Formada en el contexto de la llegada del COVID-19 a Chile, sus miembros creen necesario eliminar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) como requisito para ejercer la medicina en el país.
¿La cuarentena debe ser estricta?, ¿corre riesgo mi hijo si tiene asma?, ¿ha logrado Venezuela controlar el coronavirus?
Estas son algunas de las preguntas que Reygor Díaz Martínez responde a través de Instagram, y que son formuladas por personas migrantes residentes en Chile.
Díaz es un médico cirujano nacido en Venezuela y trabaja en Atención Primaria de Salud de un hospital de Ancud, en la isla de Chiloé. Él y otros médicos extranjeros residentes en el país se agruparon hace no más de una semana, por iniciativa de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en una brigada que pretende colaborar con las dudas de la comunidad a la que pertenecen, pero también estar prestos a reforzar el sistema de salud pública cuando sea necesario.
Crítico de la falta de rigor en las medidas tomadas por el Gobierno y la efectividad de los canales de información utilizados, Díaz conversó con nuestro medio y se refirió a lo que, en su experiencia, ha sido la principal duda que la comunidad migrante tiene respecto del COVID-19.
“Tiene que ver principalmente con personas que están en condiciones irregulares, que no tienen papeles ni un RUT. Para ellos es importante que sepan que actualmente en Chile, independientemente de la condición migratoria que poseen, tienen acceso a la red pública de salud chilena”, indicó.
A casi mil kilómetros de distancia, en la ciudad de Rancagua, otra médico también participa activamente de esta agrupación, tal cual lo hizo en anteriores oportunidades para la llamada Brigada de la Plaza Dignidad, en el contexto de las manifestaciones de los últimos meses.
Aunque prefirió ocultar su identidad, debido a su trabajo en un hospital público, la integrante colombiana de la Brigada Migrante de Salud entregó su postura respecto del manejo que ha tenido el Gobierno ante esta crisis y la forma en la que se está viviendo desde el personal médico.
“Necesitamos medidas más radicales. Con esto me refiero a una cuarentena obligatoria para proteger a la gente, ya que el sistema de salud chileno, como la mayoría de sistemas de salud del mundo, no está preparado para asumir esta pandemia. Aquí partimos con un déficit de insumos, infraestructura y de personal. Entonces, hay que tomar medidas mucho específicas”, indicó.
Y justamente hacer frente al déficit de personal en el área pública de la salud es una de las razones que llevó a la conformación de este grupo, cuya medida propuesta tiene que ver con la anulación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), que permitiría sumar un importante contingente de mano de obra extranjera capacitada.
“El examen Eunacom es sumamente caro. Cada país es autónomo sobre los medios para revalidar a un profesional de la salud, porque es importante revalidar al profesional de la salud extranjero; pero en este momento de contingencia, se debería dar más oportunidad a todos esos profesionales de la salud que aún no estamos ejerciendo, y que hasta por vocación lo queremos hacer”, manifestó.
Tal cual ha sucedido en otras iniciativas formuladas ante la crisis sanitaria, lo propuesto por la Brigada Migrante, cabe resaltar, no es ajeno a lo que ocurre en otras partes del mundo.
En Buenos Aires, Argentina, diversos municipios lograron sumar esta semana a más de 400 médicos venezolanos que no tenían sus títulos revalidados, lo que se logró a través de un decreto oficial promulgado en medio de la contingencia.
Para contactar con la Brigada Migrante de Salud puede revisar su cuenta de Instagram en: @brigadamigrantedesalud.
Fuente: Diario Universidad de Chile.
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Estas condiciones pueden dificultar no sólo el enfrentar la enfermedad, sino también el llevar a cabo una cuarentena.
Por Comunicaciones FASIC
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes solicitó al gobierno tomar medidas, entre ellas atención de salud garantizada para todas las personas extranjeras indistintamente de su situación migratoria.
“En un sistema que es subsidiario de la salud, que no es que garantice la salud como derecho sino que la subsidia, lo pagan todos los trabajadores en Fonasa, significa que las personas que no tienen el rut o ni siquiera la inscripción provisoria en Fonasa no puede atenderse, y cómo se puede establecer medidas de control, barreras para que no se propague una enfermedad como esta si es que tu tienes sin acceso a la población, a cierto sector de la población, a este servicio”, comentó el secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega.
