Por Comunicaciones FASIC
Según informa Cooperativa, durante agosto se registró un flujo negativo de turistas de esta nacionalidad, con el ingreso de 1.147 turistas y la salida de 3.105 personas, contrastando con los 24.600 que habían llegado al país en junio.
Si se cuentan todas las categorías migratorias, en mayo entraron al país 39.150 venezolanos, cifra que llegó a 8.861 en agosto, cuando salieron 8.300 personas del país.
El jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Alvaro Bellolio, explicó que “los flujos migratorios de julio y agosto, tanto de ingresos generales como de ingresos como turista, demuestran exactamente el objetivo que buscaba el Gobierno: que los ciudadanos venezolanos que quisieran venir al país, sinceraran sus razones y vienen ya con visa, facilitando justamente su inclusión en el país y que no entraban como turistas con dificultades para obtener su información”.
“Si nosotros miramos los datos, han disminuido un 80 por ciento los ingresos de ciudadanos venezolanos al país. Todos los ciudadanos venezolanos que están entrando entran justamente con su visa al día”, agregó Bellolio.
Pablo Valenzuela, investigador de Espacio Público, dijo que "todas las evidencias, tanto global como nacional, indican que cuando se ponen restricciones que no tienen que ver con las trayectorias migratorias reales, como en el caso de Chile, que han sido estas visas consulares, lo que aumenta es el ingreso clandestino".
"Hay cifras de PDI que lo respaldan: la migración no se detiene con trámites artificiosos puestos de un día para otro", añadió.
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Sin embargo, desde el Gobierno discreparon con esta afirmación y dijeron que en agosto se registraron solo siete ingresos clandestinos en flagrancia de ciudadanos venezolanos.
Uno de cada cuatro migrantes se despide de algún hijo. Cecodap (Centros Comunitarios de Aprendizaje) indicó que, en la actualidad, 846.000 niños se encuentran al cuidado de algún familiar.
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"La personalidad de los niños cambia tras la separación", explicó Abel Saraiba, psicólogo y miembro de la ONG Cecodap, advirtiendo que este año superarán el millón de “huérfanos” por el éxodo venezolano.
Con 3,6 millones de venezolanos que dejaron atrás su país desde 2016, se multiplicaron los infantes que crecen en hogares sustitutos con los abuelos como principales cuidadores.
Este año, los venezolanos en el exterior enviarán unos 3.000 millones de dólares en remesas, estimó la consultora Ecoanalítica.
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La ruptura crea familias transnacionales en Venezuela, cuyos pilares son las comunicaciones digitales y las remesas. La integración de estos niños en la sociedad dependerá de su cuidado y los expertos recomiendan a los padres no crear falsas expectativas de próximos reencuentros para evitar traumas.
Las ganancias de la exposición se destinarán a la ayuda humanitaria para los refugiados venezolanos y para la producción de otras campañas sociales.
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Una exhibición en Bogotá mostró otra faceta de la crisis en Venezuela para invitar a reflexionar sobre la crisis migratoria y económica de ese país. La devaluada moneda venezolana se convirtió en materia prima para que artesanos venezolanos que viven en Cúcuta la convierten en arte.
El colectivo Art Fort Impact, que organizó la exposición, compra los billetes por kilos o paneles donde viene unos 1200 billetes. Un bulto de unos 80 kilos de bolívares cuestan unos 90 dólares. La inflación que el FMI proyecta es de 10.000.000 %, la producción petrolera golpeada y una tasa de desempleo del 35% en el 2018 ha hecho que más de 4000 mil venezolanos emigren de su país.
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Después de casi 10 semanas pernoctando frente a la sede diplomática, ahora están repartidos en albergues y terminales de buses.
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Según informó el diario El Mercurio, tras notificaciones con un plazo de cumplimiento máximo de tres días y que fueron entregadas desde el jueves de la semana pasada por personal del Ministerio Público y de la policía de Tacna, la gente que esperaba la tramitación de una visa de ingreso para nuestro país fue retirándose del lugar.
Agrupaciones de venezolanos en Perú y algunas ONG que los ayudan, detallaron que hasta el domingo pasado había unas 120 personas en 32 carpas instaladas en el sector.
Desde la semana pasada, un centenar de menores de edad y sus padres fueron trasladados a refugios que tienen capacidad para albergarlos sólo por esta semana.
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Más de sesenta voluntarios venezolanos limpiaron, arreglaron y decoraron la plaza de la Mujer de Tacna, en agradecimiento a la hospitalidad de la comunidad y con motivo del 90 aniversario de la reincorporación de esa ciudad al Perú.
