Luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunciara que “otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2020 al reconocido abogado Roberto Garretón Merino por su incansable búsqueda de la verdad y la justicia durante su trayectoria profesional nacional e internacional”, han proliferado las muestras de júbilo al reconocimiento, desde instituciones, organizaciones y personas vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Tras ser informado del premio, Garretón publicó una carta en que agradece a quienes siempre trabajaron a su lado “en la defensa de los DDHH en las épocas más difíciles”.
“Soy parte de una generación, y de varias generaciones a esta edad, que se comprometió a darle a este país una mínima esperanza de justicia, de mejor vida, de defensa de la vida y si hoy día se reconoce en mí ese trabajo, es porque hubo tanta gente que trabajó, que luchó, por estos mismos ideales”, expuso.
Respecto al premio señaló que “si yo lo recibo hoy día, es porque al consagrar mi vida a la defensa de los derechos humanos encontré en quienes luchaban en la Vicaria de la Solidaridad y en muchas otras instituciones y en la víctimas que me solicitaban mi cooperación, encontré el valor, la resiliencia, la capacidad de levantarse y luchar contra la injusticia”.
Breve reseña de su vida profesional
Abogado titulado de la Universidad de Chile en 1967, plasmó su compromiso con la que sería su vocación de toda la vida luego del Golpe Militar de 1973, cuando se incorporó al equipo de abogados del Comité Pro Paz, bajo la jefatura de José Zalaquett, equipo jurídico que tuvo como tarea la defensa de los perseguidos en Consejos de Guerra, como la interposición de Recursos de Amparo.
Desde el año 1976 fue parte del equipo de abogados de la Vicaría de la Solidaridad y a partir de 1981 jefe del Área Judicial. En los primeros años de la Vicaría los abogados siguieron interponiendo recursos de amparo por los detenidos desparecidos, prisioneros políticos que eran detenidos por la DINA, para luego, en tiempos de la CNI, presentar querellas por torturas, pero sin obtener respuesta de parte del Poder Judicial.
En septiembre de 1987 fue detenido y procesado por “supuestas ofensas a las Fuerzas Armadas” por orden de la Primera Fiscalía Militar de Santiago. La acusación emanó de un artículo publicado por el abogado en la Revista Mensaje sobre la situación de los derechos humanos en Chile durante 1986.
En materia internacional, Garretón fue vicepresidente (1993) de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, representante para América Latina y El Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, parte del Comité Asesor sobre la Prevención del Genocidio mientras Kofi Annan fue secretario general de Naciones Unidas, además de estar vinculado a la defensa de los Derechos Humanos en más de 60 países.
En junio de 2019 recibió la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile, por su destacada trayectoria como abogado en materia de Derechos Humanos.
La ceremonia, presidida por el Rector Ennio Vivaldi, contó con la alocución del académico de la Facultad de Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash, quien destacó que Garretón “ha hecho de la defensa de los Derechos Humanos su razón de vida”, repasando su participación -desde el comienzo- en el Comité para la Paz en Chile, su trabajo como jefe del Área Jurídica de la Vicaría de la Solidaridad, su posterior desempeño en la Cancillería como embajador de los Derechos Humanos -donde tuvo la tarea de encabezar el recién creado Departamento de Derechos Humanos, a través del cual Chile suscribió a los Pactos Internacionales que no habían sido aceptados por la dictadura-, y su rol en la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
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En la ocasión, el rector Ennio Vivaldi realizó la investidura con la Medalla Rectoral al homenajeado, y le dedicó unas palabras. “Hay personas que van más allá de lo que uno normalmente iría. El ejemplo que nos brinda Roberto Garretón es fantástico, es una persona que tiene un significado colectivo enorme para cada uno de nosotros”, expresó.
