Formada en el contexto de la llegada del COVID-19 a Chile, sus miembros creen necesario eliminar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) como requisito para ejercer la medicina en el país.
¿La cuarentena debe ser estricta?, ¿corre riesgo mi hijo si tiene asma?, ¿ha logrado Venezuela controlar el coronavirus?
Estas son algunas de las preguntas que Reygor Díaz Martínez responde a través de Instagram, y que son formuladas por personas migrantes residentes en Chile.
Díaz es un médico cirujano nacido en Venezuela y trabaja en Atención Primaria de Salud de un hospital de Ancud, en la isla de Chiloé. Él y otros médicos extranjeros residentes en el país se agruparon hace no más de una semana, por iniciativa de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en una brigada que pretende colaborar con las dudas de la comunidad a la que pertenecen, pero también estar prestos a reforzar el sistema de salud pública cuando sea necesario.
Crítico de la falta de rigor en las medidas tomadas por el Gobierno y la efectividad de los canales de información utilizados, Díaz conversó con nuestro medio y se refirió a lo que, en su experiencia, ha sido la principal duda que la comunidad migrante tiene respecto del COVID-19.
“Tiene que ver principalmente con personas que están en condiciones irregulares, que no tienen papeles ni un RUT. Para ellos es importante que sepan que actualmente en Chile, independientemente de la condición migratoria que poseen, tienen acceso a la red pública de salud chilena”, indicó.
A casi mil kilómetros de distancia, en la ciudad de Rancagua, otra médico también participa activamente de esta agrupación, tal cual lo hizo en anteriores oportunidades para la llamada Brigada de la Plaza Dignidad, en el contexto de las manifestaciones de los últimos meses.
Aunque prefirió ocultar su identidad, debido a su trabajo en un hospital público, la integrante colombiana de la Brigada Migrante de Salud entregó su postura respecto del manejo que ha tenido el Gobierno ante esta crisis y la forma en la que se está viviendo desde el personal médico.
“Necesitamos medidas más radicales. Con esto me refiero a una cuarentena obligatoria para proteger a la gente, ya que el sistema de salud chileno, como la mayoría de sistemas de salud del mundo, no está preparado para asumir esta pandemia. Aquí partimos con un déficit de insumos, infraestructura y de personal. Entonces, hay que tomar medidas mucho específicas”, indicó.
Y justamente hacer frente al déficit de personal en el área pública de la salud es una de las razones que llevó a la conformación de este grupo, cuya medida propuesta tiene que ver con la anulación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), que permitiría sumar un importante contingente de mano de obra extranjera capacitada.
“El examen Eunacom es sumamente caro. Cada país es autónomo sobre los medios para revalidar a un profesional de la salud, porque es importante revalidar al profesional de la salud extranjero; pero en este momento de contingencia, se debería dar más oportunidad a todos esos profesionales de la salud que aún no estamos ejerciendo, y que hasta por vocación lo queremos hacer”, manifestó.
Tal cual ha sucedido en otras iniciativas formuladas ante la crisis sanitaria, lo propuesto por la Brigada Migrante, cabe resaltar, no es ajeno a lo que ocurre en otras partes del mundo.
En Buenos Aires, Argentina, diversos municipios lograron sumar esta semana a más de 400 médicos venezolanos que no tenían sus títulos revalidados, lo que se logró a través de un decreto oficial promulgado en medio de la contingencia.
Para contactar con la Brigada Migrante de Salud puede revisar su cuenta de Instagram en: @brigadamigrantedesalud.
Fuente: Diario Universidad de Chile.
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Estas condiciones pueden dificultar no sólo el enfrentar la enfermedad, sino también el llevar a cabo una cuarentena.
Por Comunicaciones FASIC
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes solicitó al gobierno tomar medidas, entre ellas atención de salud garantizada para todas las personas extranjeras indistintamente de su situación migratoria.
