Santiago fue dirigente sindical y un ser humano comprometido con la defensa de los Derechos Humanos.
Su partida es un duro golpe para el equipo de FASIC.
Expresamos a su familia toda nuestra solidaridad y afecto en este difícil momento.
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¡Hasta siempre buen amigo!
Por Comunicaciones FASIC
En el día del Patrimonio es preciso recordar que una de las tareas primordiales de FASIC es la conservación y difusión del patrimonio documental. Nos hemos propuesto preservar la memoria histórica de los hechos ocurridos como consecuencia de la aplicación del terrorismo de Estado, en el período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
En el 2003 el archivo FASIC y su centro documentación fueron reconocidos por la UNESCO como parte del programa de Memoria del Mundo y Patrimonio de la Humanidad. En el archivo se encuentran registros de atención; informes sociales y médicos; escritos jurídicos; prensa, consejos de guerra, documentos sobre exilio, retorno, relegación, salud mental, testimonios de las represiones, entre otros.
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En el 2003 el archivo FASIC y su centro documentación fueron reconocidos por la UNESCO como parte del programa de Memoria del Mundo y Patrimonio de la Humanidad. En el archivo se encuentran registros de atención; informes sociales y médicos; escritos jurídicos; prensa, consejos de guerra, documentos sobre exilio, retorno, relegación, salud mental, testimonios de las represiones, entre otros.
En el año 2018 nuestra Fundación fue declarada Monumentos Nacional en la categoría de Monumento Histórico. Actualmente FASIC continúa con el incansable trabajo por los derechos de refugiados y migrantes en nuestro país.
En 1974, comenzó su labor como abogado del Comité por la Paz, tomando a su cargo la redacción de los primeros recursos de amparo en favor de quienes se encontraban detenidos/as y de las querellas por desapariciones.
Por Comunicaciones FASIC
Falleció el ex sacerdote, abogado y defensor de los Derechos Humanos, Sergio Concha Rodríguez, a los 89 años de edad.
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Chile y obtuvo el título de abogado a los 24 años de edad. Ingresó a la congregación de la Sagrada Cruz (Holy Cruz), donde se ordenó como sacerdote. Luego, realizó un doctorado en Teología en Italia, donde vivió cinco años. De regreso a Chile, se desempeñó como profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y como párroco en la comuna de Lo Barnechea.
En 1974, comienza su labor como abogado del Comité por la Paz, tomando a su cargo la redacción de los primeros recursos de amparo en favor de quienes se encontraban detenidos/as y de las querellas por desapariciones. Luego, continúa con su labor de búsqueda de justicia y de defensa de los derechos humanos en la Vicaría de la Solidaridad, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), y en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).
El 9 de septiembre de 1998 logró su hito más importante en esta lucha, con el fallo de la Corte Suprema del 9 de septiembre de 1998 sobre el caso de la desaparición de Enrique Poblete Córdova, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde acogieron la tesis del secuestro como delito permanente, así como la improcedencia de aplicar la Ley de Amnistía.
Se dedicó a la defensa de derechos humanos hasta donde su salud se lo permitió. Fue uno de los abogados menos mediáticos de entre quienes se dedicaron a la defensa de los derechos fundamentales en dictadura, por lo que se ganó el apodo del “abogado anónimo”.
En la fotografía de izquierda a derecha: Alberto Espinoza, Claudio González, Nelson Caucoto, Verónica Reyna y Sergio Concha.
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Sobre la situación del INDH
7 de mayo de 2020
Las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (sobre la
relación entre deberes y derechos humanos, han abierto una controversia negativa para la labor
de esta institución. Relativizar la incondicionalidad de éstos últimos y olvidar que los deberes en
dicho ámbito son del Estado, debilita la capacidad del INDH para velar por el cumplimiento
efectivo de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. No se trata, por tanto,
de un a controversia sobre la validez o integridad doctrinaria de opiniones personales, sino de una
afectación al cumplimiento del mandato legal del Instituto de promover y proteger los derechos
humanos en el país.
Lamentablemente no se trata de un problema aislado, sino de una reiterada generación de
confusiones que han dado pie a fundadas críticas por parte de defensores y defensoras de
derechos humanos, académicos, desde el mundo político y de la sociedad civil en general. La
prolongación en el tiempo de este tipo de confusiones es grave, toda vez que afecta la credibilidad
y fortaleza técnica de las actuaciones de quien encabeza el INDH, así como la legitimidad que le
concede la ciudadanía, las que constituyen recursos fundamentales para el cumplimiento de las
tareas que le encomienda la ley.
