Por Comunicaciones FASIC
De acuerdo a las cifras entregadas, en enero de 2019 cerca de 26 mil solicitaron esta visa, pero en noviembre fueron 17 mil. Sin embargo, se han consolidado las solicitudes de residencia definitiva. “Por primera vez, si contamos las permanencias definitivas que están esperando ser ingresadas, tenemos más solicitudes de permanencia definitiva que nuevas visas”, señaló el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio y agregó que “el cambio que hemos visto con respecto a 2018 es que en este último trimestre han disminuido considerablemente esta visa con foco laboral”.
Según Bellolio, para ver efectivamente el reflejo en la visa, necesitamos al menos un trimestre más”, añadió. Sin embargo, mencionó que al analizar los flujos entregados por la Policía de Investigaciones, “sí vemos que fue una disminución en septiembre, octubre y noviembre. Hay una baja relevante en los últimos tres meses con respecto a lo que había desde 2015”.
Además, Bellolio reconoció que hicieron algunos cambios por los derechos de los migrantes, indicando que “hoy las medidas están enfocadas en que las visas se pidan de forma consular, los procesos puedan ser digitales (…) Sincerar las opciones, ya que pueden entrar a Chile desde el día uno con carnet y visa. Eso mejora su inserción y el respeto a sus derechos”.
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“Encontramos en los últimos dos años cerca de 45 mil contratos falsos”, reconoció. Ante esto, aseguró los empleadores se exponen a mayores multas y los trabajadores a que les rechacen la visa.
Los amparados llegaron al país escapando de persecución política.
En fallo dividido, la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió recurso de amparo deducido por ciudadanos cubanos en contra de Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Los amparados señalan que son integrantes del mismo grupo familiar, quienes se desempeñaban en Cuba dentro de cargos de responsabilidad y como profesionales. Por razones de persecución política, se vieron en la necesidad de abandonar su país natal de forma súbita e intempestiva, debiendo arribar por dichas razones a esta república, buscado preservar y proteger su derecho a la vida, ya que el régimen impuesto en su país y las constantes amenazas de las cuales fueron víctimas en su momento los obligó a huir. Refieren que finalmente ingresan a Chile el 11 de marzo de 2019, y en condiciones extremas de agotamiento, se dirigieron inmediata y directamente a la policía chilena para informar su situación, de la misma manera que lo hicieron en Brasil, Perú y en donde estuvieron antes, ellos los condujeron a la PDI de Arica en donde se les entregó un documento como constancia de que por propia voluntad se entregaban y solicitaban sean acogidos y reconocidos como Refugiados en este país, aplicando a lo establecido por los acuerdos Internacionales que Chile actualmente acoge y dada las situaciones antes expuestas. Posteriormente se trasladaron de Arica a la ciudad Santiago, en donde se dirigieron de forma inmediata nuevamente al departamento de Migración de Santiago; allí se les entregó una cita para día 16 de agosto del presente año, no se hizo recepción de su solicitud de refugio, no se les permitió ser escuchados, y desde ese momento se les ha tenido a los amparados de oficina en oficina, en donde no se les ha permito siquiera exponer su condición y el peligro por su vida, llevan ocho meses en esa situación, desmejorando día a día sus condiciones de vida ya que actualmente no tienen posibilidad de ejercer su profesión y viven de trabajos informales, soportando privaciones y vulneraciones de derechos, todas por la falta de aplicación y atención a los derechos que constitucionalmente tiene cualquier habitante.
El recurrente señala que los actores concurren al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con fecha 19 de marzo de 2019, requiriendo información respecto de los trámites que deben realizar los extranjeros para regularizar su situación migratoria en Chile, al no contar con ingreso al territorio nacional por paso fronterizo habilitado y habiendo sido denunciados por ello, motivo por el cual el funcionario competente, extiende citación a los extranjeros para el día 16 de agosto de 2019, para así poder aclarar su situación migratoria con mayor detalle. En ese contexto, los extranjeros acuden el día 16 de agosto de 2019 para recibir orientación respecto de su situación migratoria, oportunidad en que se les comunicó respecto de la imposibilidad de formalizar solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los extranjeros que se encontraren con expulsiones vigentes.
