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Según un reporte de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (Bitrap), un total de 376 personas fueron víctimas de tráfico de migrantes en 2019, frente a las 27 víctimas de 2017.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
El secretario general de la Coordinadora de Migrantes de Chile, Rodolfo Noriega, explicó a Efe que este incremento se debe a la “rigidez” de la ley que regula los flujos migratorios -y que data de 1975-, pero “aún más a las medidas que ha tomado el actual Gobierno para restringir el acceso a extranjeros”. En abril de 2018, Piñera inició una campaña que buscaba regular las actividades migratorias del país bajo el polémico lema “ordenar la casa” emitiendo una serie de decretos que restringieron la otorgación de visados a los extranjeros.
 
Para el director del área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Juan Pablo Ramaciotti, los decretos produjeron una disminución del ingreso de extranjeros por cauces regulares pero “aumentaron los ingresos por pasos no habilitados y las bandas de tráfico y de trata de inmigrantes”
 
Entre las medidas del Ejecutivo, figuró la de imponer restricciones especiales a los extranjeros de Haití y Venezuela, dos de los tres países de los que Chile recibe más inmigrantes, impidiéndoles ingresar como turistas sin la necesidad de un visado consular como el resto de extranjeros.
 
Según explicó a Efe la experta en Migración de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux, el sistema de visa diferenciado de los venezolanos perjudicó especialmente a los que llegaron en condiciones menos favorecidas, lo que provocó que “los más pobres se quedaran bloqueados en la frontera, maltratados”. Sin embargo, agregó la experta, es la comunidad haitiana la que sufre los problemas “más graves”, porque se les bloqueó la reunificación familiar, otorgándoles visados solo a los que vienen a hacer turismo.

       
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La embarcación llevaba a ciudadanos turcos que intentaban entrar a Grecia a través del Mar Egeo. 1.300 solicitantes de asilo lograron llegar a las islas egeas.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
Los guardacostas griegos y la policía de ese país arremetieron contra un bote de inmigrantes turcos, el cual llegaba a las costas de Grecia a través del Mar Egeo. Dispararon al aire para lograr "ahuyentar" a los migrantes, que llegaban después de que Turquía abriera la puerta para presionar a Europa y exigir su ayuda en la contienda contra el régimen de Asad y Rusia en Siria.
 
Pese a esto, las autoridades griegas, confirmaron que, entre domingo y lunes, 1.300 solicitantes de asilo lograron llegar a las islas egeas.
 
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por su parte. acusó a Grecia de haber "disparado contra dos migrantes" el lunes y de haber herido gravemente a un tercero, sin dar más explicaciones. Anteriormente, el gobierno de Atenas había tachado de "noticia falsa" un video en el que se afirmaba que aparecía un migrante muerto.
 
Por la noche, durante una conversación telefónica con Angela Merkel, Erdogan reclamó a Europa que "se comparta de manera justa la carga". Frente a esta situación y para mostrar su solidaridad, los dirigentes de las instituciones europeas visitarán la zona fronteriza el martes, del lado griego.
 
Además, los ministros de Interior de la Unión Europea celebrarán una reunión extraordinaria el miércoles en Bruselas para ayudar a Grecia y a Bulgaria, cuyo primer ministro, Boiko Borissov, se reunió el lunes con Erdogan en Ankara.
 
Turquía, por su parte, acoge en su territorio a más de cuatro millones de refugiados y migrantes, la mayoría sirios, y ahora asegura que no es capaz de hacer frente a una ola migratoria. Mientras tanto, hay casi un millón de personas desplazadas por la ofensiva del régimen sirio en Idlib en la frontera turca.
       
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Por Comunicaciones FASIC
 
De acuerdo con datos del Consejo de Rectores, los estudiantes de origen haitiano que se inscribieron para rendir la PSU aumentaron alrededor de 47%.
 
Mientras que en el proceso 2019 postularon 1.159, en 2020 fueron 1.692; lo que los convierte en el grupo migrante más numeroso que participó.
 
