El Programa de Asistencia y Protección a solicitantes de Asilo y Refugio de FASIC, brinda atención legal, asistencia social y psicológica a extranjeros desde el 2011, cuyo objetivo es generar procesos integrales de atención con el fin de alcanzar estándares básicos de calidad y su plena integración a nuestra sociedad. Dentro de las múltiples actividades realizadas en este año, terminamos con la celebración de la navidad, donde asistieron centenares niños y niñas quienes pasaron una entretenida tarde con juegos, magos y la visita del Viejito Pascuero, quien repartió regalos a todos los niños, todo en un ambiente solidario donde se reafirmó, una vez más, el compromiso de FASIC con los Derechos Humanos.

Compartimos con ustedes un vídeo institucional que realizamos en el año 2010 donde homenajeamos al Padre Alfonso Baeza, quien fue parte de FASIC desde sus inicios. Hoy a cuatro años de su partida lo recordamos como un hombre comprometido hasta sus últimos días con la práctica cotidiana de los Derechos Humanos inspirada en la perspectiva cristiana de liberación y dignidad de las personas.

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El día internacional de los Derechos Humanos se conmemora a propósito de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta es una fecha para que no olvidemos los valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad, el mismo valor y acceso a libertades políticas, económicas y culturales. La Declaración nos fortalece a todas y todos y los principios que recoge son tan relevantes en la actualidad, como lo fueron hace casi setenta años. Desde la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC, hace 43 años estamos comprometidos con la práctica cotidiana de los Derechos Humanos, inspirada en la perspectiva cristiana de liberación y dignidad de las personas. Nuestro actual trabajo de resguardo de la memoria histórica del Chile reciente, nos permite seguir en esta senda, al promover el acceso a la memoria y garantizar así la verdad y la justicia. Compartimos con ustedes dos nuevas series documentales, donde podrán investigadores, investigadoras y público en general conocer inéditos documentos que permitirán contribuir para que nunca más los hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar vuelvan a suceder. Serie Ecumenismo contiene correspondencia, declaraciones públicas, informes, actas, certificados y proyectos de distintas organizaciones cristianas internacionales como Pan para el Mundo, el Consejo Mundial de Iglesias,  Misereor, Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CAREF,  Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos MEDH, entre otras, lo que posibilitó que la Institución pudieran ayudar a miles de personas, por otro lado, con esta Serie conocemos la gran solidaridad que se gestó entre FASIC y organizaciones ecuménicas tanto en Latinoamérica como en Europa. Esta Serie la pueden encontrar en http://www.fasic.cl/fasic-doc/index.php/ecumenismo;isad Recortes de Prensa es una serie documental que contiene recortes de prensa de los diferentes periódicos de la ciudad de Santiago, relacionados con las violaciones a los Derechos Humanos. Tenemos prensa desde 1978 hasta 1990, se pueden encontrar recopilaciones de casos como: Arsenales, operación Albania, degollados, Letelier, Prats, quemados, DINA, entre otros, como también situaciones represivas catalogadas por año. Para consultar esta serie documental tienen que visitar el Archivo, Manuel Rodríguez 33, metro Los Héroes.