“En un sistema que es subsidiario de la salud, que no es que garantice la salud como derecho sino que la subsidia, lo pagan todos los trabajadores en Fonasa, significa que las personas que no tienen el rut o ni siquiera la inscripción provisoria en Fonasa no puede atenderse, y cómo se puede establecer medidas de control, barreras para que no se propague una enfermedad como esta si es que tu tienes sin acceso a la población, a cierto sector de la población, a este servicio”, comentó el secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega.
Por otra parte, Noriega señaló que esta emergencia sanitaria ha derribado prejuicios que históricamente han recaído sobre las naciones más pobres o menos desarrolladas.
“Creo que no se pueden seguir sosteniendo los patrones de vida que hemos mantenido, los sistemas que han permitido y que permiten eso, la exclusión de las grandes mayorías de los servicios sanitarios, del acceso en calidad a los medios de subsistencia. Esta xenofobia que alienta la segregación, que alienta los racismos, la separación de los pueblos se cae. En el caso del COVID-19 es patético como han quedado en ridículo, el país que no tiene infectados en el continente aún es Haití, el país más pobre el país, más relegado ¿será porque no van los europeos a Haití?”.
En este contexto es de suma importancia, según comentaron desde la Coordinadora, que las medidas de gobierno que se vayan tomando en función de esta emergencia de salud los incluyan y garanticen su atención.
Además, piden la elaboración y difusión de material informativo de prevención en los principales idiomas de las personas extranjeras en Chile, renovación automática de visas de residencia temporaria, así como el estampado electrónico de las prórrogas y de las visas.
Junto a ello regularización migratoria extraordinaria partiendo por el registro y cedulación a efectos de tener actualizada la información del Registro Civil, permitir que todos los residentes extranjeros que estuvieran fuera del país puedan retornar y no limitar esto a los que tienen permanencia definitiva, la incorporación como personal de atención de salud a las personas extranjeras residentes en Chile que tengan titulación en el área, entre otras solicitudes.
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Coordinadora 8M cifra en más de 2 millones las asistentes a la marcha.
Por Comunicaciones FASIC
La multitudinaria movilización comenzó cerca de las 10 de la mañana en Plaza Italia, desarrollándose sin grandes desmanes y con algunos incidentes aislados en las inmediaciones de La Moneda.
A lo largo del país se desarrollaron diferentes manifestaciones y actividades en pos de visibilizar la desigualdad, la violencia hacia las mujeres y la lucha de todas ellas.
En Santiago se llevó a cabo una de las convocatorias más masivas en el país, la que se desarrolló desde Plaza Italia hasta la calle Echaurren por la Alameda.
La marcha, no obstante, se dio en un contexto particular: si por un lado estaba la movilización social que vive el país, por otro, también figuró el plebiscito de abril. En esa línea, durante la huelga fueron condenadas las violaciones a los derechos humanos registradas durante los últimos meses.
Pese a ello, desde la Coordinadora Feminista 8M fijaron un extenso petitorio que dialogó, en buena medida, con el estallido social de octubre. Así, el movimiento contempló demandas como el fin de la violencia patriarcal, la creación de un modelo educativo feminista y no sexista, la instauración de un sistema laboral con seguridad social y perspectiva de género, y la protección de las mujeres migrantes e indígenas, así como la inclusión de las disidencias, entre otros.
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Según un reporte de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (Bitrap), un total de 376 personas fueron víctimas de tráfico de migrantes en 2019, frente a las 27 víctimas de 2017.
Por Comunicaciones FASIC
El secretario general de la Coordinadora de Migrantes de Chile, Rodolfo Noriega, explicó a Efe que este incremento se debe a la “rigidez” de la ley que regula los flujos migratorios -y que data de 1975-, pero “aún más a las medidas que ha tomado el actual Gobierno para restringir el acceso a extranjeros”. En abril de 2018, Piñera inició una campaña que buscaba regular las actividades migratorias del país bajo el polémico lema “ordenar la casa” emitiendo una serie de decretos que restringieron la otorgación de visados a los extranjeros.
