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Fuente: Vicerrectoría Extensión y Comunicaciones U. de Chile

El escenario político y social chileno, marcado por medidas gubernamentales contra las migraciones y por acciones cotidianas de discriminación y racismos a lo largo de nuestro país, abre interrogantes relacionadas con la importancia del refugio humanitario, el marco de protección internacional de las y los migrantes, y la necesidad de generar acciones que promuevan el respeto a los derechos fundamentales de estas personas tanto en Chile como en América Latina.

Con el objetivo de reflexionar en torno a las crisis humanitarias contemporáneas y a la importancia del refugio humanitario desde una perspectiva de derechos humanos en el actual contexto político chileno, la Universidad de Chile, a través de la Cátedra de Derechos Humanos y la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, junto a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) organizaron un conversatorio sobre la temática el pasado martes 4 de junio en la Casa Central.

¿Cuáles son los desafíos para el Estado y la sociedad chilena en la materia?, ¿cuáles son los acuerdos internacionales que protegen a los y las refugiadas?, ¿desde cuándo Chile es un país migrante?, son algunas de las interrogantes sobre las que reflexionaron la coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, María Emilia Tijoux, la abogada de derechos humanos de Fasic, Verónica Reyna, y el asociado del programa de la oficina ACNUR, Raoní Beltrao.

CHILE, PAÍS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS

La discusión sobre las crecientes migraciones en Chile parecen reducirse en torno a los diez últimos años de nuestra historia. Sin embargo, existe un desconocimiento generalizado sobre una de las características que ha definido nuestro territorio desde incluso antes del nacimiento de la República: históricamente, Chile ha sido un país de migrantes y refugiados.

Para la abogada de derechos humanos de Fasic, Verónica Reyna, nuestro país se ha conformado por grupos de personas que han llegado en diferentes momentos de la historia por diversos motivos: “huyendo de conflictos de guerra, de persecuciones políticas, de persecuciones religiosas y de etnia, personas que sufren crisis humanitarias y que a veces llegan por faltas de alimento, de salud, de violencia extrema que pone en peligro la vida, la seguridad".

Verónica Reyna explicó que durante los siglos XVI y XVII se observó la llegada de españoles y esclavos africanos, mientras que en el siglo XVIII llegaron españoles de origen vasco, además de familias británicas y francesas. No obstante, no fue hasta el siglo siguiente que la presencia europea estuvo fuertemente marcada: alemanes –que llegaron a ser alrededor de 30 mil ciudadanos asentados en el sur de Chile-, croatas, holandeses, suizos e italianos arribaron al país gracias al patrocinio de los diferentes gobiernos de la época.

El siglo XX, por su parte, estuvo caracterizado por la llegada de palestinos y palestinas, una comunidad que se constituyó como la más grande fuera de Oriente Medio. A ellos y ellas, se suman alrededor de 2.200 españoles que arribaron al territorio en el Winnipeg, el carguero francés que trasladó a refugiados y refugiadas españolas que huyeron de la Guerra Civil y que eligieron a Chile como su país de asilo.

Actualmente, explica la abogada de derechos humanos, “la inmigración proviene de países vecinos: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Haití, Venezuela, gracias al crecimiento de la economía chilena y por la estabilidad institucional. Hoy se calcula que el 68 por ciento de inmigrantes son de Sudamérica y 32por ciento corresponde a otros países”.

CHILE, PAÍS RACISTA

Dando cuenta de las últimas situaciones de violencia y discriminación en nuestro país, y de las muertes de las y los ciudadanos de origen haitiano fallecidos en Chile -Rebeka Pierre, Monise Joseph, Joane Florvil, Benito Lalane y Joseph Henry, todos casos relacionados con prácticas basadas en la intolerancia y la discriminación racial-, la coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, fue enfática en señalar que “somos testigos de un escenario mundial donde cotidianamente transcurren hechos racistas y xenófobos, el individualismo profundo corroe como uno de los tantos productos de la astucia neoliberal, ciega al punto de no pensar que un día nosotros, nuestro hijos, nuestros nietos, las generaciones que no conoceremos, podrían convertirse en migrantes”.