El clásico texto del apóstol Pablo en Romanos 13:1-7, enseña que según el plan de Dios para la humanidad, las autoridades civiles o políticas tienen el propósito de promover el bien y la justicia, no solamente para la comunidad cristiana, sino para todas las personas que integran una nación o comunidad política. Dicho brevemente, las autoridades políticas tienen la misión de promover el bien común y la justicia para todos y todas.   De lo anterior se desprende que para una participación cristiana responsable en un proceso de elección de autoridades políticas, la decisión por quién votar ha de tomarse teniendo en cuenta principalmente el bien común y la justicia para todos y todas. Por cierto, este es un proceso de discernimiento que cada persona debe realizar en conciencia.   Pero dado que en el contexto de una campaña electoral son muchas las voces que se escuchan, y que con frecuencia esas voces apelan más bien a intereses particulares, a temores y a cuestiones emocionales, parece saludable la disposición a compartir respetuosamente los procesos de discernimiento que unos y otros estamos realizando, en la situación concreta del Chile actual. Lo que viene es un esfuerzo por compartir mi propio proceso de discernimiento.   El actual gobierno ganó la elección presidencial anterior con un programa de reformas que buscaba satisfacer las aspiraciones de una mayoría de la población, que se ha sentido largamente excluida de los frutos del desarrollo, y postergada en la satisfacción de sus necesidades y derechos básicos. Afirmo sin temor que se trata de una mayoría, no solamente porque la entonces candidata Michelle Bachelet ganó las elecciones, sino porque el alto porcentaje de abstención en aquella elección, que se volvió a repetir en la reciente, muestra que hay amplios sectores que están tan descontentos, que han perdido totalmente la confianza en la institucionalidad política. La abstención se ha transformado en una forma de manifestar la indignación frente a una institucionalidad política excluyente.   Aunque en su primer año el actual gobierno logró avanzar en la reforma tributaria y en la primera etapa de la reforma educacional (la Ley de Inclusión), el camino se le hizo difícil desde un comienzo, y la revelación de malas prácticas en el financiamiento de la política, y otros casos de corrupción, afectaron abruptamente la evaluación ciudadana, tanto del gobierno como de la oposición.   Lo anterior permitió a la oposición instalar en la opinión pública, ya desde inicios de 2015, la consigna de que la gente no apoya o no quiere las reformas que promueve el gobierno. Desde entonces me llamó poderosamente la atención el éxito de la oposición en esa estrategia, puesto que a mí me parecía evidente que -aunque ciertamente los partidos de oposición se oponen a esas reformas, porque las consideran contrarias a sus intereses y visión de la sociedad, el motivo del descontento demuchas de las personas que votaron por el actual gobierno  era  más bien el poco avance en el cumplimiento de las reformas prometidas, o su insatisfacción porque esperaban que las reformas fueran más profundas. Esta apropiación del descontento ciudadano por parte de la derecha me ha parecido un abuso que, lamentablemente,quienes pensamos distinto permitimos que siga ocurriendo sin ningún contrapeso.   En una de sus primeras entrevistas tras la primera vuelta presidencial, escuché al candidato ganador repetir nuevamente la consigna de que la gente no quiere las reformas que elactual gobierno se ha obstinado en promover. Pero ahora estaban a la vista los resultados electorales para desmentir tales dichos: Si se suman los porcentajes alcanzados por las candidaturas que, con matices, se plantearon en continuidad con el actual gobierno (34,29%), a los porcentajes de aquellas candidaturas que, también con matices, plantearon reformas más radicales (21,14%), resulta que un 55,43% de quienes participaron en las elecciones manifestó sus aspiraciones de cambios en la dirección de mayor inclusión, mayor igualdad y mayor justicia; mientras que el 44,57% de quienes participaron en las elecciones se manifestó a favor de las candidaturas que, con matices, se oponen a las reformas propuestas por el actual gobierno.   Por cierto que estos porcentajes no pueden interpretarse como una predicción de los resultados de la segunda vuelta, porque esos resultados dependerán de cuántas personas decidan responsablemente ejercer su derecho ciudadano, acudiendo a votar, y de cuál será su decisión de voto en el secreto de la urna.   Pero sí muestran que es perfectamente posible seguir avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva, si todas las personas que tienen tales aspiraciones deciden ejercer su derecho a voto, y deciden votar en coherencia con sus aspiraciones. Con mayor razón es posible, si quienes hasta ahora han manifestado su descontento e indignación mediante la abstención, deciden hacerlo esta vez mediante el voto, quedando así mejor habilitados para, posteriormente, participar del control ciudadano del cumplimiento de las promesas electorales del candidato ganador.   Volviendo a mi discernimiento personal, como muchas personas siento que ninguna candidatura satisface plenamente mis expectativas. Pero para mí, ni la abstención ni el voto nulo es una opción éticamente responsable. Por lo tanto, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la enseñanza paulina la misión prioritaria de las autoridades políticas es promover el bien común y la justicia para todos y todas, me inclino por aquella candidatura que toma más en serio las aspiraciones de cambio de las mayorías que hasta ahora se sienten excluidas. Estoy seguro que quienes tengan la paciencia de leer esta reflexión, entenderán de quién estoy hablando.   Finalmente, aunque he dicho que la responsabilidad cristiana implica decidir teniendo en cuenta el bien general, más que los intereses propios, o los intereses de nuestras iglesias, tampoco olvido cuáles han sido los sectores políticos que, desde la Ley Interpretativa de la Constitución de 1833, pasando por las leyes laicas, hasta la separación entre Estado e Iglesia en la Constitución de 1925, han contribuido a que en Chile las iglesias evangélicas gocen de la libertad para predicar el Evangelio. Desde luego, no han sido los sectores conservadores que hoy procuran atraer el voto evangélico con promesas vinculadasa la llamada “agenda valórica.”   Dicha agenda representa cambios culturales de alcance mundial que todas las sociedades actuales están enfrentando, cualquiera sea la orientación política de sus gobiernos. Por algo la Ley de “Acuerdo de Unión Civil” se aprobó durante el gobierno del Presidente Piñera. Lo que las iglesias necesitan preservar es su libertad de predicación y enseñanza como los medios idóneos para difundir sus visiones de la vida en familia y en sociedad. Desde la época del Reverendo David Trumbull, los principales aliados en el establecimiento y preservación de tales libertades han sido los sectores políticos progresistas.   Juan Sepúlveda González Director de Planificación Institucional, SEPADE    