Para el director del área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Juan Pablo Ramaciotti, los decretos produjeron una disminución del ingreso de extranjeros por cauces regulares pero “aumentaron los ingresos por pasos no habilitados y las bandas de tráfico y de trata de inmigrantes”
Entre las medidas del Ejecutivo, figuró la de imponer restricciones especiales a los extranjeros de Haití y Venezuela, dos de los tres países de los que Chile recibe más inmigrantes, impidiéndoles ingresar como turistas sin la necesidad de un visado consular como el resto de extranjeros.
Según explicó a Efe la experta en Migración de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux, el sistema de visa diferenciado de los venezolanos perjudicó especialmente a los que llegaron en condiciones menos favorecidas, lo que provocó que “los más pobres se quedaran bloqueados en la frontera, maltratados”. Sin embargo, agregó la experta, es la comunidad haitiana la que sufre los problemas “más graves”, porque se les bloqueó la reunificación familiar, otorgándoles visados solo a los que vienen a hacer turismo.
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La embarcación llevaba a ciudadanos turcos que intentaban entrar a Grecia a través del Mar Egeo. 1.300 solicitantes de asilo lograron llegar a las islas egeas.
Por Comunicaciones FASIC
Los guardacostas griegos y la policía de ese país arremetieron contra un bote de inmigrantes turcos, el cual llegaba a las costas de Grecia a través del Mar Egeo. Dispararon al aire para lograr "ahuyentar" a los migrantes, que llegaban después de que Turquía abriera la puerta para presionar a Europa y exigir su ayuda en la contienda contra el régimen de Asad y Rusia en Siria.
Pese a esto, las autoridades griegas, confirmaron que, entre domingo y lunes, 1.300 solicitantes de asilo lograron llegar a las islas egeas.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por su parte. acusó a Grecia de haber "disparado contra dos migrantes" el lunes y de haber herido gravemente a un tercero, sin dar más explicaciones. Anteriormente, el gobierno de Atenas había tachado de "noticia falsa" un video en el que se afirmaba que aparecía un migrante muerto.
Por la noche, durante una conversación telefónica con Angela Merkel, Erdogan reclamó a Europa que "se comparta de manera justa la carga". Frente a esta situación y para mostrar su solidaridad, los dirigentes de las instituciones europeas visitarán la zona fronteriza el martes, del lado griego.
Además, los ministros de Interior de la Unión Europea celebrarán una reunión extraordinaria el miércoles en Bruselas para ayudar a Grecia y a Bulgaria, cuyo primer ministro, Boiko Borissov, se reunió el lunes con Erdogan en Ankara.
Turquía, por su parte, acoge en su territorio a más de cuatro millones de refugiados y migrantes, la mayoría sirios, y ahora asegura que no es capaz de hacer frente a una ola migratoria. Mientras tanto, hay casi un millón de personas desplazadas por la ofensiva del régimen sirio en Idlib en la frontera turca.
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Por Comunicaciones FASIC
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió una orden de no innovar y detuvo la expulsión de dos ciudadanos venezolanos que entraron al país de manera irregular. Ambos profesionales fueron engañados en Perú con la falsa promesa de ingresar a Chile a través de una ruta segura, previo pago de 30 dólares cada uno.
En su país, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se encontraban en una situación de eventual amenaza a su integridad por la persecución política de la cual habrían sido víctimas, por manifestar su rechazo al Gobierno, por lo que entre otras consecuencias, no podían ejercer sus profesiones de arquitecto e ingeniero en petróleo y de paramédica y farmacéutica.
De acuerdo al relato entregado por ambas víctimas al INDH, policías peruanos les permitieron el paso hacia la frontera entre Tacna y Arica, y les indicaron que debían caminar hacia Chile a través de la línea férrea, sin informarles que en dicha zona existen minas antipersonales que ponían en riesgo sus vidas.
Ya en Chile los ciudadanos venezolanos iniciaron los trámites para regularizar su situación migratoria y elevaron solicitudes de reconsideración al Departamento de Migración y Extranjería a fin de conseguir visa, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
En paralelo, la Intendencia de Arica y Parinacota ordenó la expulsión de estas dos personas, razón por la cual el INDH de Aysén, zona donde residen estos migrantes, presentó un recurso de amparo en su favor.
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