Breve reseña de su compromiso con los Derechos Humanos
Luego del Golpe y la detención y muerte del general Alberto Bachelet, el 12 de marzo de 1974, tras sufrir un infarto de miocardio en la Cárcel Pública de Santiago, lugar donde había sido interrogado y torturado por sus propios compañeros de la FACh, Michelle Bachelet y Ángela Jeria se convirtieron inmediatamente en blanco de persecución y son detenidas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y llevadas al centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi.
Ambas fueron torturadas tanto psicológica como físicamente y sobrevivieron.
Al salir de Chile, Ángela Jeria se convirtió en activista. Estuvo en Australia, México, Cuba y la ex Unión Soviética denunciando los crímenes de la dictadura. Se radicó finalmente en la desaparecida República Democrática Alemana (RDA), donde trabajó como ayudante de investigación en un centro arqueológico. También estuvo en Bélgica y Francia, y en 1977 viajó a Estados Unidos para aportar su testimonio en el contexto de la investigación por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, ejecutado por agentes de la DINA en Washington DC en septiembre de 1976.
A fines de la década del ’70, la madre de Michelle pretendía viajar a Perú, donde proyectaba radicarse para estar más cerca de Chile. En 1979 , sin embargo, la sorprenden con la noticia que puede regresar al país.
En Chile se integra al Comité Pro-retorno, que promueve el regreso de todos los exiliados, trabaja en la Comisión de Derechos Humanos y participa activamente en las movilizaciones contra la dictadura, por lo que resulta detenida en al menos tres oportunidades.
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Ángela Jeria, fue una gran amiga y colaboradora de FASIC durante la dictadura.
“FASIC desarrolló una labor muy importante para Chile, para las personas y para todos los exiliados. Y esta es una manera de reconocer a gente que, aun arriesgando su vida, luchó para recuperar la democracia”, señaló Jeria el 8 de marzo del 2019, día en que nuestra fundación fue reconocida como Monumento Histórico y Sitio de Memoria.
En la foto de izquierda a derecha: Alicia Lira (AFEP), Angela Jeria, Veronica Reyna (abogada de FASIC) y Lorena Pizarro (AFDD)
Por Comunicaciones FASIC
En el día del Patrimonio es preciso recordar que una de las tareas primordiales de FASIC es la conservación y difusión del patrimonio documental. Nos hemos propuesto preservar la memoria histórica de los hechos ocurridos como consecuencia de la aplicación del terrorismo de Estado, en el período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
En el 2003 el archivo FASIC y su centro documentación fueron reconocidos por la UNESCO como parte del programa de Memoria del Mundo y Patrimonio de la Humanidad. En el archivo se encuentran registros de atención; informes sociales y médicos; escritos jurídicos; prensa, consejos de guerra, documentos sobre exilio, retorno, relegación, salud mental, testimonios de las represiones, entre otros.
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En el 2003 el archivo FASIC y su centro documentación fueron reconocidos por la UNESCO como parte del programa de Memoria del Mundo y Patrimonio de la Humanidad. En el archivo se encuentran registros de atención; informes sociales y médicos; escritos jurídicos; prensa, consejos de guerra, documentos sobre exilio, retorno, relegación, salud mental, testimonios de las represiones, entre otros.
En el año 2018 nuestra Fundación fue declarada Monumentos Nacional en la categoría de Monumento Histórico. Actualmente FASIC continúa con el incansable trabajo por los derechos de refugiados y migrantes en nuestro país.
Sobre la situación del INDH
7 de mayo de 2020
Las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (sobre la
relación entre deberes y derechos humanos, han abierto una controversia negativa para la labor
de esta institución. Relativizar la incondicionalidad de éstos últimos y olvidar que los deberes en
dicho ámbito son del Estado, debilita la capacidad del INDH para velar por el cumplimiento
efectivo de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. No se trata, por tanto,
de un a controversia sobre la validez o integridad doctrinaria de opiniones personales, sino de una
afectación al cumplimiento del mandato legal del Instituto de promover y proteger los derechos
humanos en el país.
Lamentablemente no se trata de un problema aislado, sino de una reiterada generación de
confusiones que han dado pie a fundadas críticas por parte de defensores y defensoras de
derechos humanos, académicos, desde el mundo político y de la sociedad civil en general. La
prolongación en el tiempo de este tipo de confusiones es grave, toda vez que afecta la credibilidad
y fortaleza técnica de las actuaciones de quien encabeza el INDH, así como la legitimidad que le
concede la ciudadanía, las que constituyen recursos fundamentales para el cumplimiento de las
tareas que le encomienda la ley.
Se trata de una controversia especialmente grave en el contexto de crisis de derechos humanos
que atraviesa el país, primero en el contexto del estallido social, y luego en el complejo escenario
actual del Covid 19. Se t rata de una realidad que ha sido reconocida y denunciada por múltiples
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ella afecta, por un lado, la
confianza que las víctimas de violaciones de derechos humanos deben tener en el INDH para exigir
su actuación y, por otro, su reconocimiento por parte de los distintos organismos del Estado para
acoger sus recomendaciones.