  El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova es una organización social con una trayectoria de 20 años en la defensa de las personas migrantes y refugiadas desde la frontera sur de México. Desde el año 2000, asumió acciones de monitoreo del centro de detención migratoria que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene instalado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, denominado oficialmente por “Estación Migratoria Siglo XXI”, en el que el CDH Fray Matías lleva atendiendo unas 500 personas anualmente, tanto para la documentación de las violaciones a derechos humanos que sufren como para ejercer su defensa con un enfoque integral psicojurídico, especialmente en lo referido a personas solicitantes de asilo, niñas, niños y adolescentes no acompañados, población LGBTTTI, personas con posibilidades de acceso a la regularización migratoria, o víctimas de delitos graves; personas mayoritariamente originarias de Centroamérica en situación extremadamente vulnerable. Como cada año, para mantener su labor de monitoreo y defensa, el pasado 24 de septiembre, el CDH Fray Matías procedió a renovar ante el INM la autorización de acceso al centro de detención migratoria de Tapachula. Como respuesta a la solicitud de renovación, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM ha ido interponiendo una serie de requerimientos que se han convertido en un muro burocrático, que impide al personal del CDH Fray Matías acceder al centro desde el pasado 5 de octubre, perdiendo el contacto con las personas detenidas que estaban defendiendo. Esta no es la primera vez que el INM dificulta la acción de defensa del CDH Fray Matías en el centro de detención de Tapachula, los obstáculos para el acceso tienen sus antecedentes desde los años 2008, 2009 y 2014. Frenar está labor de defensa en contexto de detención, como en las anteriores ocasiones, tiene graves consecuencias, en primer lugar, se está impidiendo a las personas migrantes y solicitantes de asilo que están privadas de libertad en el centro de detención migratoria de Tapachula su derecho a ser informadas de su situación, disponer de asesoramiento y defensa legal efectiva, contar con atención psicosocial y mantener contacto con el exterior del centro. Se incrementa también la opacidad y falta de transparencia respecto a las actividades que realiza el INM en el centro y se obstaculiza la acción de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Con esta acción entendemos que se está intentando desactivar el efecto preventivo frente a las violaciones de derechos humanos que se cometen al interior de los centros de detención para personas migrantes, al tiempo que se fomenta el régimen de impunidad. Ante la situación generada por el INM, y tras varios intentos de diálogo para reconducir los hechos y hacer frente a los obstáculos burocráticos, el CDH Fray Matías ha procedido a cursar una nueva solicitud de ingreso a la llamada Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula. En este sentido y dadas las circunstancias, el CDH Fray Matías, las organizaciones y personas firmantes exigimos:  Que la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM proceda a instruir esta solicitud con la mayor urgencia, y normalice la situación del CDH Fray Matías respecto al centro de detención migratoria de Tapachula, para que puedan continuar con su labor de monitoreo del centro y defensa de los derechos humanos de las personas en privación de libertad.  Que tanto el INM como la Secretaría de Gobernación de quien depende, apliquen las medidas necesarias para fomentar y garantizar el acceso a los centros de detención migratoria de las organizaciones sociales de defensa de las personas migrantes y refugiadas, para que estas personas puedan acceder a una defensa efectiva.  Que tanto la SEGOB como el Poder Legislativo inicien un proceso de reformas legislativas y normativas que garanticen un funcionamiento transparente de los centros detención migratoria –mientras éstos lamentablemente sigan existiendo–, y reconozcan el derecho efectivo de las OSC a ingresar en ellos, así como el derecho de las personas detenidas a mantener permanente contacto con el exterior. Dirigido a:   Instituto Nacional de Migración – INM Comisionado Director General de Control y Verificación Migratoria Delegación Federal del Estado de Chiapas Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración – CCINM Presidenta Secretaría de Gobernación – SEGOB Secretario de Gobernación Subsecretaría de Derechos Humanos Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos Unidad de Política Migratoria Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados – COMAR Dirección de Atención y Vinculación Institucional Senado de la República Comisión de Derechos Humanos Comisión de Asuntos Migratorios Suprema Corte de la Justicia de la Nación – SCJN Ministro Presidente Comisión Nacional de Derechos Humanos – CNDH Presidente Quinta Visitaduría General Tercera Visitaduría General Oficina de Tapachula Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura – MNP Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR Representante del ACNUR en México Naciones Unidas Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México Comité Contra la Tortura – CAT Subcomité para la Prevención de la Tortura – SPT Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias – CMW Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria Relator Especial sobre la Tortura Relator Especial sobre los Derechos de las Personas Migrantes Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH Relator sobre los Derechos de las Personas Migrantes Consulado General de El Salvador en Tapachula Consulado General de Guatemala en Tapachula Consulado General de Honduras en Tapachula Consulado General de Nicaragua en Tapachula Consulado General de Ecuador en Tapachula