Sobre la situación del INDH
7 de mayo de 2020
Las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (sobre la
relación entre deberes y derechos humanos, han abierto una controversia negativa para la labor
de esta institución. Relativizar la incondicionalidad de éstos últimos y olvidar que los deberes en
dicho ámbito son del Estado, debilita la capacidad del INDH para velar por el cumplimiento
efectivo de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. No se trata, por tanto,
de un a controversia sobre la validez o integridad doctrinaria de opiniones personales, sino de una
afectación al cumplimiento del mandato legal del Instituto de promover y proteger los derechos
humanos en el país.
Lamentablemente no se trata de un problema aislado, sino de una reiterada generación de
confusiones que han dado pie a fundadas críticas por parte de defensores y defensoras de
derechos humanos, académicos, desde el mundo político y de la sociedad civil en general. La
prolongación en el tiempo de este tipo de confusiones es grave, toda vez que afecta la credibilidad
y fortaleza técnica de las actuaciones de quien encabeza el INDH, así como la legitimidad que le
concede la ciudadanía, las que constituyen recursos fundamentales para el cumplimiento de las
tareas que le encomienda la ley.
Se trata de una controversia especialmente grave en el contexto de crisis de derechos humanos
que atraviesa el país, primero en el contexto del estallido social, y luego en el complejo escenario
actual del Covid 19. Se t rata de una realidad que ha sido reconocida y denunciada por múltiples
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ella afecta, por un lado, la
confianza que las víctimas de violaciones de derechos humanos deben tener en el INDH para exigir
su actuación y, por otro, su reconocimiento por parte de los distintos organismos del Estado para
acoger sus recomendaciones.
La situación requiere una rectificación pública y clara por parte del director sobre la
incondicionalidad de los derechos humano s. Así como un esfuerzo activo por integrar visiones que
permitan al Consejo avanzar planteamientos comunes. Ello ayudaría a despejar las dudas de que
su compromiso con estos derechos y por hacer efectivo el mandato legal del INDH está por sobre
la mantención de los equilibrios políticos que, dada la forma de integración del consejo del INDH,
este tiene. Es más, se requiere que en dicha integración se cumpla cabalmente con lo que la ley
exige a los/las Consejeras, esto es, contar con una trayectoria reconocida en materia de derechos
humanos, cuestión que como consta a las organizaciones de derechos humanos no es efectiva en
el caso de varios de sus integrantes.
Asimismo,exige un esfuerzo por reconstruir la confianza en la Institución, de modo que no existan
dudas en la población cuyos derechos humanos el INDH está llamado a promover y proteger,
sobre la plena autonomía que ostenta el organismo respecto del Estado y el actual gobierno.
El mismo esfuerzo que se exige al director, debe ser exigible a su Consejo el que debe tener
presente, más allá de las visiones políticas, filosóficas o religiosas de quienes lo componen, el
desafío que representa hacer efectiva la protección de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y los tratados que la ley manda ta al INDH en circunstancias tan especiales y
complejas como las que hoy enfrenta el país. En tal sentido, saludamos las voces de consejeras y
consejeros que han aclarado públicamente la incondicionalidad de los derechos humanos, el
mandato del INDH y cont ribuido así a defender la confianza en su actuación.
José Aylwin, presidente de Fundación Observatorio Ciudadano
Milagros Nehgme, directora ejecutiva de Corporación OPCIÓN
Claudio González, director de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC
Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram
Sergio Laurenti, director ejecutivo de Good Neighbors Chile
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Tres menores de edad que estaban varados en el paso Colchane, en la frontera con Bolivia, lograron reencontrarse con su madre que reside hace 2 años en Chile.
Por Comunicaciones FASIC
Alrededor de dos semanas estuvieron los tres niños venezolanos intentando ingresar a territorio chileno para reencontrarse con su madre, Karina Martínez, quien reside desde el 2017 en Chile y cuenta con visa profesional. Tras la negativa de autoridades de frontera, los niños en compañía de su tío tuvieron que dirigirse a la Paz para tramitar la visa de responsabilidad democrática.