La situación requiere una rectificación pública y clara por parte del director sobre la
incondicionalidad de los derechos humano s. Así como un esfuerzo activo por integrar visiones que
permitan al Consejo avanzar planteamientos comunes. Ello ayudaría a despejar las dudas de que
su compromiso con estos derechos y por hacer efectivo el mandato legal del INDH está por sobre
la mantención de los equilibrios políticos que, dada la forma de integración del consejo del INDH,
este tiene. Es más, se requiere que en dicha integración se cumpla cabalmente con lo que la ley
exige a los/las Consejeras, esto es, contar con una trayectoria reconocida en materia de derechos
humanos, cuestión que como consta a las organizaciones de derechos humanos no es efectiva en
el caso de varios de sus integrantes.
Asimismo,exige un esfuerzo por reconstruir la confianza en la Institución, de modo que no existan
dudas en la población cuyos derechos humanos el INDH está llamado a promover y proteger,
sobre la plena autonomía que ostenta el organismo respecto del Estado y el actual gobierno.
El mismo esfuerzo que se exige al director, debe ser exigible a su Consejo el que debe tener
presente, más allá de las visiones políticas, filosóficas o religiosas de quienes lo componen, el
desafío que representa hacer efectiva la protección de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y los tratados que la ley manda ta al INDH en circunstancias tan especiales y
complejas como las que hoy enfrenta el país. En tal sentido, saludamos las voces de consejeras y
consejeros que han aclarado públicamente la incondicionalidad de los derechos humanos, el
mandato del INDH y cont ribuido así a defender la confianza en su actuación.
José Aylwin, presidente de Fundación Observatorio Ciudadano
Milagros Nehgme, directora ejecutiva de Corporación OPCIÓN
Claudio González, director de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC
Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram
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Sergio Laurenti, director ejecutivo de Good Neighbors Chile
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Según un reporte de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (Bitrap), un total de 376 personas fueron víctimas de tráfico de migrantes en 2019, frente a las 27 víctimas de 2017.
Por Comunicaciones FASIC
El secretario general de la Coordinadora de Migrantes de Chile, Rodolfo Noriega, explicó a Efe que este incremento se debe a la “rigidez” de la ley que regula los flujos migratorios -y que data de 1975-, pero “aún más a las medidas que ha tomado el actual Gobierno para restringir el acceso a extranjeros”. En abril de 2018, Piñera inició una campaña que buscaba regular las actividades migratorias del país bajo el polémico lema “ordenar la casa” emitiendo una serie de decretos que restringieron la otorgación de visados a los extranjeros.
Para el director del área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Juan Pablo Ramaciotti, los decretos produjeron una disminución del ingreso de extranjeros por cauces regulares pero “aumentaron los ingresos por pasos no habilitados y las bandas de tráfico y de trata de inmigrantes”
Entre las medidas del Ejecutivo, figuró la de imponer restricciones especiales a los extranjeros de Haití y Venezuela, dos de los tres países de los que Chile recibe más inmigrantes, impidiéndoles ingresar como turistas sin la necesidad de un visado consular como el resto de extranjeros.
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Según explicó a Efe la experta en Migración de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux, el sistema de visa diferenciado de los venezolanos perjudicó especialmente a los que llegaron en condiciones menos favorecidas, lo que provocó que “los más pobres se quedaran bloqueados en la frontera, maltratados”. Sin embargo, agregó la experta, es la comunidad haitiana la que sufre los problemas “más graves”, porque se les bloqueó la reunificación familiar, otorgándoles visados solo a los que vienen a hacer turismo.
La embarcación llevaba a ciudadanos turcos que intentaban entrar a Grecia a través del Mar Egeo. 1.300 solicitantes de asilo lograron llegar a las islas egeas.
Por Comunicaciones FASIC
Los guardacostas griegos y la policía de ese país arremetieron contra un bote de inmigrantes turcos, el cual llegaba a las costas de Grecia a través del Mar Egeo. Dispararon al aire para lograr "ahuyentar" a los migrantes, que llegaban después de que Turquía abriera la puerta para presionar a Europa y exigir su ayuda en la contienda contra el régimen de Asad y Rusia en Siria.
Pese a esto, las autoridades griegas, confirmaron que, entre domingo y lunes, 1.300 solicitantes de asilo lograron llegar a las islas egeas.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por su parte. acusó a Grecia de haber "disparado contra dos migrantes" el lunes y de haber herido gravemente a un tercero, sin dar más explicaciones. Anteriormente, el gobierno de Atenas había tachado de "noticia falsa" un video en el que se afirmaba que aparecía un migrante muerto.
Por la noche, durante una conversación telefónica con Angela Merkel, Erdogan reclamó a Europa que "se comparta de manera justa la carga". Frente a esta situación y para mostrar su solidaridad, los dirigentes de las instituciones europeas visitarán la zona fronteriza el martes, del lado griego.