En su sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso, concluyendo que los amparados al inicio del procedimiento solicitaron que se le reconociera la calidad de refugiado, lo cierto es que dicha solicitud no se puso a disposición en el más breve plazo, como dispone la ley, en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de refugiado; sino que, por el contrario, se ha retardado la tramitación oportuna a dicho requerimiento, omitiéndose las actuaciones tendientes a dar curso a dicha solicitud. Y porque la norma contenida en el artículo 32 inciso 3° de la Ley N° 20.430, sobre protección de refugiados, regula precisamente la situación que afecta al actor, no constituyendo la expulsión un impedimento para substanciar la solicitud que por esta vía se requiere. Que al obrarse de esta manera anterior, y al no darse cumplimiento de la norma legal expresada, se configura una amenaza seria al derecho a la libertad personal dado que, al no admitirse a tramitación las solicitudes de refugio, los amparados quedan expuestos a su expulsión del territorio nacional.
Por su parte, el Máximo Tribunal revocó el fallo, señalando que la materia objeto del recurso de amparo en estudio no es de aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, en cuanto no se divisa afectación ni a la libertad personal ni a la seguridad individual respecto de quien se acciona. Acordada con el voto en contra del Ministro Dahm, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada, al apreciar un obrar de la Administración contrario al principio de probidad que rige la función pública, pues se difiere la recepción de la solicitud de refugio de los amparados desde a marzo a agosto del presente año, para en el intertanto decretar su expulsión por ingreso clandestino, motivo que luego se invoca en agosto para no dar lugar a la tramitación de esa.
Fuente: Diario Constitucional https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2020/01/16/cs-revoco-fallo-y-rechazo-amparo-en-contra-de-ministerio-del-interior-y-seguridad-publica-que-no-recibio-solicitudes-de-refugio/
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Esta mañana se llevó a cabo la Mesa Regional Intersectorial de trata de personas, liderada por el seremi de Justicia, con la finalidad de informar sobre este delito que afecta tanto a ciudadanos chilenos como extranjeros para fines de explotación laboral y sexual.
La actividad consistió en una capacitación a los funcionarios que laboran en el paso fronterizo Los Libertadores, centrada en sensibilizar y entregar herramientas para la pesquisa de este delito, y de las estrategias y procedimientos de derivación pertinentes, considerando que la mayoría de las víctimas accede al país por pasos habilitados, atraídos por ofertas de trabajo falsas, promesas de éxito u otros engaños y delitos.
Al respecto el seremi José Tomás Bartolucci, se refirió a la importancia de la actividad organizada debido a que a través de ella se logra coordinar regionalmente el trabajo entre los diferentes servicios que laboran en torno a la trata, y recordó que este “es un delito que está tipificado en nuestro código penal que afecta a millones de personas en todo el mundo y que está presente, también, en nuestro país”.
En tanto la coordinadora del programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Daniela Madsen, señaló la importancia de visibilizar el delito dando a conocer “la caracterización de las víctimas, indicadores, pero también, damos cuenta, a través de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, la existencia de un protocolo intersectorial de atención a las víctimas donde el Estado chileno se hace responsable de la entrega de prestaciones en el ámbito de salud, regularización migratoria, prestaciones jurídicas, reinserción social laboral y educacional, y retorno asistido y protegido”.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Mesa Intersectorial, Fabiola Cifuentes, señaló que la prevención “es fundamental para poder llevar este tema a los funcionarios públicos que tienen un primer acercamiento a los migrantes que ingresan al país, y para nosotros es fundamental que la puerta de entrada a nuestro país, que es el paso fronterizo de Los Libertadores, pueda ser realmente un espacio de protección, de información y que nos permita dar seguridad frente a un delito tan grave, una violación a los derechos humanos, como la trata de personas”.