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Los brigadistas venezolanos se levantaron muy temprano y empezaron las labores de limpieza con el lavado de piso, bancas y placas conmemorativas. Además, repararon bancas rotas, sembraron flores y realizaron trabajos de jardinería para realzar la belleza del lugar. Esto formó parte de la actividad denominada “Tu Causa es mi Causa”, que promueve la integración, empatía y solidaridad entre culturas hermanas. “Esta jornada es una muestra de que la integración puede ser un motor para el desarrollo tanto para los venezolanos que residen en el Perú, como para la comunidad que los acoge, Tacna”, indicó Rogelio Quintero, coordinador de Programas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el Perú.
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La iniciativa fue articulada y promovida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina Internacional de Migración de las Naciones Unidas. “La hospitalidad que ha mostrado Tacna es extraordinaria, así como la motivación de los refugiados y migrantes venezolanos por mostrar su agradecimiento, y sus deseos de aportar a esta gran ciudad. Es imprescindible apoyar estos esfuerzos en beneficio de las comunidades que los han recibido y han dado tanto”, afirmó Federico Agusti, representante de ACNUR.
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“No son personas invadiendo países, sino familias que buscan sobrevivir”, alertaron a través de un comunicado casi una treintena de organizaciones que se pronuncian enérgicamente ante la crisis fronteriza que se vive en el norte de Chile a raíz del desplazamiento forzado de personas venezolanas.
Son instituciones que trabajan por los Derechos Humanos y también organizaciones de migrantes y refugiados, las que valoran los esfuerzos realizados en los consulados y algunas medidas del Gobierno, pero las califican de insuficientes ante la alarmante situación de la frontera, donde están rechazando personas necesitadas de protección “sin solución y en condiciones alarmantes, especialmente en el caso de mujeres embarazadas, lactantes, niños y adultos mayores”, observan en su declaración.
Lo más grave es precisamente que el negar la solicitud de refugio en la frontera “infringe lo establecido por la Ley N°20.430 sobre Protección de Refugiados”, que establece el derecho a ser reconocidos refugiados a quienes “hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país”, lo que responde al éxodo de ciudadanos venezolanos.
“El Estado de Chile debe al menos respetar el derecho a solicitar asilo y estudiar cada caso según el procedimiento que establece la ley, debiendo pronunciarse la autoridad competente y no un funcionario en frontera”, señalan las organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, sostienen que “la negativa al derecho de solicitar refugio, en la exigencia de documentos que las personas no tienen cómo conseguir, o en la devolución y rechazo en las fronteras, queda de manifiesto que son medidas que vulneran sus derechos”.
Junto a esto, llaman a “dar una respuesta articulada entre los distintos países y no tomar medidas particulares cuya consecuencia sean más rechazos en las fronteras a quienes huyen de la crisis”.
La declaración la firman las siguientes organizaciones: Servicio Jesuita Migrante SJM, Asociación Venezolana en Chile, Instituto Católico Chileno de Migración INCAMI, Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, ONG Migramigos, Servicio Evangélico Migrante, América Solidaria, Fundación Superación de la Pobreza, Espacio Público, Fundación Avina, Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas -FASIC, Compañía Hijas de la Caridad, Migrafest Festival Intercultural, Fundación Vivienda, Good Neighbors, fundación Regazo, Fundación Derriba Fronteras, Corporación Nuestra Casa, Red Voluntarios de Chile.
A continuación puede leer íntegramente el comunicado:
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Con dos importantes eventos, junto a refugiados, solicitantes de asilo y diversas instituciones municipales, universitarias y de la sociedad civil, FASIC Antofagasta conmemoró el Día del Refugiado, que cada 20 de junio se recuerda a nivel mundial.
El primer evento fue una jornada informativa y de sensibilización llevada a cabo el día miércoles 19 y se realizó el Centro de Salud Familiar Sur (CESFAM Sur), junto a su Programa de Migrantes. En la ocasión se pudo informar y atender dudas de las y los usuarios extranjeros que acuden al servicio, respecto del acceso a los servicios públicos y, paralelamente con los mismos trabajadores del centro de salud para intencionar el seguimiento y la acogida en la atención a las personas migrantes de diferentes nacionalidades como venezolana, peruana y colombiana refugiadas y en proceso de solicitud de refugio.
La mañana del jueves 20, Día Mundial del Refugiado, FASIC Antofagasta junto a diversas organizaciones con las cuales se trabaja coordinadamente, organizó un “Desayuno Fraterno”, en el que compartieron experiencias, con cerca de una decena de personas refugiadas y que se encuentran solicitando asilo en el país.
Las organizaciones participantes fueron: Migr-Acción; la Defensoría Penal; el Servicio Jesuita Migrante SJM; CESFAM Norte; el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); Fundación Margen; INCAMI Antofagasta (Pastoral de Movilidad Humana); la Fundación Trascender; la Casa de la Diversidad y; la Universidad Católica del Norte UCN, con el Centro Integral de Atención Psicológica (CIAP), de la UCN y, la Pastoral de la UCN con su Programa IMI.