Declaración: Ante rechazo a la instalación de placa informativa que señala la calidad de Monumento Nacional donde se violaron los DD.HH. en Colonia Dignidad Ante el rechazo a la instalación de una placa informativa que señala la calidad de Monumento Nacional donde se violaron los Derechos Humanos en Colonia Dignidad, declaramos que:  

1. La Inmobiliaria Bamberg Limitada, es una de las sociedades por medio de las cuales subsiste la Colonia Dignidad, constituida por diversos colonos y dirigida por Hans Schriber y Mark Blank, hijos de jerarcas que estuvieron junto a Paul Schäefer. Ésta rechazó la instalación de una placa informativa, dictamen del Consejo de Monumentos Nacional, en el pórtico de acceso al conjunto de inmuebles y sitios de la hoy llamada Villa Baviera, solicitud elevada el 19 de julio 2017 por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad

 

2. Como Asociación y miembros de la Red de Sitios de Memoria de Chile, de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria y de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, estamos demandando el derecho mínimo de la sociedad a conocer lo ocurrido en Colonia Dignidad, lugar donde se asesinó, se torturó y se hizo desaparecer a opositores a la dictadura cívico-militar. Una placa informativa tiene la finalidad de advertir la protección legal a la que está sometido este espacio, en su condición de lugar de memoria y prevenir el desconocimiento de los crímenes allí perpetrados.