Los niños de 9, 11 y 15 años venían con cédula de identidad, pero sin pasaporte lo que impedía que ellos pudiesen tramitar la visa de responsabilidad democrática. La familia aseguró haber pedido refugio en la frontera y se les negó, además les señalaron que sólo podrían entrar con una visa de turismo que debía ser tramitada en el Consulado de la Paz, a cuatro horas de la frontera. Estas visas podían demorar hasta 90 días que era un tiempo demasiado extenso, considerando que los niños se estaban enfermando por la altura y no tenían recursos económicos.
FASIC brindó todo el apoyo necesario a Karina en su estadía en la ciudad Iquique y logró gestionar rápidamente lugares de estadía para los niños y su tío. “Coordinamos una primera estadía en una casa de acogida en Pisiga y luego en conjunto con la Pastoral de Movilidad Humana resolvimos la estancia de la familia en La Paz, para que los niños esperaran la visa democrática”, declararon desde FASIC, quienes también coordinaron el traslado de la familia hasta Iquique y posteriormente a Santiago.
La encargada regional del INDH, Lorena De Ferrari, valoró la gestión de FASIC y declaró que, “Este caso visibilizó la necesidad de contar con procedimientos y protocolos claros respecto del trato que deben recibir en las fronteras –desde el punto de vista de los derechos humanos-, los niños, niñas y adolescentes que se desplazan.
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Finalmente, Karina Martínez manifestó su enorme agradecimiento a FASIC por el apoyo y la contención prestada. "Es increíble cómo las fronteras que hemos construido atentan contra la unidad de una familia", reflexionó Carolina Amache, trabajadora social y coordinadora de FASIC Iquique.
Fuente: INDH
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Durante las últimas semanas, las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique y Antofagasta acogieron tres recursos de protección -dos en la capital de la XV Región, uno en la de la II y otro en la capital de la III Región- interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de 95 personas extranjeras, que según sus relatos ingresaron a Chile huyendo de sus países de origen y/o residencia habitual en busca de asilo.
Las acciones legales presentadas ante las Cortes de Apelaciones de las capitales regionales señaladas, fueron acogidas en primera instancia, ordenando a las Gobernaciones respectivas que se formalizaran las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiadas/os.
Asimismo las sentencias sostienen que se vulneró su derecho constitucional a la igualdad ante la ley, pues las gobernaciones debieron acceder a tramitar las solicitudes.
Las y los solicitantes provienen de Venezuela, Cuba, Colombia y Sierra Leona, se presentaron personalmente ante los Departamentos de Extranjería y Migración, intentando en más de una oportunidad -presencialmente, y de forma verbal y escrita- formalizar sus solicitudes de asilo, lo cual no fue posible, ya que al ser entrevistados preliminarmente por funcionarios de las Gobernaciones, se les comunicó de manera verbal que sus casos no calificaban para ingresar al procedimiento de determinación de la condición de refugiada/o.
Esta práctica de “preadmisibilidad” no se encuentra contemplada en la Ley 20.430 que Establece disposiciones sobre protección de refugiados, ni en su reglamento, y al ser ejercida por los funcionarios de los organismos recurridos, obstaculizó de manera ilegal y arbitraria el ejercicio del derecho a buscar asilo.
Las/os solicitantes señalan que han escapado de sus países, ya sea por la existencia de temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, por pertenecer a un determinado grupo social (por ejemplo diversidades sexuales), por opiniones políticas, o porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada que existe en sus países.
Entre estas últimas se encuentran los conflictos políticos internos, la violación masiva de los derechos humanos, u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en sus naciones.
Renata Dubini, directora de la Oficina para las Américas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ginebra, visitó la sede de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) en Santiago y se reunió con el equipo de su Programa de Refugio y representantes de diferentes instituciones que trabajan la temática en nuestro país.
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A la reunión con la directora Renata Dubini asistieron representantes del INDH, INCAMI, el SJM, World Vision, las clínicas jurídicas de la UAH y de la UDP, la Vicaría para la Pastoral Social, ACNUR Chile y el Programa de Refugio de FASIC.
En el encuentro se analizó la situación actual de la migración y de solicitud de refugio en nuestro país, así como sus principales desafíos.
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