Por Comunicaciones FASIC
El día jueves 12 de diciembre la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) de Providencia, reconoció el trabajo de FASIC en la inserción laboral de personas refugiadas y migrantes. La distinción fue entregada por la jefa de la OMIL de la comuna, Solange Montaldo.
Desde FASIC, agradecemos la confianza y esperamos seguir trabajando en conjunto para que las personas refugiadas y migrantes puedan sentirse acogidas e integradas en nuestro país.
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En la jornada participaron pastores del distrito metropolitano de la Iglesia Metodista de Chile (IMECH) y la abogada de FASIC, Verónica Reyna, quien expuso sobre la Constitución actual y de los distintos “candados” que esta tiene desde 1980 y que complejizan el camino hacia un cambio constitucional profundo.
El encuentro se realizó en la localidad de El Tabo en un ambiente de reflexión y de esperanza frente la situación actual del país.
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Según el informe que elaboró la ACNUR el desplazamiento forzado ocurre por amenazas de muerte, asesinato de familiares, extorsión o reclutamiento de menores.
Por Comunicaciones FASIC
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó este miércoles que, entre 2014 y 2018, unas 247.090 personas han dejado sus viviendas en Honduras por la violencia registrada en sus localidades.
El estudio lleva por nombre "Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras" y revela que, de la cifra mencionada, el 77 por ciento abandonó sus lugares de residencia por violaciones de derechos humanos, mientras que más de 56.000 nacieron o se incorporaron a los hogares afectados tras el desplazamiento.
Por otro lado, el desplazamiento forzado por amenazas de muerte fue admitido por el 55 por ciento de los consultados; otro 40 por ciento reconoció que lo hizo por asesinatos de familiares; un 13 por ciento por extorsión, así como un 3 por ciento por reclutamiento de niños y adolescentes a bandas del crimen organizado.
El documento fue elaborado junto con la Secretaría de Derechos Humanos (DD.HH.) en Honduras analiza las causas de ese desplazamiento forzado y alerta sobre la necesidad de legislaciones para proteger a esas personas.
"Yo creo que es un instrumento valioso para la toma de decisiones importantes y urgentes”, manifestó la secretaria Karla Cueva durante la presentación del texto.
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Por su parte, el representante de ACNUR en Honduras, Andrés Celis, lamentó la poca visibilidad de ese fenómeno, el cual ha sido identificado también por el Gobierno de esa nación, pero es poco analizado en el impacto en la sociedad.
El informe de la organización sugiere a las autoridades impulsar una reforma policial urgente.
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“Miembros de las fuerzas policiales han cometido graves violaciones a los derechos humanos”. Así comenzó su conferencia de prensa el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ante decenas de medios nacionales a internacionales, con el fin de informar a la opinión pública el informe de la organización sobre Derechos Humanos en el contexto del estallido social que vive Chile desde el 18 de octubre.
Vivanco, detalló los hechos acreditados en el país tras visitar hospitales, comisarías, marchas y reunirse con altos representantes de todos los poderes del Estado y organizaciones sociales.
“Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”, manifestó.
Continuó con un exhaustivo detalle de hechos que fueron acreditados por el organismo. “De las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones".
"Los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por Human Rights Watch", continuó Vivanco. "Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa”, expuso con crudeza.
El organismo acreditó también que, a pesar de haber sido prohibidas las escopetas anti disturbios producto del descubrimiento de la Universidad de Chile que certificó que los balines no eran de goma, se utiliza otra munición llamada “bean bag” (bolsa de frijoles), que es un calcetín de tela relleno de perdigones de acero. Producto de la percusión de esta munición, que no penetra la piel, manifestantes resultaron con fracturas en la cabeza al no ser disparado bajo la cintura, como acreditaron un caso en Valparaíso con explícitas fotos en el informe.
Sin duda la crítica más contundente fue la falta de control sobre la labor de Carabineros. “Los abusos durante el período de detención y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes, observó Human Rights Watch”, sostuvo, al entregar además una serie de reformas sugeridas a la autoridad política.
El director de HRW agregó que el gobierno de Sebastián Piñera fue receptivo con el informe y exigió a las autoridades, y clase política en general, a aplicar las reformas a la policía que sugieren en el documento.