En total, 7.196 jóvenes extranjeros contestaron la Prueba de Selección Universitaria.
 
Tras los adolescentes haitianos, aparecen los peruanos y los venezolanos. En el caso de Perú, estos aumentaron en un 13% y Venezuela 134%.

       
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Los datos muestran que un quinto de las causas se cerraron sin investigación y los procesos que involucran violaciones a los derechos humanos aumentaron considerablemente durante el primer mes de la revuelta.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
Este miércoles, el Poder Judicial dio a conocer las cifras oficiales en relación al estallido social que inició el pasado 18 de octubre, hace cuatro meses. Según los datos que entregó, hubo una baja en la cantidad de causas ingresadas, pero un gran aumento de los procesos que involucran delitos por violaciones a los derechos humanos.
 
Dentro de los datos más relevantes se encuentra que las declaraciones de detenciones ilegales, por parte de los juzgados de garantía del país, fueron 1.928, lo que significa un aumento de un 77% en comparación al mismo período del año anterior.
 
La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, declaró que “las cifras, en definitiva, muestran un cambio en el comportamiento de las causas judicializadas en línea con las características propias del episodio que se inició el 18 de octubre de 2018″, aunque precisó que hubo “un ingreso menor total de causas en 2019“.
 
Otro dato que llamó la atención fue que aproximadamente 1 de cada 5 causas concluyeron sin investigación, lo que equivale a más de 30.000. También, los datos muestran que los procesos por atropellos a los derechos fundamentales se concentraron durante el primer mes de la revuelta social, donde la cifra aumentó de 405 a 1.288.

       
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"Las personas migrantes no somos ajenas al estallido social, solidarizamos con chilenas, chilenos, y los pueblos originarios. Deseamos cambios estructurales, con mayor participación ciudadana", declararon desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes marchó este domingo en el centro de Santiago, comprometiendo su apoyo a aprobar el cambio constitucional en el plebiscito del mes de abril y para protestar en contra de los abusos contra la comunidad extranjera cometidos por la Dirección de Extranjería de nuestro país.
 
Las organizaciones expresaron su postura a través de un comunicado donde señalan que “son diferentes motivos que nos llevan a marchar una vez más. La dificultad para obtener citas de atención, tanto en la Policía de Investigaciones de Chile, como el Departamento de Extranjería y Migración, los largos plazos de espera a los que se ven enfrentadas las personas migrantes para sus trámites y respuestas de visas, las expulsiones masivas, la violencia de género, el racismo estructural,  el drama fronterizo y las multas para salir del país, la persecución a los comerciantes del espacio público, y las irregularidades que hubo en el proceso de regularización, entre otras razones”.
 
“Entre tanto”, continuaba el comunicado, “las personas migrantes no somos ajenas al estallido social, solidarizándonos con chilenas, chilenos, y los pueblos originarios, y desando cambios estructurales, con mayor participación ciudadana”.
 
En ese sentido, el presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile, Héctor Pujols, señaló que “el día de hoy, como Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y las diferentes organizaciones que lo integran, queremos anunciar que, de cara al plebiscito, del que hemos sido críticos, pero no nos vamos a restar, vamos a llamar al apruebo y a marcar Convención Constitucional, porque es la única forma de seguir peleando y seguir modificando las leyes que nos dejó la dictadura”.
 
Las organizaciones de migrantes agregan que “desde que inició la revuelta también hemos sido víctimas de la represión, y la xenofobia. Personas de diferentes nacionalidades han perdido la vida, y otras han sido detenidas”.
 
“Queremos soluciones a los abusos que hemos visto durante estos años, donde se nos ha culpado a la población migrante de todos los males de este país, incluso se dijo que en el estallido popular en las quemas de los metros habían sido cubanos y venezolanos, una vez más criminalizando a la población extranjera de este país. Y nosotros decimos que por suerte Chile despertó. Nosotros somos parte y vamos a cambiar esta sociedad y este país“, finalizó Pujols entre aplausos.
       