Asimismo, la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile problematizó la manera de abordar las migraciones en la actualidad, asegurando que “dado que el fenómeno social de las migraciones contemporáneas es considerado como problema social, su abordaje y el debate público que se abre se centra en el reformular políticas de frontera que desvían la preocupación del Estado y la sociedad hacia la migración misma y sus protagonistas, sin detenerse en las condiciones estructurales que la determinan, ni en las características de las comunidades que la conforman”.

Finalmente, María Emilia Tijoux se refirió a las consecuencias del racismo que hoy estamos presenciando en Chile, explicando que “es un hecho social constante en su forma, flexible en sus fronteras; se mueve según las necesidades del momento. Por eso, más allá de un acto cotidiano que nos preocupa, hay que buscar en el origen, en la formación histórica - estructural que adquiere diversas formas, que mantiene componentes que se transforman, se modifican, presentan dimensiones que lo hacen plural, y una ideología que, desde una lógica universalista, justifica y legitima la dominación”.

REFUGIADOS Y REFUGIADAS: marco de protección institucional y violación a los DD.HH.

Ante las crisis humanitarias en la región, una de las principales preocupaciones de las instituciones, organismos y organizaciones de refugiados y refugiadas es la situación en la que se encuentran dichas personas.

Raoní Beltrao, asociado del programa de la oficina de ACNUR, definió a las y los refugiadas como “personas que fueron obligadas a migrar por un temor fundado, por un disturbio de orden público, por amenaza, por violencia. No son personas que tuvieron elección”.

En ese sentido, Raoní Beltrao enfatizó en la necesidad de pensar la situación que viven estas personas desde un enfoque de derechos humanos. Por lo mismo, recalcó que, ante una serie de acciones violentas, ataques físicos y verbales y amenazas en varios países de la región, debe existir un repudio generalizado a estos “actos de odio, de intolerancia, de xenofobia, de asociación de seres humanos a la delincuencia sólo porque vienen de países, de lugares distintos”.

En relación a ciertos acuerdos suscritos por Chile que protegen a refugiados y refugiadas, el también defensor de los derechos humanos se refirió a la “Declaración de Cartagena sobre Refugiados”, uno de los convenios que garantiza la no devolución forzada, la libre circulación, el acceso a la solicitud de asilo, derecho a la atención a la salud, derecho a la educación, derecho a la unidad familiar, derecho al albergue y al trabajo digno.

Sin embargo, hoy la preocupación radica en el incumplimiento de estos convenios y tratados que son fundamentales en el marco de la promoción y el respeto a los derechos humanos de refugiados y refugiadas y migrantes.

En el conversatorio estuvieron presentes la directora de Extensión de la Universidad de Chile, Ximena Póo; la psicóloga y encargada del área de salud de FASIC y moderadora del conversatorio, Inés Varas; el secretario ejecutivo de Fasic, Claudio González; la coordinadora del Programa de Refugio de FASIC, Elizabeth San Martin; la psiquiatra y medalla del Senado Universitario de la Universidad de Chile, Paz Rojas; además del equipo del Programa de Refugio de FASIC.

Bárbara Barrera - periodista Vexcom

Alejandra Fuenzalida - fotógrafa Prensa Uchile

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La invitación es para el próximo martes 4 de junio a las 18:30 horas al Conversatorio “Desafíos de Chile en torno a las crisis humanitarias en Latinoamérica y la promoción de los Derechos Humanos”, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos y la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en conjunto con la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas – FASIC.

Este evento, abierto a todo público, tiene como objetivo generar un espacio de reflexión en torno a las crisis humanitarias contemporáneas y a la relevancia del refugio humanitario, desde una perspectiva de Derechos Humanos, en el actual escenario político-social nacional.