Además, los ministros de Interior de la Unión Europea celebrarán una reunión extraordinaria el miércoles en Bruselas para ayudar a Grecia y a Bulgaria, cuyo primer ministro, Boiko Borissov, se reunió el lunes con Erdogan en Ankara.
Turquía, por su parte, acoge en su territorio a más de cuatro millones de refugiados y migrantes, la mayoría sirios, y ahora asegura que no es capaz de hacer frente a una ola migratoria. Mientras tanto, hay casi un millón de personas desplazadas por la ofensiva del régimen sirio en Idlib en la frontera turca.
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Por Comunicaciones FASIC
De acuerdo con datos del Consejo de Rectores, los estudiantes de origen haitiano que se inscribieron para rendir la PSU aumentaron alrededor de 47%.
Mientras que en el proceso 2019 postularon 1.159, en 2020 fueron 1.692; lo que los convierte en el grupo migrante más numeroso que participó.
En total, 7.196 jóvenes extranjeros contestaron la Prueba de Selección Universitaria.
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Tras los adolescentes haitianos, aparecen los peruanos y los venezolanos. En el caso de Perú, estos aumentaron en un 13% y Venezuela 134%.
Los datos muestran que un quinto de las causas se cerraron sin investigación y los procesos que involucran violaciones a los derechos humanos aumentaron considerablemente durante el primer mes de la revuelta.
Por Comunicaciones FASIC
Este miércoles, el Poder Judicial dio a conocer las cifras oficiales en relación al estallido social que inició el pasado 18 de octubre, hace cuatro meses. Según los datos que entregó, hubo una baja en la cantidad de causas ingresadas, pero un gran aumento de los procesos que involucran delitos por violaciones a los derechos humanos.
Dentro de los datos más relevantes se encuentra que las declaraciones de detenciones ilegales, por parte de los juzgados de garantía del país, fueron 1.928, lo que significa un aumento de un 77% en comparación al mismo período del año anterior.
La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, declaró que “las cifras, en definitiva, muestran un cambio en el comportamiento de las causas judicializadas en línea con las características propias del episodio que se inició el 18 de octubre de 2018″, aunque precisó que hubo “un ingreso menor total de causas en 2019“.
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Otro dato que llamó la atención fue que aproximadamente 1 de cada 5 causas concluyeron sin investigación, lo que equivale a más de 30.000. También, los datos muestran que los procesos por atropellos a los derechos fundamentales se concentraron durante el primer mes de la revuelta social, donde la cifra aumentó de 405 a 1.288.
"Las personas migrantes no somos ajenas al estallido social, solidarizamos con chilenas, chilenos, y los pueblos originarios. Deseamos cambios estructurales, con mayor participación ciudadana", declararon desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile.
Por Comunicaciones FASIC
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes marchó este domingo en el centro de Santiago, comprometiendo su apoyo a aprobar el cambio constitucional en el plebiscito del mes de abril y para protestar en contra de los abusos contra la comunidad extranjera cometidos por la Dirección de Extranjería de nuestro país.
Las organizaciones expresaron su postura a través de un comunicado donde señalan que “son diferentes motivos que nos llevan a marchar una vez más. La dificultad para obtener citas de atención, tanto en la Policía de Investigaciones de Chile, como el Departamento de Extranjería y Migración, los largos plazos de espera a los que se ven enfrentadas las personas migrantes para sus trámites y respuestas de visas, las expulsiones masivas, la violencia de género, el racismo estructural, el drama fronterizo y las multas para salir del país, la persecución a los comerciantes del espacio público, y las irregularidades que hubo en el proceso de regularización, entre otras razones”.
“Entre tanto”, continuaba el comunicado, “las personas migrantes no somos ajenas al estallido social, solidarizándonos con chilenas, chilenos, y los pueblos originarios, y desando cambios estructurales, con mayor participación ciudadana”.
En ese sentido, el presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile, Héctor Pujols, señaló que “el día de hoy, como Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y las diferentes organizaciones que lo integran, queremos anunciar que, de cara al plebiscito, del que hemos sido críticos, pero no nos vamos a restar, vamos a llamar al apruebo y a marcar Convención Constitucional, porque es la única forma de seguir peleando y seguir modificando las leyes que nos dejó la dictadura”.
Las organizaciones de migrantes agregan que “desde que inició la revuelta también hemos sido víctimas de la represión, y la xenofobia. Personas de diferentes nacionalidades han perdido la vida, y otras han sido detenidas”.
“Queremos soluciones a los abusos que hemos visto durante estos años, donde se nos ha culpado a la población migrante de todos los males de este país, incluso se dijo que en el estallido popular en las quemas de los metros habían sido cubanos y venezolanos, una vez más criminalizando a la población extranjera de este país. Y nosotros decimos que por suerte Chile despertó. Nosotros somos parte y vamos a cambiar esta sociedad y este país“, finalizó Pujols entre aplausos.
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