Finalmente, la Human Rights Watch entregó una serie de reformas necesarias en Carabineros:
- Revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas y que haya rendición de cuentas por su uso;
- Asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros;
- Reformar el sistema de disciplina de Carabineros para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos;
- Adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados;
- Hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica;
- Instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos, y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo;
- Suspender cualquier uso de perdigones —no solo durante manifestaciones— hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos;
- Estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones;
- Reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionado con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales, entre otras; y
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- Cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra.
Participaron más de 50 representantes de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales durante tres jornadas.
Por Comunicaciones FASIC
Durante el 13, 14 y 15 de noviembre 30 organizaciones de la sociedad civil junto con organismos e instituciones de derechos humanos y defensa de las personas refugiadas de la región sudamericana se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires en el VII Encuentro de la Red de Protección de Fronteras: caminando hacia fronteras solidarias y seguras, una iniciativa apoyada por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y UNICEF.
“Este encuentro es muy importante para asegurar el intercambio de ideas, información y buenas prácticas destinado a fortalecer y mejorar el trabajo en frontera en la situación compleja que la región está viviendo actualmente”, destacó Alexandra Krause, Representante Adjunta del ACNUR.
“El trabajo en red fortalece en diferentes sentidos: permite mejorar el trabajo que llevamos adelante con la población de interés, nos brinda mayores oportunidades para conocer los servicios, generar vínculos de confianza y favorecer el diálogo”, opinó Gabriela Liguori, coordinadora general de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF).
“La importancia de la Red radica en que podamos articular acciones para proteger los derechos de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional: principalmente el tránsito seguro, atención de incidentes de protección en las fronteras, mejorar acciones de acogida y de integración una vez que llegan a países de destino”, agregó Elizabeth San Martín, coordinadora del Programa de Migración y Refugio de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) en Chile.
La Red tiene el objetivo de compartir un diagnóstico de la situación de las fronteras y del trabajo en el terreno, identificar riesgos de protección y coordinar actividades transfronterizas de prevención, respuesta y abogacía para el resguardo de los derechos personas y familias migrantes y refugiadas a lo largo del corredor andino. Asimismo, constituye un espacio el fortalecimiento y consolidación del trabajo en red y la definición de estrategias dirigidas a promover el respeto de los Derechos Humanos de las personas en situación de movilidad, así como la identificación oportuna de las personas que requieren protección internacional o tienen otras necesidades de protección específicas.
César Ruiz, coordinador nacional de Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad en Perú explicó las diferentes líneas de trabajo que tiene la organización a nivel nacional: “En la frontera norte con Ecuador y en la frontera sur con Chile nuestra intervención tiene un punto de vista legal, con una clínica jurídica que brinda asistencia y orientación legal y una línea asistencial humanitaria que busca cubrir necesidades básicas de la población en tránsito”.
Por su parte, José Kevin Riveros, coordinador local de Cruz Roja Boliviana, compartió la respuesta conjunta que se está brindando en la frontera con Perú en el marco del Punto de Atención y Orientación (PAO) recientemente inaugurado con el apoyo del ACNUR: “En Desaguadero ofrecemos servicios de restablecimiento del contacto entre familiares mediante llamadas telefónicas gratuitas, recarga del celular y mensajes escritos, entrega de kits de ayuda humanitaria de primeros auxilios, higiene personal y atención básica en salud”.
En años anteriores, el encuentro de la Red de Protección en Fronteras se realizó en Iquique (2013), Tacna (2014), Arica (2015), Lima (2016), Santiago (2017) y nuevamente Arica (2018). En todas las ocasiones contó con la participación de más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil. Este año en particular, la Red cuenta con el mayor número de organizaciones en el terreno realizando un trabajo de protección fundamental en fronteras en un contexto regional desafiante.
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Ambas instituciones se reunieron para hacer un análisis y proyecciones sobre la situación política y social por la que atraviesa el país con la finalidad de ver un posible trabajo conjunto.
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FASIC, como organización defensora de los Derechos Humanos, expresó que las manifestaciones de estos días forman parte de la inconformidad de una sociedad cada días más desigual y que no es garante de ningún derecho básico.