Por otra parte, Noriega señaló que esta emergencia sanitaria ha derribado prejuicios que históricamente han recaído sobre las naciones más pobres o menos desarrolladas.
“Creo que no se pueden seguir sosteniendo los patrones de vida que hemos mantenido, los sistemas que han permitido y que permiten eso, la exclusión de las grandes mayorías de los servicios sanitarios, del acceso en calidad a los medios de subsistencia. Esta xenofobia que alienta la segregación, que alienta los racismos, la separación de los pueblos se cae. En el caso del COVID-19 es patético como han quedado en ridículo, el país que no tiene infectados en el continente aún es Haití, el país más pobre el país, más relegado ¿será porque no van los europeos a Haití?”.
En este contexto es de suma importancia, según comentaron desde la Coordinadora, que las medidas de gobierno que se vayan tomando en función de esta emergencia de salud los incluyan y garanticen su atención.
Además, piden la elaboración y difusión de material informativo de prevención en los principales idiomas de las personas extranjeras en Chile, renovación automática de visas de residencia temporaria, así como el estampado electrónico de las prórrogas y de las visas.
Junto a ello regularización migratoria extraordinaria partiendo por el registro y cedulación a efectos de tener actualizada la información del Registro Civil, permitir que todos los residentes extranjeros que estuvieran fuera del país puedan retornar y no limitar esto a los que tienen permanencia definitiva, la incorporación como personal de atención de salud a las personas extranjeras residentes en Chile que tengan titulación en el área, entre otras solicitudes.
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La embarcación llevaba a ciudadanos turcos que intentaban entrar a Grecia a través del Mar Egeo. 1.300 solicitantes de asilo lograron llegar a las islas egeas.
Por Comunicaciones FASIC
Los guardacostas griegos y la policía de ese país arremetieron contra un bote de inmigrantes turcos, el cual llegaba a las costas de Grecia a través del Mar Egeo. Dispararon al aire para lograr "ahuyentar" a los migrantes, que llegaban después de que Turquía abriera la puerta para presionar a Europa y exigir su ayuda en la contienda contra el régimen de Asad y Rusia en Siria.
Pese a esto, las autoridades griegas, confirmaron que, entre domingo y lunes, 1.300 solicitantes de asilo lograron llegar a las islas egeas.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por su parte. acusó a Grecia de haber "disparado contra dos migrantes" el lunes y de haber herido gravemente a un tercero, sin dar más explicaciones. Anteriormente, el gobierno de Atenas había tachado de "noticia falsa" un video en el que se afirmaba que aparecía un migrante muerto.
Por la noche, durante una conversación telefónica con Angela Merkel, Erdogan reclamó a Europa que "se comparta de manera justa la carga". Frente a esta situación y para mostrar su solidaridad, los dirigentes de las instituciones europeas visitarán la zona fronteriza el martes, del lado griego.
Además, los ministros de Interior de la Unión Europea celebrarán una reunión extraordinaria el miércoles en Bruselas para ayudar a Grecia y a Bulgaria, cuyo primer ministro, Boiko Borissov, se reunió el lunes con Erdogan en Ankara.
Turquía, por su parte, acoge en su territorio a más de cuatro millones de refugiados y migrantes, la mayoría sirios, y ahora asegura que no es capaz de hacer frente a una ola migratoria. Mientras tanto, hay casi un millón de personas desplazadas por la ofensiva del régimen sirio en Idlib en la frontera turca.
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Por Comunicaciones FASIC
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió una orden de no innovar y detuvo la expulsión de dos ciudadanos venezolanos que entraron al país de manera irregular. Ambos profesionales fueron engañados en Perú con la falsa promesa de ingresar a Chile a través de una ruta segura, previo pago de 30 dólares cada uno.
En su país, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se encontraban en una situación de eventual amenaza a su integridad por la persecución política de la cual habrían sido víctimas, por manifestar su rechazo al Gobierno, por lo que entre otras consecuencias, no podían ejercer sus profesiones de arquitecto e ingeniero en petróleo y de paramédica y farmacéutica.