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En su trayectoria, destaca su férrea defensa a los Derechos Humanos. Trabajó en el Departamento Legal del Comité de Cooperación para la Paz en Chile y en Amnesty International, donde ocupó el cargo de secretario general adjunto y presidente.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
También fue parte de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia (Informe Rettig), integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre los años 2001 y 2004, y académico de la Universidad de Chile.
 
En 2003 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.
 
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lamentaron su deceso. “Su compromiso con los DD.HH. es tangible en toda su historia, marcada por su búsqueda de la justicia”.
 
El fallecido académico fue uno de los fundadores del Centro de DD.HH. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el equipo de este organismo destacó que el profesional fue “uno de los más destacados defensores de DD.HH. que ha tenido el país”.
 
“El profesor Zalaquett deja un legado al que queremos honrar con nuestro trabajo institucional, nuestro desempeño académico y la defensa inclaudicable por los DD.HH.”, recalcó.
 
Asimismo, subrayó “su labor y el momento señero en que se sumó a la iniciativa que permitió dar existencia al Centro de Derechos Humanos”. 
 
“Como consecuencia de ello, esta instancia académica puede cumplir una labor insustituible en la formación de los estudiantes de Derecho de nuestra casa de estudio y la capacitación de distintos actores de la comunidad política nacional, para coadyuvar a que los DD.HH. constituyan un pilar fundamental del Estado de derecho”, explicó.
 
Desde FASIC agradecemos el gran apoyo que José Zalaquett nos brindó desde nuestros inicios. Su legado de compromiso quedó plasmado en todos quienes defendemos los Derechos Humanos cada día.

       
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El Servel confirmó este lunes que más de 348 mil extranjeros residentes en Chile podrán sufragar el 26 de abril.
 
Por Comunicaciones FASIC
 
Un 68 por ciento de los extranjeros encuestados por el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca dijo que, de poder votar en el plebiscito del 26 de abril, aprobaría cambiar la Constitución.
 
El estudio "Inmigrantes y conflicto social en Chile" se formó con la opinión de 623 personas que llevan más de seis meses viviendo en el país, en su mayoría ciudadanos venezolanos, peruanos, colombianos y haitianos que residen en la Región Metropolitana.
 
Un 47% manifestó estar a favor del movimiento social, y además, el 92% piensa que se han cometido violaciones a los Derechos Humanos. Sobre las demandas, gran parte de los entrevistados manifestó que salud con un 87 %, Pensiones con un 46 %, educación con 45 % y pobreza con un 44 % son las más relevantes, coincidiendo con las de los chilenos.
 
En cuanto a la respuesta del Gobierno, los extranjeros residentes en Chile consultados en esta encuesta creen en un 47 % que el Ejecutivo ha sido lento para dar soluciones y en un 41 % siente que no se ha reaccionado para dar soluciones.
 
Asimismo, la mayoría, un 77%, consideró que las movilizaciones y protestas se han llevado a cabo de manera violenta y el 18% las considera pacíficas. Ante la consulta si ha participado en alguna forma de protesta para apoyar al movimiento, la respuesta fue positiva en  el 27,3%.
 
Respecto a una eventual participación en el plebiscito, el 66 por ciento pidió ser considerado, opción que se impuso antes de que el Servicio Electoral confirmara que 348.040 extranjeros residentes en el país podrán sufragar.

       
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Por Comunicaciones FASIC
 
FASIC y organismos de la sociedad civil se reunieron con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes están trabajando en un acabado informe sobre la situación de miles de personas migrantes que viven en nuestro país.
       
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Los amparados llegaron al país escapando de persecución política.
 