Se trata de una controversia especialmente grave en el contexto de crisis de derechos humanos
que atraviesa el país, primero en el contexto del estallido social, y luego en el complejo escenario
actual del Covid 19. Se t rata de una realidad que ha sido reconocida y denunciada por múltiples
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ella afecta, por un lado, la
confianza que las víctimas de violaciones de derechos humanos deben tener en el INDH para exigir
su actuación y, por otro, su reconocimiento por parte de los distintos organismos del Estado para
acoger sus recomendaciones.
La situación requiere una rectificación pública y clara por parte del director sobre la
incondicionalidad de los derechos humano s. Así como un esfuerzo activo por integrar visiones que
permitan al Consejo avanzar planteamientos comunes. Ello ayudaría a despejar las dudas de que
su compromiso con estos derechos y por hacer efectivo el mandato legal del INDH está por sobre
la mantención de los equilibrios políticos que, dada la forma de integración del consejo del INDH,
este tiene. Es más, se requiere que en dicha integración se cumpla cabalmente con lo que la ley
exige a los/las Consejeras, esto es, contar con una trayectoria reconocida en materia de derechos
humanos, cuestión que como consta a las organizaciones de derechos humanos no es efectiva en
el caso de varios de sus integrantes.
Asimismo,exige un esfuerzo por reconstruir la confianza en la Institución, de modo que no existan
dudas en la población cuyos derechos humanos el INDH está llamado a promover y proteger,
sobre la plena autonomía que ostenta el organismo respecto del Estado y el actual gobierno.
El mismo esfuerzo que se exige al director, debe ser exigible a su Consejo el que debe tener
presente, más allá de las visiones políticas, filosóficas o religiosas de quienes lo componen, el
desafío que representa hacer efectiva la protección de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y los tratados que la ley manda ta al INDH en circunstancias tan especiales y
complejas como las que hoy enfrenta el país. En tal sentido, saludamos las voces de consejeras y
consejeros que han aclarado públicamente la incondicionalidad de los derechos humanos, el
mandato del INDH y cont ribuido así a defender la confianza en su actuación.
José Aylwin, presidente de Fundación Observatorio Ciudadano
Milagros Nehgme, directora ejecutiva de Corporación OPCIÓN
Claudio González, director de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC
Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram
Sergio Laurenti, director ejecutivo de Good Neighbors Chile
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Por Comunicaciones FASIC
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Desde hace casi dos semanas nuestras oficinas están ayudando de manera concreta a quienes más lo necesitan. Las personas refugiadas y migrantes son uno de los grupos que se han visto más afectados con esta pandemia. Ya hemos visto como mucho de ellos han sido despedidos de sus trabajos, otros están con una situación migratoria irregular, no son atendidos en centros de salud y además son discriminados abiertamente por los medios de comunicación. Hoy más que nunca requieren orientación, acompañamiento y ayuda social. Agradecemos a ACNUR y Cruz Roja con quienes hemos trabajado de manera coordinada en esta emergencia sanitaria.
Por Comunicaciones FASIC
Esta semana hemos recibido con profundo dolor (pero con esperanzas) la noticia de la partida de la Hna Francisca Morales "panchita" y de la Hna Diane de Wouters, ambas profundas luchadoras de los Derechos Humanos y de la dignidad de los más desamparados.
“Panchita” acompañó y ayudó a muchas mujeres víctimas de la represión de la dictadura. Hasta su último aliento realizó trabajo social y acompañamiento espiritual en diversas poblaciones de la perisferia de Santiago.
Con una mirada amplia de la realidad eclesial, teniendo sólo 23 años ingresó a la Congregación del Amor Misericordioso, adoptando el nombre de María Francisca de la Resurrección. No era ésta una elección al azar, puesto que se trataba de una comunidad religiosa fundada en Chile en 1926, dirigida inicialmente a la acogida de “jóvenes madres solteras” y jóvenes prostitutas que querían conservar la vida que gestaban en su seno y que no encontraban misericordia en la sociedad chilena ni en la Iglesia institucional para conservar y enfrentar la vida propia y de sus hijos con dignidad y esperanza.
Desde la Congregación del Amor Misericordioso, nació el “Refugio de la Misericordia”, a lo que siguieron la “Olla del pobre” en épocas de hambruna como lo fue la crisis del salitre. Más tarde, ya con la presencia de Francisca y otras religiosas santas y valientes como fueron Elena Chaín y Blanca Rengifo, nacieron las “Ollas comunes” durante la dictadura militar-empresarial a partir de 1973, uniéndose también a la lucha de resistencia a la represión y por el retorno a la democracia. La comunidad religiosa de la hermana Francisca ha sido una materialización del “catolicismo social” del tiempo del arzobispo Crescente Errázuriz y luego del cardenal Raúl Silva Henríquez, siendo pionera en la inserción de religiosas en sectores populares y en la pastoral de la solidaridad, abriendo surcos a las directrices del Concilio Vaticano II (1962-1965) y de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Medellín, 1968).