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Organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática de la migración y el refugio en la región de Tarapacá, constituyeron una red para impulsar la reflexión sobre la situación de migrantes y refugiados, pero también para mejorar su atención y acompañamiento desde el trabajo en conjunto.
La Red se constituyó a mediados de abril de este año en una reunión a la que asistieron representantes de Fundación Madre Josefa, el Centro Abierto Marillac, la Pastoral de Migraciones Delegación INCAMI y, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC.
“Lo más relevante es que frente al escenario actual se ha hecho necesario el trabajo en red, las personas han debido enfrentar diversas dificultades para regularizar su situación migratoria y para tener acceso al refugio. Por esto es necesario tener espacios de reflexión y coordinar las respuestas de apoyo a las personas recién llegadas a la ciudad de Iquique”, ilustró Carolina Amache, representante de FASIC Iquique, quien fue designada como coordinadora de la Red.
MIGRACIÓN Y REFUGIO EN IQUIQUE
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas INE dadas a conocer a finales del año 2018, Tarapacá concentra el 5,9 por ciento de la población inmigrante total que hay en Chile, con 43.646 personas que registradas en el Censo de 2017. Con esto, se ubica como una de las cuatro regiones con mayor cantidad de inmigrantes en el país, ya que junto a la Metropolitana, Antofagasta y la de Valparaíso concentran el 85 por ciento.
Además, el año pasado, esta región fue la segunda con mayor inscripción de migrantes en el proceso extraordinario de regularización impulsado por el actual gobierno, sumando alrededor de 13 mil extranjeros inscritos en 90 días.
Actualmente, en Iquique la migración llega principalmente desde Cuba, Colombia y Venezuela, siendo el mayor problema la situación de personas que no logran formalizar su solicitud de refugio y, por lo tanto, no pueden acceder al procedimiento que les permite ser reconocidos como refugiados. Esto, afecta principalmente a migrantes cubanos, ya que ingresan de manera irregular a Chile y; a familias venezolanas que viajan sin documentación.
En este contexto, la Red recién formada, proyecta trabajar éstas o otras problemáticas que aquejan a migrantes, solicitantes de refugio y refugiados en Iquique, Alto Hospicio y otras localidades de la región, para lo cual se encuentran durante el mes de mayo trabajando en la elaboración de un plan de acción que será implementado durante el año.
Para contactarte con FASIC Iquique puedes escribir al correo-e: refugioiquique@fasic.org
Fuente: Prensa Senado
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La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización realizó una masiva ronda de audiencias, en torno al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre migración y extranjería.
Entre los participantes estuvieron organizaciones de migrantes, representantes de universidades, de la Defensoría de la Niñez, de la Asociación de Municipalidades, de Amnistía Internacional, de la PDI y del Ministerio de Relaciones Exteriores, todos ellos manifestaron sus reparos y coincidencias en torno al proyecto de ley.
Entre los puntos de coincidencia de los diversos exponentes, estuvieron el poder cambiar la categoría de la visa dentro del país, el asegurar el principio de la no devolución y generar instancias para la descentralización de una política migratoria.
Pese a que en la oportunidad se escucharon a casi una veintena de personas, la Comisión no descarta otra sesión de audiencias y el presidente de la instancia parlamentaria, el senador Juan Pablo Letelier agradeció la concurrencia y adelantó que el material que dejaron todos los participantes será de apoyo para la labor legislativa.
“Estoy seguro que -independiente de las posiciones- todos queremos que Chile tenga una política de migración”, señaló el legislador.
REGULARIZACIÓN
El director nacional del Servicio Jesuita de Migrantes, José Tomás Vicuña, manifestó que tienen 5 propuestas que han sido respaldadas por 18 instituciones y si bien valoraron los avances del proyecto, lamentaron que “en el proceso de regularización, 155 mil se regularizaron, pero qué pasó con la otra mitad, no sabemos, se dice que se quieren expulsar (…). La política no ha dado abasto, para la visa de oportunidades laborales se esperaban 3 mil postulaciones, pero postularon solo 2 mil, de ellas se rechazaron mil, ¿este es el sistema que queremos imponer?”
Con respecto a las propuestas, destacaron la que consideran primordial, referida a la posibilidad de cambio de categoría dentro del país, “que hoy se prohíbe. (…) Proponemos que quien quiera venir a buscar trabajo pueda tener un plazo de 90 días para buscarlo y al momento de tenerlo pueda cambiar de categoría, así se da más transparencia y se evita la irregularidad en el trabajo”.
Desde la academia, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a nombre, además del Consorcio de las Universidades del Estado, detalló la labor de la casa de estudios en la revalidación de los títulos universitarios, principalmente de dentistas y médicos cirujanos.