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Finalmente, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno, resaltó la importancia de “poner en valor que, tanto la trata de personas como la violencia de género son vulneraciones y atentados muy graves en contra de los Derechos Humanos”.
ACNUR afirmó el 5 de diciembre de 2019 que 4,769,498 millones de ciudadanos de nacionalidad venezolana se encontraban en el exterior. De continuar las tendencias actuales, la cifra del éxodo venezolano llegaría a 6,5 millones para finales de 2020.
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Ese número de desplazamientos superaría a la mayor crisis de refugiados en el mundo: la de Siria. Ese país tuvo en 2018 a 6,7 millones de ciudadanos expulsados de su nación.
No obstante, existe un factor que diferencia a ambas crisis migratorias. Los millones de sirios que dejaron su país, lo hicieron porque este se encontraba en un conflicto bélico.
Por su parte, Venezuela no está en un conflicto armado, pero sus ciudadanos se han visto forzados a dejar su nación por la crisis política, social, económica y humanitaria que afronta.
Además, en comparación con la crisis siria, los migrantes y refugiados venezolanos no han contado con la misma financiación que se necesita para enfrentar este tipo de fenómeno.
ACNUR afirmó el 5 de diciembre de 2019 que 4.769.498 millones de ciudadanos de nacionalidad venezolana se encontraban en el exterior.
En Colombia se encuentra la mayor cantidad de migrantes venezolanos con 1.630.903; luego continúa Perú con 863.613; después sigue Ecuador con 385.042; más atrás Chile con 371.163; Estados Unidos con 351.144; Brasil con 224.102; Argentina con 145.000; Panamá con 94.596; México con 71.526 y República Dominicana con 30.000.
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La lista de migrantes venezolanos continúa por varios países de América Latina y el Caribe, así como países de Europa y otros continentes.
Según el informe que elaboró la ACNUR el desplazamiento forzado ocurre por amenazas de muerte, asesinato de familiares, extorsión o reclutamiento de menores.
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La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó este miércoles que, entre 2014 y 2018, unas 247.090 personas han dejado sus viviendas en Honduras por la violencia registrada en sus localidades.
El estudio lleva por nombre "Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras" y revela que, de la cifra mencionada, el 77 por ciento abandonó sus lugares de residencia por violaciones de derechos humanos, mientras que más de 56.000 nacieron o se incorporaron a los hogares afectados tras el desplazamiento.
Por otro lado, el desplazamiento forzado por amenazas de muerte fue admitido por el 55 por ciento de los consultados; otro 40 por ciento reconoció que lo hizo por asesinatos de familiares; un 13 por ciento por extorsión, así como un 3 por ciento por reclutamiento de niños y adolescentes a bandas del crimen organizado.
El documento fue elaborado junto con la Secretaría de Derechos Humanos (DD.HH.) en Honduras analiza las causas de ese desplazamiento forzado y alerta sobre la necesidad de legislaciones para proteger a esas personas.
"Yo creo que es un instrumento valioso para la toma de decisiones importantes y urgentes”, manifestó la secretaria Karla Cueva durante la presentación del texto.
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Por su parte, el representante de ACNUR en Honduras, Andrés Celis, lamentó la poca visibilidad de ese fenómeno, el cual ha sido identificado también por el Gobierno de esa nación, pero es poco analizado en el impacto en la sociedad.
Participaron más de 50 representantes de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales durante tres jornadas.
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Durante el 13, 14 y 15 de noviembre 30 organizaciones de la sociedad civil junto con organismos e instituciones de derechos humanos y defensa de las personas refugiadas de la región sudamericana se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires en el VII Encuentro de la Red de Protección de Fronteras: caminando hacia fronteras solidarias y seguras, una iniciativa apoyada por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y UNICEF.