Siendo Superiora General de su congregación (1976-1985), Francisca alentó el espíritu de renovación de la Iglesia Católica y de la liberación del pueblo chileno. Así lo enfatizó al afirmar que “la vuelta a las fuentes nos ha permitido rescatar lo sustancial de nuestro carisma original, recuperando su dinamismo positivo, en su docilidad al Espíritu e ir recorriendo nuevos caminos de inserción en la Iglesia local, en medio de nuestro pueblo y a su servicio”. En este espíritu, las religiosas (y Francisca entre ellas), fueron primero a vivir a una población en Pudahuel. El entonces vicario zonal, obispo Fernando Ariztía, les señaló: “no hagan nada más que escuchar y aprender”. Francisca siguió ese consejo, lo que la llevó más tarde a afirmar que “descubrí mi vocación en la escuela de los pobres”. Esto, porque al conocer a los pobladores, constató que las casas de las religiosas, tal como indicaba el Concilio Vaticano II, debían ser abiertas y lugares donde los pobres se sintieran acogidos, donde incluso el hábito religioso debía dejar de ser una barrera que les separara del pueblo.
A Pudahuel continuaron las experiencias de inserción de comunidades en las poblaciones Neptuno, El Montijo, Peñalolén, Malaquías Concha, así como en sectores rurales como Talagante, Navidad, Pomaire, Batuco y en lugares de provincia como Arica y La Serena. Allí, dijo Francisca, “aprendimos a leer la historia como historia de la salvación. A compartir con gente que avanza hacia el Reino y que no tiene explícitamente nuestra fe. (…) En contacto con los pobladores aprendí a descubrir la presencia de Dios en cada detalle de mi vida. Aprendí, como los pobres, a agradecer y a confiar en la Providencia de Dios”.
Diane de Wouters, fue durante 20 años la secretaria general del Collectif d’accueil des Réfugies du Chili, el COLARCH. Nació con ese nombre, pero fue la estructura de acogida solidaria de los refugiados de América Latina. Diane dedicó su vida a la solidaridad.
Diane de Wouters trabajaba en la Agencia General de la Cooperación al Desarrollo, la AGCD, cuando la opinión pública belga fue vivamente conmovida por los golpes de Estado en Uruguay y Chile, en 1973, y en Argentina, en 1976. La reacción fue una impresionante ola de solidaridad con los pueblos oprimidos, y también con los refugiados que comienzan a llegar a Bélgica.
Gran parte de la ayuda solidaria es canalizada por el COLARCH. El colectivo nace a principios de 1975, como resultado de la decisión de 12 organizaciones de coordinar sus esfuerzos. Estas organizaciones confiaron la gestión cotidiana a Diane de Wouters quien asume su secretaria general, ad honorem. El COLARCH va a administrar 1.100 visas a prisioneros, más otras 150 visas llamada “de protección” para hacer presión para liberar a los prisioneros.
En una carta de la comunidad chilena y latinoamericana de amigos y exiliados en Bélgica enviada a Bruselas y leída en el funeral de Diane, la recordaron como mujer de gran tesón y carácter, solidaria, de convicciones firmes, comprometida con las causas por los derechos humanos, por la igualdad y la justicia social. “Es allí en su accionar, donde se plasmaba su profunda fe cristiana, de la cual se sentía honrada y orgullosa”, señalaron en la misiva.
La llegada de Diana a los distintos países de Latinoamérica marcaba la diferencia entre la muerte, la opresión y la vida.
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En Chile, el año 1999, se hizo merecedora de un reconocimiento especial, la Orden al Mérito Bernardo O’Higgins, por toda su labor de consecuencia y perseverancia inquebrantable por la Verdad y la Justicia.
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Fuentes:El Ciudadano/Prensa Opal
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hicieron nuevo un llamado de atención a la comunidad internacional para apoyar a los refugiadas y migrantes venezolanos en medio de los desafíos a los que se enfrentan por la pandemia de coronavirus que azota al mundo.
“La COVID-19 ha paralizado muchos aspectos de la vida, pero las implicaciones humanitarias de esta crisis no han cesado, y nuestra acción coordinada sigue siendo más necesaria que nunca. Instamos a la comunidad internacional a aumentar su apoyo a los programas humanitarios, de protección e integración, de los que dependen la vida y el bienestar de millones de personas, incluidas las comunidades de acogida”, sostuvo Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, en un comunicado publicado el pasado miércoles.
