Por Comunicaciones FASIC
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió una orden de no innovar y detuvo la expulsión de dos ciudadanos venezolanos que entraron al país de manera irregular. Ambos profesionales fueron engañados en Perú con la falsa promesa de ingresar a Chile a través de una ruta segura, previo pago de 30 dólares cada uno.
En su país, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se encontraban en una situación de eventual amenaza a su integridad por la persecución política de la cual habrían sido víctimas, por manifestar su rechazo al Gobierno, por lo que entre otras consecuencias, no podían ejercer sus profesiones de arquitecto e ingeniero en petróleo y de paramédica y farmacéutica.
De acuerdo al relato entregado por ambas víctimas al INDH, policías peruanos les permitieron el paso hacia la frontera entre Tacna y Arica, y les indicaron que debían caminar hacia Chile a través de la línea férrea, sin informarles que en dicha zona existen minas antipersonales que ponían en riesgo sus vidas.
Ya en Chile los ciudadanos venezolanos iniciaron los trámites para regularizar su situación migratoria y elevaron solicitudes de reconsideración al Departamento de Migración y Extranjería a fin de conseguir visa, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
En paralelo, la Intendencia de Arica y Parinacota ordenó la expulsión de estas dos personas, razón por la cual el INDH de Aysén, zona donde residen estos migrantes, presentó un recurso de amparo en su favor.
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Por Comunicaciones FASIC
De acuerdo con datos del Consejo de Rectores, los estudiantes de origen haitiano que se inscribieron para rendir la PSU aumentaron alrededor de 47%.
Mientras que en el proceso 2019 postularon 1.159, en 2020 fueron 1.692; lo que los convierte en el grupo migrante más numeroso que participó.
En total, 7.196 jóvenes extranjeros contestaron la Prueba de Selección Universitaria.
Tras los adolescentes haitianos, aparecen los peruanos y los venezolanos. En el caso de Perú, estos aumentaron en un 13% y Venezuela 134%.
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Los datos muestran que un quinto de las causas se cerraron sin investigación y los procesos que involucran violaciones a los derechos humanos aumentaron considerablemente durante el primer mes de la revuelta.
Por Comunicaciones FASIC
Este miércoles, el Poder Judicial dio a conocer las cifras oficiales en relación al estallido social que inició el pasado 18 de octubre, hace cuatro meses. Según los datos que entregó, hubo una baja en la cantidad de causas ingresadas, pero un gran aumento de los procesos que involucran delitos por violaciones a los derechos humanos.
Dentro de los datos más relevantes se encuentra que las declaraciones de detenciones ilegales, por parte de los juzgados de garantía del país, fueron 1.928, lo que significa un aumento de un 77% en comparación al mismo período del año anterior.
La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, declaró que “las cifras, en definitiva, muestran un cambio en el comportamiento de las causas judicializadas en línea con las características propias del episodio que se inició el 18 de octubre de 2018″, aunque precisó que hubo “un ingreso menor total de causas en 2019“.
Otro dato que llamó la atención fue que aproximadamente 1 de cada 5 causas concluyeron sin investigación, lo que equivale a más de 30.000. También, los datos muestran que los procesos por atropellos a los derechos fundamentales se concentraron durante el primer mes de la revuelta social, donde la cifra aumentó de 405 a 1.288.
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Autoridades mexicanas, privados y la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas insertan a las personas refugiadas y desplazados en programa de empleo y aseguraron que es un gran aporte para la economía.
Por Comunicaciones FASIC
El Gobierno de México y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se preparan para brindarles empleo en el país a por lo menos 20 mil refugiados durante el 2020, con el proyecto que funciona desde el 2016 en el país y para el que este año la Unión Europea (UE) aportará 4.3 millones de dólares.
Durante el 2019, y bajo el mismo programa que reactivan este 2020, empresas radicadas en México contrataron unos 6700 refugiados, que a su vez contribuyeron con su trabajo al país con alrededor de 40.6 millones de pesos, unos 2 millones de dólares.
Para complementar el programa de empleo a refugiados también se realizarán actividades con organizaciones patronales, sindicatos, empresas privadas, organizaciones civiles y medios de comunicación para promover la integración y visualización de los aportes de las personas refugiadas.
Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), durante el 2019 México recibió 70 302 solicitudes de refugio, número que esperan se multiplique este 2020, ya que sólo en enero, con 5936 solicitudes, superaron en 50 % las del mismo mes del año anterior.
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"Las personas migrantes no somos ajenas al estallido social, solidarizamos con chilenas, chilenos, y los pueblos originarios. Deseamos cambios estructurales, con mayor participación ciudadana", declararon desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile.
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La Coordinadora Nacional de Inmigrantes marchó este domingo en el centro de Santiago, comprometiendo su apoyo a aprobar el cambio constitucional en el plebiscito del mes de abril y para protestar en contra de los abusos contra la comunidad extranjera cometidos por la Dirección de Extranjería de nuestro país.
Las organizaciones expresaron su postura a través de un comunicado donde señalan que “son diferentes motivos que nos llevan a marchar una vez más. La dificultad para obtener citas de atención, tanto en la Policía de Investigaciones de Chile, como el Departamento de Extranjería y Migración, los largos plazos de espera a los que se ven enfrentadas las personas migrantes para sus trámites y respuestas de visas, las expulsiones masivas, la violencia de género, el racismo estructural, el drama fronterizo y las multas para salir del país, la persecución a los comerciantes del espacio público, y las irregularidades que hubo en el proceso de regularización, entre otras razones”.
“Entre tanto”, continuaba el comunicado, “las personas migrantes no somos ajenas al estallido social, solidarizándonos con chilenas, chilenos, y los pueblos originarios, y desando cambios estructurales, con mayor participación ciudadana”.
En ese sentido, el presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile, Héctor Pujols, señaló que “el día de hoy, como Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y las diferentes organizaciones que lo integran, queremos anunciar que, de cara al plebiscito, del que hemos sido críticos, pero no nos vamos a restar, vamos a llamar al apruebo y a marcar Convención Constitucional, porque es la única forma de seguir peleando y seguir modificando las leyes que nos dejó la dictadura”.
Las organizaciones de migrantes agregan que “desde que inició la revuelta también hemos sido víctimas de la represión, y la xenofobia. Personas de diferentes nacionalidades han perdido la vida, y otras han sido detenidas”.
“Queremos soluciones a los abusos que hemos visto durante estos años, donde se nos ha culpado a la población migrante de todos los males de este país, incluso se dijo que en el estallido popular en las quemas de los metros habían sido cubanos y venezolanos, una vez más criminalizando a la población extranjera de este país. Y nosotros decimos que por suerte Chile despertó. Nosotros somos parte y vamos a cambiar esta sociedad y este país“, finalizó Pujols entre aplausos.
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En su trayectoria, destaca su férrea defensa a los Derechos Humanos. Trabajó en el Departamento Legal del Comité de Cooperación para la Paz en Chile y en Amnesty International, donde ocupó el cargo de secretario general adjunto y presidente.
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También fue parte de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia (Informe Rettig), integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre los años 2001 y 2004, y académico de la Universidad de Chile.
En 2003 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lamentaron su deceso. “Su compromiso con los DD.HH. es tangible en toda su historia, marcada por su búsqueda de la justicia”.
El fallecido académico fue uno de los fundadores del Centro de DD.HH. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el equipo de este organismo destacó que el profesional fue “uno de los más destacados defensores de DD.HH. que ha tenido el país”.
“El profesor Zalaquett deja un legado al que queremos honrar con nuestro trabajo institucional, nuestro desempeño académico y la defensa inclaudicable por los DD.HH.”, recalcó.
Asimismo, subrayó “su labor y el momento señero en que se sumó a la iniciativa que permitió dar existencia al Centro de Derechos Humanos”.
“Como consecuencia de ello, esta instancia académica puede cumplir una labor insustituible en la formación de los estudiantes de Derecho de nuestra casa de estudio y la capacitación de distintos actores de la comunidad política nacional, para coadyuvar a que los DD.HH. constituyan un pilar fundamental del Estado de derecho”, explicó.
Desde FASIC agradecemos el gran apoyo que José Zalaquett nos brindó desde nuestros inicios. Su legado de compromiso quedó plasmado en todos quienes defendemos los Derechos Humanos cada día.
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