“Este encuentro es muy importante para asegurar el intercambio de ideas, información y buenas prácticas destinado a fortalecer y mejorar el trabajo en frontera en la situación compleja que la región está viviendo actualmente”, destacó Alexandra Krause, Representante Adjunta del ACNUR.
“El trabajo en red fortalece en diferentes sentidos: permite mejorar el trabajo que llevamos adelante con la población de interés, nos brinda mayores oportunidades para conocer los servicios, generar vínculos de confianza y favorecer el diálogo”, opinó Gabriela Liguori, coordinadora general de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF).
“La importancia de la Red radica en que podamos articular acciones para proteger los derechos de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional: principalmente el tránsito seguro, atención de incidentes de protección en las fronteras, mejorar acciones de acogida y de integración una vez que llegan a países de destino”, agregó Elizabeth San Martín, coordinadora del Programa de Migración y Refugio de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) en Chile.
La Red tiene el objetivo de compartir un diagnóstico de la situación de las fronteras y del trabajo en el terreno, identificar riesgos de protección y coordinar actividades transfronterizas de prevención, respuesta y abogacía para el resguardo de los derechos personas y familias migrantes y refugiadas a lo largo del corredor andino. Asimismo, constituye un espacio el fortalecimiento y consolidación del trabajo en red y la definición de estrategias dirigidas a promover el respeto de los Derechos Humanos de las personas en situación de movilidad, así como la identificación oportuna de las personas que requieren protección internacional o tienen otras necesidades de protección específicas.
César Ruiz, coordinador nacional de Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad en Perú explicó las diferentes líneas de trabajo que tiene la organización a nivel nacional: “En la frontera norte con Ecuador y en la frontera sur con Chile nuestra intervención tiene un punto de vista legal, con una clínica jurídica que brinda asistencia y orientación legal y una línea asistencial humanitaria que busca cubrir necesidades básicas de la población en tránsito”.
Por su parte, José Kevin Riveros, coordinador local de Cruz Roja Boliviana, compartió la respuesta conjunta que se está brindando en la frontera con Perú en el marco del Punto de Atención y Orientación (PAO) recientemente inaugurado con el apoyo del ACNUR: “En Desaguadero ofrecemos servicios de restablecimiento del contacto entre familiares mediante llamadas telefónicas gratuitas, recarga del celular y mensajes escritos, entrega de kits de ayuda humanitaria de primeros auxilios, higiene personal y atención básica en salud”.
En años anteriores, el encuentro de la Red de Protección en Fronteras se realizó en Iquique (2013), Tacna (2014), Arica (2015), Lima (2016), Santiago (2017) y nuevamente Arica (2018). En todas las ocasiones contó con la participación de más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil. Este año en particular, la Red cuenta con el mayor número de organizaciones en el terreno realizando un trabajo de protección fundamental en fronteras en un contexto regional desafiante.
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Ambas instituciones se reunieron para hacer un análisis y proyecciones sobre la situación política y social por la que atraviesa el país con la finalidad de ver un posible trabajo conjunto.
Por Comunicaciones FASIC
FASIC, como organización defensora de los Derechos Humanos, expresó que las manifestaciones de estos días forman parte de la inconformidad de una sociedad cada días más desigual y que no es garante de ningún derecho básico.
Por su parte, Cruz Roja a entregado alarmantes cifras de heridos tras las manifestaciones. “Las cifras que dio el Instituto Nacional de Derechos Humanos de heridos es de 1570, se quedan cortos, porque son alrededor de 2500”, ha señalado este domingo el presidente de Cruz Roja en Chile, Patricio Acosta.
De esta forma el funcionario de la Cruz Roja ha cuestionado el balance del Gobierno sobre el número de heridos que ha dejado las protestas que se suceden en el país austral desde el 17 de octubre pasado.