Por su parte, Olga Sarrado, portavoz de ACNUR para la situación de Venezuela, informó que sólo se ha reportado “un número muy limitado de casos confirmados entre los refugiados y migrantes de Venezuela en la región”.
“Las estadísticas de COVID-19 dependen del nivel de testeo y reporte de los casos ofrecidos por las autoridades nacionales”, agrega.
La representante subraya, sin embargo, que “esta es una pandemia global y los refugiados y migrantes venezolanos están tan expuestos al virus como las poblaciones locales”.
Sarrado explica que la emergencia mundial ha agravado la difícil situación de los refugiados y migrantes venezolanos y de sus comunidades de acogida.
“Muchos dependen de ingresos diarios para cubrir sus necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica y con la situación actual han perdido su única fuente de recursos; otros no tienen un techo sobre sus cabezas en el que seguir con las medida de aislamiento impuestas”, sostiene.
Desde ACNUR y la OIM, además de continuar su acompañamiento a los migrantes, autoridades nacionales y tomar las medidas de prevención necesarias, han hecho distribución de medidas de higiene a seguir para evitar el contagio, el establecimiento de nuevos puntos de agua, la distribución de jabón y kits de higiene y limpieza, entre otros.
Sin embargo, señala el comunicado emitido esta semana, el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) lanzado en noviembre de 2019 para responder a las necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, solo ha recibido un 3% de los fondos solicitados. De la meta de 1.300 millones de dólares se han recolectado apenas 39 millones.
Sarrado explica que la emergencia “ha agravado todavía más la urgente necesidad de financiación para responder a las necesidades de los más vulnerables ya que los programas han tenido que adaptarse para responder a la emergencia”.
Por ello, expone, todas las organizaciones están revisando sus programas y dando prioridad a sus actividades para adaptarse al nuevo contexto y el RMRP fue incluido en el Plan Humanitario Global para la COVID-19. “La necesidad de fondos es urgente”, agrega.
Más allá de la parte financiera, la representante explica que es importante que las medidas que los distintos países tomen para enfrentar el coronavirus “no limiten el derecho a pedir protección internacional y trabajar de manera conjunta para que los refugiados y migrantes de Venezuela sean incorporados en los planes nacionales de salud, prevención y respuesta”.
FUENTE:www.voanoticias.com
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La ONU llama a proteger a las mujeres “atrapadas” con sus maltratadores en esta emergencia sanitaria
Las presiones económicas y sociales provocadas por la pandemia, así como las restricciones de movimiento, han aumentado drásticamente el número de mujeres y niñas que se enfrentan a abusos.
Por Comunicaciones FASIC
El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó a los países la adopción de medidas para enfrentar el "estremecedor" aumento de la violencia machista durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, ya que por estas medidas las mujeres pueden verse "atrapadas con parejas abusivas".
Guterres considera los confinamientos "esenciales" en una emergencia como la del Covid-19, pero advirtió que, para muchas mujeres y niñas, el principal riesgo reside precisamente en el lugar "donde deberían estar más seguras: en sus propios hogares", según un comunicado publicado en la web del organismo internacional.
La combinación de las presiones económicas y sociales provocadas por la pandemia, así como las restricciones de movimiento, han aumentado drásticamente el número de mujeres y niñas que se enfrentan a abusos, en casi todos los países, señala el texto.
Sin embargo, incluso antes de la propagación mundial del Covid-19, las estadísticas mostraban que un tercio de las mujeres de todo el mundo experimentaban alguna forma de violencia en su vida.
Ya antes de la pandemia, la ONU estimaba que una tercera parte de las mujeres de todo el mundo experimentaban a lo largo de su vida algún tipo de violencia.
Por este motivo, solicitó la colaboración de todos para prevenir la violencia, "tanto en zonas de guerra como en los hogares de las personas", mientras se combate al coronavirus.
Por último, el secretario general llamó a aumentar la inversión mediante servicios de ayuda a distancia, y a establecer sistemas de alerta en farmacias y tiendas de alimentación, dos de los comercios que pueden seguir abiertos en la mayoría de los países pese a las medidas de confinamiento, favoreciendo que las mujeres den la voz de alarma sin que se percaten sus maltratadores.
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Además, pidió que los centros de recepción de víctimas sean considerados servicios esenciales y que se garantice el correcto funcionamiento de los sistemas judiciales, para que sigan procesando a los abusadores.
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También ha llamado a evitar que los presos condenados por violencia contra la mujer sean liberados.
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