En fallo dividido, la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió recurso de amparo deducido por ciudadanos cubanos en contra de Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Los amparados señalan que son integrantes del mismo grupo familiar, quienes se desempeñaban en Cuba dentro de cargos de responsabilidad y como profesionales. Por razones de persecución política, se vieron en la necesidad de abandonar su país natal de forma súbita e intempestiva, debiendo arribar por dichas razones a esta república, buscado preservar y proteger su derecho a la vida, ya que el régimen impuesto en su país y las constantes amenazas de las cuales fueron víctimas en su momento los obligó a huir. Refieren que finalmente ingresan a Chile el 11 de marzo de 2019, y en condiciones extremas de agotamiento, se dirigieron inmediata y directamente a la policía chilena para informar su situación, de la misma manera que lo hicieron en Brasil, Perú y en donde estuvieron antes, ellos los condujeron a la PDI de Arica en donde se les entregó un documento como constancia de que por propia voluntad se entregaban y solicitaban sean acogidos y reconocidos como Refugiados en este país, aplicando a lo establecido por los acuerdos Internacionales que Chile actualmente acoge y dada las situaciones antes expuestas. Posteriormente se trasladaron de Arica a la ciudad Santiago, en donde se dirigieron de forma inmediata nuevamente al departamento de Migración de Santiago; allí se les entregó una cita para día 16 de agosto del presente año, no se hizo recepción de su solicitud de refugio, no se les permitió ser escuchados, y desde ese momento se les ha tenido a los amparados de oficina en oficina, en donde no se les ha permito siquiera exponer su condición y el peligro por su vida, llevan ocho meses en esa situación, desmejorando día a día sus condiciones de vida ya que actualmente no tienen posibilidad de ejercer su profesión y viven de trabajos informales, soportando privaciones y vulneraciones de derechos, todas por la falta de aplicación y atención a los derechos que constitucionalmente tiene cualquier habitante.
 
El recurrente señala que los actores concurren al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con fecha 19 de marzo de 2019, requiriendo información respecto de los trámites que deben realizar los extranjeros para regularizar su situación migratoria en Chile, al no contar con ingreso al territorio nacional por paso fronterizo habilitado y habiendo sido denunciados por ello, motivo por el cual el funcionario competente, extiende citación a los extranjeros para el día 16 de agosto de 2019, para así poder aclarar su situación migratoria con mayor detalle. En ese contexto, los extranjeros acuden el día 16 de agosto de 2019 para recibir orientación respecto de su situación migratoria, oportunidad en que se les comunicó respecto de la imposibilidad de formalizar solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los extranjeros que se encontraren con expulsiones vigentes.
 
En su sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso, concluyendo que los amparados al inicio del procedimiento solicitaron que se le reconociera la calidad de refugiado, lo cierto es que dicha solicitud no se puso a disposición en el más breve plazo, como dispone la ley, en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de refugiado; sino que, por el contrario, se ha retardado la tramitación oportuna a dicho requerimiento, omitiéndose las actuaciones tendientes a dar curso a dicha solicitud. Y porque la norma contenida en el artículo 32 inciso 3° de la Ley N° 20.430, sobre protección de refugiados, regula precisamente la situación que afecta al actor, no constituyendo la expulsión un impedimento para substanciar la solicitud que por esta vía se requiere. Que al obrarse de esta manera anterior, y al no darse cumplimiento de la norma legal expresada, se configura una amenaza seria al derecho a la libertad personal dado que, al no admitirse a tramitación las solicitudes de refugio, los amparados quedan expuestos a su expulsión del territorio nacional.
 
Por su parte, el Máximo Tribunal revocó el fallo, señalando que la materia objeto del recurso de amparo en estudio no es de aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, en cuanto no se divisa afectación ni a la libertad personal ni a la seguridad individual respecto de quien se acciona. Acordada con el voto en contra del Ministro Dahm, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada, al apreciar un obrar de la Administración contrario al principio de probidad que rige la función pública, pues se difiere la recepción de la solicitud de refugio de los amparados desde a marzo a agosto del presente año, para en el intertanto decretar su expulsión por ingreso clandestino, motivo que luego se invoca en agosto para no dar lugar a la tramitación de esa.

 
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