 

3. La experiencia internacional y nacional como el caso de Villa Grimaldi, nos enseña que ante las dificultades de acceso a los ex recintos de detención que se encuentran en manos de privados, ha sido la expropiación por parte del Estado, lo que ha permitido que esos espacios se constituyan en bienes públicos que preserven la Memoria. En el caso de Colonia Dignidad, según lo revelan sentencias de nuestros tribunales confirmadas por la Corte Suprema, por medio de una asociación ilícita de la DINA con los jerarcas alemanes de Colonia Dignidad, se cometieron crímenes contra la humanidad que aún no se han esclarecido, y si la expropiación es el camino que tendremos que recorrer, no tenemos duda alguna que la sociedad civil organizada luchará incansablemente por ello hasta conseguir toda la verdad y toda la justicia.

 

4. En su carta de respuesta, los nuevos jerarcas señalan que toda intervención que se pretenda realizar sea dentro de un contexto elaborado por instancias comprometidas y que no los estigmatice. Sin embargo, es el peso de la historia lo que estigmatiza a quienes se niegan a comprender que las víctimas de violaciones a los derechos humanos y la sociedad chilena en su conjunto, son quienes reclaman y necesitan toda la verdad y toda la justicia. Son los estándares éticos democráticos los que pesan sobre quienes encubren a los victimarios o mantienen el silencio, impidiendo conocer el destino de las personas detenidas en Colonia Dignidad, como recientemente ha ocurrido con la muerte del jerarca Kurt Schnellenkamp en el mismo hospital de Colonia Dignidad, llevándose con él información sobre los crímenes de lesa humanidad.

 

5. En dicha misiva, los empresarios de la ex Colonia Dignidad solicitan que sea la “Comisión Bilateral” la que establezca “criterios consensuados” para realizar cualquier intervención y así “sanar las heridas del pasado”. En definitiva, los jerarcas pretenden que las acciones de las organizaciones chilenas en la búsqueda de verdad, justicia y memoria sean autorizadas por el estado alemán, y de esta manera anular el derecho que nos asiste de buscar la verdad y exigir la justicia para nuestras compañeras y compañeros detenidos, torturados y hechos desaparecer en Colonia Dignidad.

LA SOCIEDAD Y LAS VÍCTIMAS DEMANDAN TODA LA VERDAD Y TODA LA JUSTICIA   COLONIA DIGNIDAD NO DEBE TENER UN TRATO DIFERENTE A LOS OTROS SITIOS DE MEMORIA EN CHILE RECLAMAMOS AL ESTADO CHILENO QUE ASUMA SU OBLIGACION DE PROTEGER EL DERECHO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A CONSTRUIR SU MEMORIA Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad Santiago de Chile, 29 noviembre de 2017  