De acuerdo al relato entregado por ambas víctimas al INDH, policías peruanos les permitieron el paso hacia la frontera entre Tacna y Arica, y les indicaron que debían caminar hacia Chile a través de la línea férrea, sin informarles que en dicha zona existen minas antipersonales que ponían en riesgo sus vidas.
Ya en Chile los ciudadanos venezolanos iniciaron los trámites para regularizar su situación migratoria y elevaron solicitudes de reconsideración al Departamento de Migración y Extranjería a fin de conseguir visa, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
En paralelo, la Intendencia de Arica y Parinacota ordenó la expulsión de estas dos personas, razón por la cual el INDH de Aysén, zona donde residen estos migrantes, presentó un recurso de amparo en su favor.
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Por Comunicaciones FASIC
De acuerdo con datos del Consejo de Rectores, los estudiantes de origen haitiano que se inscribieron para rendir la PSU aumentaron alrededor de 47%.
Mientras que en el proceso 2019 postularon 1.159, en 2020 fueron 1.692; lo que los convierte en el grupo migrante más numeroso que participó.
En total, 7.196 jóvenes extranjeros contestaron la Prueba de Selección Universitaria.
Tras los adolescentes haitianos, aparecen los peruanos y los venezolanos. En el caso de Perú, estos aumentaron en un 13% y Venezuela 134%.
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Autoridades mexicanas, privados y la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas insertan a las personas refugiadas y desplazados en programa de empleo y aseguraron que es un gran aporte para la economía.
Por Comunicaciones FASIC
El Gobierno de México y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se preparan para brindarles empleo en el país a por lo menos 20 mil refugiados durante el 2020, con el proyecto que funciona desde el 2016 en el país y para el que este año la Unión Europea (UE) aportará 4.3 millones de dólares.
Durante el 2019, y bajo el mismo programa que reactivan este 2020, empresas radicadas en México contrataron unos 6700 refugiados, que a su vez contribuyeron con su trabajo al país con alrededor de 40.6 millones de pesos, unos 2 millones de dólares.
Para complementar el programa de empleo a refugiados también se realizarán actividades con organizaciones patronales, sindicatos, empresas privadas, organizaciones civiles y medios de comunicación para promover la integración y visualización de los aportes de las personas refugiadas.
Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), durante el 2019 México recibió 70 302 solicitudes de refugio, número que esperan se multiplique este 2020, ya que sólo en enero, con 5936 solicitudes, superaron en 50 % las del mismo mes del año anterior.
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El Servel confirmó este lunes que más de 348 mil extranjeros residentes en Chile podrán sufragar el 26 de abril.
Por Comunicaciones FASIC
Un 68 por ciento de los extranjeros encuestados por el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca dijo que, de poder votar en el plebiscito del 26 de abril, aprobaría cambiar la Constitución.
El estudio "Inmigrantes y conflicto social en Chile" se formó con la opinión de 623 personas que llevan más de seis meses viviendo en el país, en su mayoría ciudadanos venezolanos, peruanos, colombianos y haitianos que residen en la Región Metropolitana.
Un 47% manifestó estar a favor del movimiento social, y además, el 92% piensa que se han cometido violaciones a los Derechos Humanos. Sobre las demandas, gran parte de los entrevistados manifestó que salud con un 87 %, Pensiones con un 46 %, educación con 45 % y pobreza con un 44 % son las más relevantes, coincidiendo con las de los chilenos.
En cuanto a la respuesta del Gobierno, los extranjeros residentes en Chile consultados en esta encuesta creen en un 47 % que el Ejecutivo ha sido lento para dar soluciones y en un 41 % siente que no se ha reaccionado para dar soluciones.
Asimismo, la mayoría, un 77%, consideró que las movilizaciones y protestas se han llevado a cabo de manera violenta y el 18% las considera pacíficas. Ante la consulta si ha participado en alguna forma de protesta para apoyar al movimiento, la respuesta fue positiva en el 27,3%.
Respecto a una eventual participación en el plebiscito, el 66 por ciento pidió ser considerado, opción que se impuso antes de que el Servicio Electoral confirmara que 348.040 extranjeros residentes en el país podrán sufragar.
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