de familiares, extorsión o reclutamiento de menores.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó este miércoles que, entre 2014 y 2018, unas 247.090 personas han dejado sus viviendas en Honduras por la violencia registrada en sus localidades.
 
El estudio lleva por nombre "Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras" y revela que, de la cifra mencionada, el 77 por ciento abandonó sus lugares de residencia por violaciones de derechos humanos, mientras que más de 56.000 nacieron o se incorporaron a los hogares afectados tras el desplazamiento.
 
Por otro lado, el desplazamiento forzado por amenazas de muerte fue admitido por el 55 por ciento de los consultados; otro 40 por ciento reconoció que lo hizo por asesinatos de familiares; un 13 por ciento por extorsión, así como un 3 por ciento por reclutamiento de niños y adolescentes a bandas del crimen organizado.
 
El documento fue elaborado junto con la Secretaría de Derechos Humanos (DD.HH.) en Honduras analiza las causas de ese desplazamiento forzado y alerta sobre la necesidad de legislaciones para proteger a esas personas.
 
"Yo creo que es un instrumento valioso para la toma de decisiones importantes y urgentes”, manifestó la secretaria Karla Cueva durante la presentación del texto.
 
Por su parte, el representante de ACNUR en Honduras, Andrés Celis, lamentó la poca visibilidad de ese fenómeno, el cual ha sido identificado también por el Gobierno de esa nación, pero es poco analizado en el impacto en la sociedad.

       
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