La Cruz Roja no ha contabilizado las personas que tienen cortes o heridas pequeñas, sino solo ha incluido a las personas que han sufrido lesiones serias y graves, ha precisado Acosta.
De igual modo, ha aclarado que la Cruz Roja tampoco ha considerado los efectos de los gases lacrimógenos, por los que muchos recurren a asistencia con problemas en la vista o en la piel, porque, los terminan derivando o pidiéndoles salir de la zona. Cruz Roja cree que la cifra es mayor.
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A los movimientos sociales de Chile, convocamos a que asuman como un punto esencial del petitorio nacional, la migración como un derecho", expresó la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.
Por Comunicaciones FASIC
“Condenamos los asesinatos por parte de agentes del Estado durante las protestas y exigimos justicia. En el caso de las personas migrantes, exhortamos a los consulados de los países de origen a que se pronuncien y actúen ante asesinatos, desapariciones, violaciones, torturas, y demás vulneraciones de Derechos humanos a sus ciudadanos y ciudadanas“, agregaron en su declaración Pública.
Igualmente, el grupo hizo un llamado a los movimientos sociales de Chile “a que asuman como un punto esencial del petitorio nacional, la migración como un derecho, y la lucha contra la política antimigrante y racista de este gobierno”.
Asimismo, solicitan al Departamento de Extranjería y Migración que aplace el fin del proceso de regularización fijado para este 22 de octubre. “En la situación actual, consideramos que no hay condiciones ni garantías para cerrar un proceso del cual dependen miles de personas migrantes”, plantearon.
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“La represión y violación de Derechos Humanos ejercida durante los últimos días no soluciona el problema estructural. Para avanzar a una solución acordada del conflicto actual, se deben atender las demandas de los pueblos que habitan este territorio, enfrentando la desigualdad y la exclusión, y considerando la Asamblea Constituyente como una alternativa”, añadieron.
Tres menores de edad que estaban varados en el paso Colchane, en la frontera con Bolivia, lograron reencontrarse con su madre que reside hace 2 años en Chile.
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Alrededor de dos semanas estuvieron los tres niños venezolanos intentando ingresar a territorio chileno para reencontrarse con su madre, Karina Martínez, quien reside desde el 2017 en Chile y cuenta con visa profesional. Tras la negativa de autoridades de frontera, los niños en compañía de su tío tuvieron que dirigirse a la Paz para tramitar la visa de responsabilidad democrática.
Los niños de 9, 11 y 15 años venían con cédula de identidad, pero sin pasaporte lo que impedía que ellos pudiesen tramitar la visa de responsabilidad democrática. La familia aseguró haber pedido refugio en la frontera y se les negó, además les señalaron que sólo podrían entrar con una visa de turismo que debía ser tramitada en el Consulado de la Paz, a cuatro horas de la frontera. Estas visas podían demorar hasta 90 días que era un tiempo demasiado extenso, considerando que los niños se estaban enfermando por la altura y no tenían recursos económicos.
FASIC brindó todo el apoyo necesario a Karina en su estadía en la ciudad Iquique y logró gestionar rápidamente lugares de estadía para los niños y su tío. “Coordinamos una primera estadía en una casa de acogida en Pisiga y luego en conjunto con la Pastoral de Movilidad Humana resolvimos la estancia de la familia en La Paz, para que los niños esperaran la visa democrática”, declararon desde FASIC, quienes también coordinaron el traslado de la familia hasta Iquique y posteriormente a Santiago.
La encargada regional del INDH, Lorena De Ferrari, valoró la gestión de FASIC y declaró que, “Este caso visibilizó la necesidad de contar con procedimientos y protocolos claros respecto del trato que deben recibir en las fronteras –desde el punto de vista de los derechos humanos-, los niños, niñas y adolescentes que se desplazan.