El rector indicó que ha habido una disminución “notable” de los tiempos para la acreditación y defendió que sean las universidades estatales las encargadas de este proceso; al mismo tiempo, resaltó que las 18 universidades estatales a lo largo del país, permiten la descentralización del proceso.
La abogada María Luisa Montenegro intervino a nombre de la Defensoría de la Niñez y llamó a evitar cualquier doble situación de vulnerabilidad de los niños migrantes.
“Los derechos reconocidos están presentes, pero creemos que no existe mención a otros derechos, como el derecho al registro, al nombre, a la identidad, que deben estar presentes en esta ley”, sentenció y dejó constancia de su preocupación por la eliminación del principio de no devolución. “No se puede establecer un retorno automático, este tiene que tener en consideración el interés superior del niño, ¿estará protegido? ¿es necesario que un niño vuelva?”, planteó.
DESCENTRALIZACIÓN
Representando a la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Rodrigo Delgado manifestó que “los municipios hemos subvencionado al Estado en materia de extranjería, hemos debido asumir problemáticas, externalidades positivas y negativas”.
El edil enumeró los 5 temas que se abordan desde el municipio: trabajo, vivienda, salud, educación y relaciones comunitarias y entre los temas concretos que solicitó está el "pedir la presencia de los municipios en el consejo de políticas migratorias, lamentablemente el proyecto no habla de los municipios; (…) y la posibilidad que la ley incentive oficinas comunales de migración”.
Luis Zurita, en representación de la Asociación Venezolana en Chile, que alberga a 300 mil personas, recalcó la importancia del cambio de categoría migratoria y refutó que con la prohibición de este cambio se reduzca la migración irregular.
En otro orden, indicó que “el principio de no devolución, que se incorporó en la Cámara y que luego fue removido en la Sala de la misma, es importante que sea reincorporado y se vea reflejado en la ley, porque la realidad de los países de la región es compleja, cada país tiene sus propios conflictos internos y estas personas son entendidas como migrantes económicos y no refugiadas”.
La Fundación Pro Bono Chile también se hizo presente y Constanza Alvial explicó la importancia de que la ley promueva la transparencia, para que sea preventiva y no reactiva, “simplificar los procedimientos actuales para la solicitud de visa; que se permita el cambio de categoría dentro del país; considerar en su justa medida el principio de la no devolución”.
“Las personas en situación irregular no pueden trabajar, el Estado no sabe quiénes son y se convierten en verdaderos fantasmas y eso abre la puerta a la vulneración de éstas. Rechazar y expulsar no es regular y la regularización debe seguir siendo el espíritu de esta norma”, señaló Alvial.
DEBIDO PROCESO
Incorporar un catálogo de derechos de las personas migrantes, incorporara normas de debido proceso a todo nivel, incluir mecanismos de regularización, una institucionalidad que soporte la legislación, mecanismo de participación de la sociedad civil y muy especialmente de los migrantes, son los puntos abordados por Ana Piquer de Amnistía Internacional en Chile.
A juicio de Piquer, los primeros aspectos están presentes en el proyecto, pero son muy mejorables, pero advirtió que la participación es omitida y llamó a revisar. “Se ha usado mucho la metáfora de “ordenar la casa” para impulsar este proyecto de ley y esto es complicado, porque ordenar la casa significa botar lo que no nos sirve y aquí estamos hablando de personas, de derechos humanos”, criticó.
Colombianos Berracos en Chile, de la mano de Yesid Castaño propuso seguro de repatriación de migrantes por familia; beneficio pecuniario para las empresas chilenas que contraten inmigrantes y la devolución de fondos previsionales, entre otros. Luego, la Comisión Venezolana llamó a incluir los títulos técnicos en la revalidación.
Tomás Greene de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, llamó a revisar quién fija los plazos, que están a cargo de la autoridad administrativa, lo que podría tener problemas de constitucionalidad. “Creemos que es tarea del legislador”, sentenció.
En la oportunidad expusieron:
- Ronald Wilson, de las Mesas Temáticas del Senado
- José Tomás Vicuña, del Servicio Jesuita de Migrantes
- Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile
- María Luisa Montenegro, de la Defensoría de la Niñez
- Rodrigo Delgado, de la Asociación Chilena de Municipalidades
- Luis Zurita, de la Asociación Venezolana en Chile
- Constanza Alvial, de la Fundación Pro Bono Chile
- Ana Piquer, de Amnistía Internacional en Chile
- Jorge Toro, de la Organización Migra Amigos,
- Yesid Castaño, de Colombianos Berracos en Chile
- Carlos Millán, de la Comisión Venezolana
- Carlos Urresty, de la Federación Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados
- Carolina Stefoni, de la Universidad Alberto Hurtado
- Tomás Greene, de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado
- Prefecto Inspector Víctor Nakada, Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional PDI
- Raúl Sanhueza, del Ministerio de Relaciones Exteriores
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