Por su parte, Cruz Roja a entregado alarmantes cifras de heridos tras las manifestaciones. “Las cifras que dio el Instituto Nacional de Derechos Humanos de heridos es de 1570, se quedan cortos, porque son alrededor de 2500”, ha señalado este domingo el presidente de Cruz Roja en Chile, Patricio Acosta.
De esta forma el funcionario de la Cruz Roja ha cuestionado el balance del Gobierno sobre el número de heridos que ha dejado las protestas que se suceden en el país austral desde el 17 de octubre pasado.
La Cruz Roja no ha contabilizado las personas que tienen cortes o heridas pequeñas, sino solo ha incluido a las personas que han sufrido lesiones serias y graves, ha precisado Acosta.
De igual modo, ha aclarado que la Cruz Roja tampoco ha considerado los efectos de los gases lacrimógenos, por los que muchos recurren a asistencia con problemas en la vista o en la piel, porque, los terminan derivando o pidiéndoles salir de la zona. Cruz Roja cree que la cifra es mayor.
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A los movimientos sociales de Chile, convocamos a que asuman como un punto esencial del petitorio nacional, la migración como un derecho", expresó la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.
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“Condenamos los asesinatos por parte de agentes del Estado durante las protestas y exigimos justicia. En el caso de las personas migrantes, exhortamos a los consulados de los países de origen a que se pronuncien y actúen ante asesinatos, desapariciones, violaciones, torturas, y demás vulneraciones de Derechos humanos a sus ciudadanos y ciudadanas“, agregaron en su declaración Pública.
Igualmente, el grupo hizo un llamado a los movimientos sociales de Chile “a que asuman como un punto esencial del petitorio nacional, la migración como un derecho, y la lucha contra la política antimigrante y racista de este gobierno”.
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Asimismo, solicitan al Departamento de Extranjería y Migración que aplace el fin del proceso de regularización fijado para este 22 de octubre. “En la situación actual, consideramos que no hay condiciones ni garantías para cerrar un proceso del cual dependen miles de personas migrantes”, plantearon.
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“La represión y violación de Derechos Humanos ejercida durante los últimos días no soluciona el problema estructural. Para avanzar a una solución acordada del conflicto actual, se deben atender las demandas de los pueblos que habitan este territorio, enfrentando la desigualdad y la exclusión, y considerando la Asamblea Constituyente como una alternativa”, añadieron.
Tres menores de edad que estaban varados en el paso Colchane, en la frontera con Bolivia, lograron reencontrarse con su madre que reside hace 2 años en Chile.
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Alrededor de dos semanas estuvieron los tres niños venezolanos intentando ingresar a territorio chileno para reencontrarse con su madre, Karina Martínez, quien reside desde el 2017 en Chile y cuenta con visa profesional. Tras la negativa de autoridades de frontera, los niños en compañía de su tío tuvieron que dirigirse a la Paz para tramitar la visa de responsabilidad democrática.
Los niños de 9, 11 y 15 años venían con cédula de identidad, pero sin pasaporte lo que impedía que ellos pudiesen tramitar la visa de responsabilidad democrática. La familia aseguró haber pedido refugio en la frontera y se les negó, además les señalaron que sólo podrían entrar con una visa de turismo que debía ser tramitada en el Consulado de la Paz, a cuatro horas de la frontera. Estas visas podían demorar hasta 90 días que era un tiempo demasiado extenso, considerando que los niños se estaban enfermando por la altura y no tenían recursos económicos.
FASIC brindó todo el apoyo necesario a Karina en su estadía en la ciudad Iquique y logró gestionar rápidamente lugares de estadía para los niños y su tío. “Coordinamos una primera estadía en una casa de acogida en Pisiga y luego en conjunto con la Pastoral de Movilidad Humana resolvimos la estancia de la familia en La Paz, para que los niños esperaran la visa democrática”, declararon desde FASIC, quienes también coordinaron el traslado de la familia hasta Iquique y posteriormente a Santiago.