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Finalmente, Karina Martínez manifestó su enorme agradecimiento a FASIC por el apoyo y la contención prestada. "Es increíble cómo las fronteras que hemos construido atentan contra la unidad de una familia", reflexionó Carolina Amache, trabajadora social y coordinadora de FASIC Iquique.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, advirtió hoy que los recientes avances en la lucha para acabar con la apatridia, una de las principales causas de privación de derechos humanos para millones de personas en todo el mundo, se veían amenazados por el aumento de expresiones nocivas de nacionalismo.
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En su discurso de apertura de la reunión anual del Comité Ejecutivo del ACNUR, en Ginebra, Grandi destacó que el creciente número de países que están tomando medidas contra la apatridia muestra que la comunidad internacional se está acercando a un punto de inflexión en sus esfuerzos por acabar con la apatridia para siempre.
“Hace tan solo cinco años, la concienciación pública sobre la apatridia y los daños que produce aún era insignificante. Eso está cambiando, y la posibilidad de acabar con la apatridia nunca ha estado tan cerca como ahora”, dijo Grandi.
“Y, sin embargo, el éxito está lejos de estar garantizado: las expresiones nocivas de nacionalismo y la manipulación del sentimiento anti refugiados y migrantes son tendencias poderosas a nivel internacional que corren el riesgo de revertir los avances. Se necesitan urgentemente soluciones para millones de personas apátridas o en riesgo de apatridia en todo el mundo, incluidos los rohingya de Myanmar y las minorías en riesgo de apatridia en Assam, India. Sin ellas, corremos el riesgo de profundizar la exclusión que ya afecta la vida de millones de personas. Esta es la razón por la cual urge redoblar los esfuerzos”.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lanzó la campaña mundial #IBelong (#YoPertenezco) en 2014 con el objetivo de acabar con la apatridia para 2024. Desde entonces, 15 países se han adherido a las dos principales convenciones sobre apatridia, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Con las nuevas adhesiones y los otros compromisos que se esperan en esta semana, las adhesiones totales a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, podrían superar el notable umbral de 100 países.
En los primeros cinco años de la Campaña, más de 220.000 personas apátridas han adquirido una nacionalidad, incluso como resultado de esfuerzos nacionales coordinados que han sido impulsados por la Campaña, en lugares tan diversos como Kirguistán, Kenia, Tayikistán y Tailandia. En julio de este año, Kirguistán se convirtió en el primer país del mundo en anunciar la resolución completa de todos los casos conocidos de apatridia.
Además, desde que se lanzó la Campaña, dos países, Madagascar y Sierra Leona, reformaron sus leyes de nacionalidad para permitir a las madres conferir la ciudadanía a sus hijos en igualdad de condiciones que los padres. Sin embargo, veinticinco países continúan haciendo que sea difícil o imposible para las madres conferir la ciudadanía a sus hijos, una de las principales causas de apatridia a nivel mundial. Como no todas las leyes de nacionalidad contienen salvaguardas para asegurar que ningún niño nazca apátrida, la apatridia también puede transmitirse de generación en generación.
Poner fin a todas las formas de discriminación en las leyes de nacionalidad ayudaría a la comunidad internacional a cumplir con el compromiso asumido por todos los Estados al adoptar la Agenda de Desarrollo Sostenible de “no dejar a nadie atrás”.
Esta semana, figuras destacadas en el mundo de los medios, los derechos humanos, el asilo y la apatridia se unirán a los representantes de los Estados Miembros en una sesión especial de la reunión del Comité Ejecutivo del ACNUR conocida como el Segmento de Alto Nivel sobre la Apatridia, para evaluar los avances en el punto medio de la Campaña, y comprometerse a tomar más medidas para acabar con la apatridia para 2024.
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Entre los asistentes, se encuentran la Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed, la Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR, Cate Blanchett, la periodista y presentadora de televisión británica Anita Rani, la ex refugiada apátrida Maha Mamo, el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales, Lamberto Zannier, y otras personalidades.
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