En la ocasión participarán del panel de conversación la abogada de Derechos Humanos de FASIC, Verónica Reyna Morales ; Raoní Beltrao do Vale, asociado de programa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR y; María Emilia Tijoux, coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

Dicha actividad se realizará el día martes 4 de junio a las 18:30 horas en la sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicada en Av.Libertador Bernardo O’Higgins 1058, Santiago.

Se solicita inscribirse a los correos-e: vexcom@u.uchile.cl y/o fundacion@fasic.org

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Fuente: Prensa Senado

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización realizó una masiva ronda de audiencias, en torno al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre migración y extranjería.

Entre los participantes estuvieron organizaciones de migrantes, representantes de universidades, de la Defensoría de la Niñez, de la Asociación de Municipalidades, de Amnistía Internacional, de la PDI y del Ministerio de Relaciones Exteriores, todos ellos manifestaron sus reparos y coincidencias en torno al proyecto de ley.

Entre los puntos de coincidencia de los diversos exponentes, estuvieron el poder cambiar la categoría de la visa dentro del país, el asegurar el principio de la no devolución y generar instancias para la descentralización de una política migratoria.

Pese a que en la oportunidad se escucharon a casi una veintena de personas, la Comisión no descarta otra sesión de audiencias y el presidente de la instancia parlamentaria, el senador Juan Pablo Letelier agradeció la concurrencia y adelantó que el material que dejaron todos los participantes será de apoyo para la labor legislativa.

“Estoy seguro que -independiente de las posiciones- todos queremos que Chile tenga una política de migración”, señaló el legislador.

REGULARIZACIÓN

El director nacional del Servicio Jesuita de Migrantes, José Tomás Vicuña, manifestó que tienen 5 propuestas que han sido respaldadas por 18 instituciones y si bien valoraron los avances del proyecto, lamentaron que “en el proceso de regularización, 155 mil se regularizaron, pero qué pasó con la otra mitad, no sabemos, se dice que se quieren expulsar (…). La política no ha dado abasto, para la visa de oportunidades laborales se esperaban 3 mil postulaciones, pero postularon solo 2 mil, de ellas se rechazaron mil, ¿este es el sistema que queremos imponer?”

Con respecto a las propuestas, destacaron la que consideran primordial, referida a la posibilidad de cambio de categoría dentro del país, “que hoy se prohíbe. (…) Proponemos que quien quiera venir a buscar trabajo pueda tener un plazo de 90 días para buscarlo y al momento de tenerlo pueda cambiar de categoría, así se da más transparencia y se evita la irregularidad en el trabajo”.

Desde la academia, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a nombre, además del Consorcio de las Universidades del Estado, detalló la labor de la casa de estudios en la revalidación de los títulos universitarios, principalmente de dentistas y médicos cirujanos.

El rector indicó que ha habido una disminución “notable” de los tiempos para la acreditación y defendió que sean las universidades estatales las encargadas de este proceso; al mismo tiempo, resaltó que las 18 universidades estatales a lo largo del país, permiten la descentralización del proceso.

La abogada María Luisa Montenegro intervino a nombre de la Defensoría de la Niñez y llamó a evitar cualquier doble situación de vulnerabilidad de los niños migrantes.

“Los derechos reconocidos están presentes, pero creemos que no existe mención a otros derechos, como el derecho al registro, al nombre, a la identidad, que deben estar presentes en esta ley”, sentenció y dejó constancia de su preocupación por la eliminación del principio de no devolución. “No se puede establecer un retorno automático, este tiene que tener en consideración el interés superior del niño, ¿estará protegido? ¿es necesario que un niño vuelva?”, planteó.

DESCENTRALIZACIÓN

Representando a la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Rodrigo Delgado manifestó que “los municipios hemos subvencionado al Estado en materia de extranjería, hemos debido asumir problemáticas, externalidades positivas y negativas”.