La encargada regional del INDH, Lorena De Ferrari, valoró la gestión de FASIC y declaró que, “Este caso visibilizó la necesidad de contar con procedimientos y protocolos claros respecto del trato que deben recibir en las fronteras –desde el punto de vista de los derechos humanos-, los niños, niñas y adolescentes que se desplazan.
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Finalmente, Karina Martínez manifestó su enorme agradecimiento a FASIC por el apoyo y la contención prestada. "Es increíble cómo las fronteras que hemos construido atentan contra la unidad de una familia", reflexionó Carolina Amache, trabajadora social y coordinadora de FASIC Iquique.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, advirtió hoy que los recientes avances en la lucha para acabar con la apatridia, una de las principales causas de privación de derechos humanos para millones de personas en todo el mundo, se veían amenazados por el aumento de expresiones nocivas de nacionalismo.
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En su discurso de apertura de la reunión anual del Comité Ejecutivo del ACNUR, en Ginebra, Grandi destacó que el creciente número de países que están tomando medidas contra la apatridia muestra que la comunidad internacional se está acercando a un punto de inflexión en sus esfuerzos por acabar con la apatridia para siempre.
“Hace tan solo cinco años, la concienciación pública sobre la apatridia y los daños que produce aún era insignificante. Eso está cambiando, y la posibilidad de acabar con la apatridia nunca ha estado tan cerca como ahora”, dijo Grandi.
“Y, sin embargo, el éxito está lejos de estar garantizado: las expresiones nocivas de nacionalismo y la manipulación del sentimiento anti refugiados y migrantes son tendencias poderosas a nivel internacional que corren el riesgo de revertir los avances. Se necesitan urgentemente soluciones para millones de personas apátridas o en riesgo de apatridia en todo el mundo, incluidos los rohingya de Myanmar y las minorías en riesgo de apatridia en Assam, India. Sin ellas, corremos el riesgo de profundizar la exclusión que ya afecta la vida de millones de personas. Esta es la razón por la cual urge redoblar los esfuerzos”.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lanzó la campaña mundial #IBelong (#YoPertenezco) en 2014 con el objetivo de acabar con la apatridia para 2024. Desde entonces, 15 países se han adherido a las dos principales convenciones sobre apatridia, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Con las nuevas adhesiones y los otros compromisos que se esperan en esta semana, las adhesiones totales a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, podrían superar el notable umbral de 100 países.
En los primeros cinco años de la Campaña, más de 220.000 personas apátridas han adquirido una nacionalidad, incluso como resultado de esfuerzos nacionales coordinados que han sido impulsados por la Campaña, en lugares tan diversos como Kirguistán, Kenia, Tayikistán y Tailandia. En julio de este año, Kirguistán se convirtió en el primer país del mundo en anunciar la resolución completa de todos los casos conocidos de apatridia.
Además, desde que se lanzó la Campaña, dos países, Madagascar y Sierra Leona, reformaron sus leyes de nacionalidad para permitir a las madres conferir la ciudadanía a sus hijos en igualdad de condiciones que los padres. Sin embargo, veinticinco países continúan haciendo que sea difícil o imposible para las madres conferir la ciudadanía a sus hijos, una de las principales causas de apatridia a nivel mundial. Como no todas las leyes de nacionalidad contienen salvaguardas para asegurar que ningún niño nazca apátrida, la apatridia también puede transmitirse de generación en generación.
Poner fin a todas las formas de discriminación en las leyes de nacionalidad ayudaría a la comunidad internacional a cumplir con el compromiso asumido por todos los Estados al adoptar la Agenda de Desarrollo Sostenible de “no dejar a nadie atrás”.
Esta semana, figuras destacadas en el mundo de los medios, los derechos humanos, el asilo y la apatridia se unirán a los representantes de los Estados Miembros en una sesión especial de la reunión del Comité Ejecutivo del ACNUR conocida como el Segmento de Alto Nivel sobre la Apatridia, para evaluar los avances en el punto medio de la Campaña, y comprometerse a tomar más medidas para acabar con la apatridia para 2024.
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Entre los asistentes, se encuentran la Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed, la Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR, Cate Blanchett, la periodista y presentadora de televisión británica Anita Rani, la ex refugiada apátrida Maha Mamo, el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales, Lamberto Zannier, y otras personalidades.
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