  La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) presentó el sábado 21 de octubre un diagnóstico de la situación que enfrentan los lugares de memoria en la región durante la primera opinión consultiva de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizó en Montevideo. l informe de la RESLAC fue presentado ante los 130 asistentes que participaron de la consulta pública, y sirvió de base para el subgrupo de Políticas de Memoria a la hora de describir los avances, peligros y desafíos que enfrenta la región en esta materia. También fue tenido en cuenta en la propuesta de cinco ejes prioritarios para la agenda de la Unidaden esta materia: 1) Desarrollar y fortalecer el deber de memoria de los Estados, y la implementación de políticas públicas de memoria ajustadas a los principios del derecho internacional de derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad en su conjunto, especialmente las víctimas, familiares y sobrevivientes. 2) Instar a los Estados a garantizar el financiamiento y la provisión de los medios necesarios para llevar adelante las políticas de memoria y realizar un monitoreo del cumplimiento de estas obligaciones, promoviendo la cooperación horizontal entre países y organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas de memoria. 3) Definir directrices y protocolos para la preservación, uso y sostenibilidad de los sitios de memoria; impulsar legislaciones nacionales sobre sitios; adecuar y adoptar los Principios Fundamentales sobre Sitios de Memoria del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur para los países miembros de la OEA. Incorporar dentro de los protocolos de uso la prohibición de usos represivos de los sitios que fueron ex centros de detención, tortura y exterminio. 4) Promover modalidades de gestión de los sitios de memoria que garanticen la autonomía y la participación de las víctimas y sobrevivientes y otros sectores de la sociedad civil movilizados en torno de la defensa de los derechos humanos, y generar directrices que delimiten el deber de memoria de los Estados, de tal modo que sus acciones en esta materia no puedan ser contradictorias con la construcción de una verdad colectiva y con el sentido de reparación que necesitan las víctimas, sus organizaciones y la sociedad en general. 5) Diseñar un estrategia integral de abordaje del tema de la educación en derechos humanos que permita generar el conocimiento sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado y el presente, y el papel fundamental de los modelos represivos en la reestructuración económica, social y política de las sociedades, en conjunto con las nuevas generaciones. La Unidad – a cargo del comisionado Paulo Vannuchi – sistematizará la información recolectada durante la consulta del sábado 21 de octubre, y deberá diseñar la agenda de la oficina teniendo en cuenta las prioridades planteadas por los distintos actores de la sociedad civil convocados. Asistieron a la reunión en Montevideo en representación de la RESLAC: Oswaldo dos Santos Jr y Maurice Politi (Núcleo da Preservação da Memoria Política, Brasil); Elbio Ferrario (Centro Cultural Museo de la Memoria -MUME-, Uruguay); Germán Vargas (Paz y Esperanza, Perú); Margarita Romero y Miguel Ángel Rebolledo (Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Chile); Alberto Rodríguez (Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Chile); María José Sienra (Fundación Zelmar Michelini, Uruguay); Verónica Torras (Memoria Abierta, Argentina); y Antonia Yañez (Asociación Amigos del MUME, Uruguay).   El documento está disponible para su descarga clickeando aquí: Documento RESLAC ante Unidad MVJ CIDH Publicación extraída de http://sitiosdememoria.org/es/presentacion-de-la-reslac-en-consulta-de-la-cidh/  

Fue párroco de la emblemática iglesia La Matriz, en Valparaíso, durante casi 15 años y su figura es adorada dentro de la comunidad porteña. Durante la Dictadura Cívico Militar se destacó prestando ayuda a todo aquel que la necesitaba. En  septiembre de 1973 se abre el Comité de Cooperación de Valparaíso, allí el religioso estaba encargado de los presos y perseguidos del mundo del trabajo y uno de sus objetivos era entregarles herramientas para desarrollarse en distintos oficios una vez concretada su liberación.   Una vez que Pinochet Cierra el Comité el padre Pepo puso sus manos a disposición de la Fundación de Acción Social de las Iglesias Cristianas FASIC, uno de los pocos espacios habilitados para los derechos humanos en la zona, esta oficina abre sus puertas en la V Región en 1977, donde continuo ayudando a los perseguidos por la Dictadura, además apoyó a los profesionales quienes en muchas ocasiones sufrieron el apremio de las fuerzas policiales.   En 1991 cuando llega la democracia fue nombrado párroco de La Matriz, la histórica iglesia de Valparaíso. El padre Pepo levanto un comedor para los más pobres donde podían almorzar, ducharse y lavar su ropa. Es un espacio de apoyo, cobijo y reunión, diariamente llegan más de cien personas en situación de calle, a quienes se les ofrece un plato de comida, ropa y un lugar de esparcimiento. Los días domingos se pone a disposición un servicio médico y de enfermería, además de corte de pelo. Pepo es uno de los grandes artífices de la actual cara del Comedor, y el barrio se lo agradece.   http://radio.uchile.cl/2017/10/04/cura-pepo-la-historia-de-un-sacerdote-en-lucha/   F