El edil enumeró los 5 temas que se abordan desde el municipio: trabajo, vivienda, salud, educación y relaciones comunitarias y entre los temas concretos que solicitó está el "pedir la presencia de los municipios en el consejo de políticas migratorias, lamentablemente el proyecto no habla de los municipios; (…) y la posibilidad que la ley incentive oficinas comunales de migración”.

Luis Zurita, en representación de la Asociación Venezolana en Chile, que alberga a 300 mil personas, recalcó la importancia del cambio de categoría migratoria y refutó que con la prohibición de este cambio se reduzca la migración irregular.

En otro orden, indicó que “el principio de no devolución, que se incorporó en la Cámara y que luego fue removido en la Sala de la misma, es importante que sea reincorporado y se vea reflejado en la ley, porque la realidad de los países de la región es compleja, cada país tiene sus propios conflictos internos y estas personas son entendidas como migrantes económicos y no refugiadas”.

La Fundación Pro Bono Chile también se hizo presente y Constanza Alvial explicó la importancia de que la ley promueva la transparencia, para que sea preventiva y no reactiva, “simplificar los procedimientos actuales para la solicitud de visa; que se permita el cambio de categoría dentro del país; considerar en su justa medida el principio de la no devolución”.

“Las personas en situación irregular no pueden trabajar, el Estado no sabe quiénes son y se convierten en verdaderos fantasmas y eso abre la puerta a la vulneración de éstas. Rechazar y expulsar no es regular y la regularización debe seguir siendo el espíritu de esta norma”, señaló Alvial.

DEBIDO PROCESO

Incorporar un catálogo de derechos de las personas migrantes, incorporara normas de debido proceso a todo nivel, incluir mecanismos de regularización, una institucionalidad que soporte la legislación, mecanismo de participación de la sociedad civil y muy especialmente de los migrantes, son los puntos abordados por Ana Piquer de Amnistía Internacional en Chile.

A juicio de Piquer, los primeros aspectos están presentes en el proyecto, pero son muy mejorables, pero advirtió que la participación es omitida y llamó a revisar. “Se ha usado mucho la metáfora de “ordenar la casa” para impulsar este proyecto de ley y esto es complicado, porque ordenar la casa significa botar lo que no nos sirve y aquí estamos hablando de personas, de derechos humanos”, criticó.

Colombianos Berracos en Chile, de la mano de Yesid Castaño propuso seguro de repatriación de migrantes por familia; beneficio pecuniario para las empresas chilenas que contraten inmigrantes y la devolución de fondos previsionales, entre otros. Luego, la Comisión Venezolana llamó a incluir los títulos técnicos en la revalidación.

Tomás Greene de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, llamó a revisar quién fija los plazos, que están a cargo de la autoridad administrativa, lo que podría tener problemas de constitucionalidad. “Creemos que es tarea del legislador”, sentenció.

En la oportunidad expusieron:

- Ronald Wilson, de las Mesas Temáticas del Senado

- José Tomás Vicuña, del Servicio Jesuita de Migrantes

- Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile

- María Luisa Montenegro, de la Defensoría de la Niñez

- Rodrigo Delgado, de la Asociación Chilena de Municipalidades

- Luis Zurita, de la Asociación Venezolana en Chile

- Constanza Alvial, de la Fundación Pro Bono Chile

- Ana Piquer, de Amnistía Internacional en Chile

- Jorge Toro, de la Organización Migra Amigos,

- Yesid Castaño, de Colombianos Berracos en Chile

- Carlos Millán, de la Comisión Venezolana

- Carlos Urresty, de la Federación Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados

- Carolina Stefoni, de la Universidad Alberto Hurtado

- Tomás Greene, de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado

- Prefecto Inspector Víctor Nakada, Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional PDI

- Raúl Sanhueza, del Ministerio de Relaciones Exteriores

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